Radiografía de la violencia sexual en Colombia

La CPI advirtió que seguirá con lupa las investigaciones que se realicen por crímenes sexuales en el marco del conflicto.

Colombia aún está en deuda para judicializar la violencia sexual en el conflicto. / Carlos H. Lozano - El Espectador

Aunque el examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Colombia reconoció algunos avances en la investigación y judicialización de crímenes por violencia sexual con ocasión del conflicto, los niveles de impunidad en el 98% de los casos revelan una radiografía alarmante que tiene a la justicia colombiana en deuda, a las víctimas de estos atroces delitos reclamando justicia y a los organismos internacionales presionando para que de una buena vez se le ponga coto a esta barbarie poco contada. La propia CPI aseguró que “a pesar de las dimensiones del fenómeno, el número de procedimientos relativos a violaciones y otras formas de violencia sexual cometidos en el conflicto armado sigue siendo limitado”.

Para la CPI ha sido mínima la investigación adelantada por autoridades colombianas en centenares de casos de violencia sexual en el marco del conflicto. La Corte evidenció que tan solo se ha emitido una condena contra un miembro de las Fuerzas Militares. Se trata del escabroso caso del subteniente Raúl Muñoz Linares, quien en octubre de 2010 asesinó a tres niños de una misma familia en Tame (Arauca), luego de abusar de dos de ellos. En agosto pasado la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena a 60 años de prisión.

Una de las grandes preocupaciones de la CPI hace referencia a los 183 casos de violencia sexual que se presentaron en el marco del conflicto y que no habían sido investigados. En 2008 la Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía iniciar las pesquisas por estos casos. Sin embargo, apenas se han emitido cinco condenas y una absolución. Todavía 95 expedientes continúan en investigación preliminar y 26 más no tenían avances.

Linda Cabrera, subdirectora de la fundación Sisma Mujer, aseguró que de las cinco sentencias que la Fiscalía dice que se emitieron, tan sólo tres correspondían a los 183 casos. Un escenario de casi total impunidad. “La Fiscalía no tiene información clara de cuántos expedientes existen, porque no hay un sistema de registro coordinado”. Para Sisma Mujer, sería de gran importancia que la CPI abriera un caso por violencia sexual.

A pesar de que Marina Gallego, directora de la fundación Ruta Pacífica de las Mujeres, celebró la preocupación de la CPI por la impunidad que ronda los casos de violencia sexual, también indicó que en Colombia no existen casos concretos para que el tribunal internacional actúe. Si en Colombia no están determinados los victimarios de los 183 casos emblemáticos, por ejemplo, la CPI no tendría competencias para intervenir.

Aún más, “en el proceso de Justicia y Paz los mayores índices de impunidad son en delitos de violencia sexual”, añadió Linda Cabrera. La CPI también indicó que en las 16 macrosentencias adelantadas por la Fiscalía contra jefes paramilitares se han registrado 15 casos en los que están implicadas 2.906 víctimas. Mientras la Fiscalía sigue depurando números y expedientes, el pasado 11 de junio el Tribunal de Medellín elaboró un extenso contexto sobre la violencia de género ejecutada por el bloque Mineros de las autodefensas en el Bajo Cauca antioqueño y el municipio de San José de Uré (Córdoba).

Allí el tribunal reconoció la importancia de abordar los crímenes contra las mujeres con un enfoque diferencial y dejó constancia de hechos victimizantes entre los que se incluyeron torturas, esclavitud sexual, embarazos obligatorios, abortos forzados, homicidios, despojos y castigos. En la última sentencia contra el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, el Tribunal de Bogotá incluyó 175 casos de violencia sexual ejecutados por hombres bajo su mando y les solicitó a entidades públicas atender con celeridad a las víctimas de violencia de género.

La CPI precisó que uno de los expedientes más llamativos es el de Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, un comandante ‘para’ del bloque Montes de María que fue excluido de Justicia y Paz el pasado 9 de septiembre por negarse a reconocer su responsabilidad en la violación de nueve mujeres. En varias oportunidades este hombre le mintió a la justicia, al tiempo que su estela de crímenes sexuales continúa en la impunidad.

En el caso de las Farc, la Dirección de Análisis y Contexto (Dinac) de la Fiscalía ha identificado 37 casos, entre los que se encuentran la explotación sexual, embarazos forzados, abortos y violaciones. Al margen de estos avances, queda claro que falta mucho por indagar con respecto a este grupo ilegal. Asimismo, la CPI vio con buenos ojos la promulgación de una ley para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial las inmersas en el conflicto armado.

Al respecto Ángela Robledo, representante a la Cámara, señaló: “El cuerpo de la mujer es el primer territorio de guerra. Los informes del Centro de Memoria Histórica —como los de las masacres de Bahía Portete, El Tigre y El Placer— han demostrado que paramilitares, guerrilleros y miembros de las Fuerzas Armadas utilizan el cuerpo de la mujer para intimidar a sus adversarios”. En ese contexto dijo que la ley 1719, que ya fue promulgada, busca armonizar los estándares de justicia en estos casos con las exigencias adquiridas por Colombia a nivel internacional.

Para Sisma Mujeres, existen muchas normas de gran contenido pero que aún no tienen aplicación. Por su parte, Robledo precisó que hay muchas amenazas para que la ley 1719 no tenga una completa aplicación. Los datos de impunidad siguen siendo altos: el último informe de Amnistía Internacional dice que en Colombia hay 98% de impunidad en casos de violencia sexual. “La ampliación del fuero penal militar constituye una amenaza, ya que los casos en que los abusadores sean integrantes de las Fuerzas Militares, estos terminarían siendo juzgados por tribunales castrenses”, puntualizó la congresista.