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hace 27 mins

Radiografía del caso Saludcoop en la Fiscalía

El Espectador conoció detalles de las pesquisas del ente acusador contra Palacino. Se ordenaron búsquedas en bases de datos y otros cotejos. Pero todo sigue muy crudo.

El fiscal Eduardo Montealegre se declaró impedido en los casos que adelanta la Fiscalía contra Saludcoop y Carlos Palacino. / Archivo - El Espectador

Después de años de investigación, la Procuraduría y la Contraloría ya determinaron responsabilidades concretas en el desangre de la EPS Saludcoop y la mano larga de su exdirector Carlos Palacino. Con recursos sagrados de la salud se pagaron viajes extravagantes de sus directivos —a Singapur, por mencionar un caso—, absurdos patrocinios deportivos, exageradas bonificaciones, compras y adecuaciones campestres —Villa Valeria, por ejemplo— y hasta en honorarios de abogados, uno de ellos el hoy fiscal Eduardo Montealegre. El procurador le impuso una sanción a Palacino de 18 años de inhabilidad. La Contraloría tasó el daño fiscal en $1,4 billones. ¿Y la Fiscalía qué?, se preguntan todos.

El Espectador conoció un extenso informe de la Fiscalía sobre los principales avances judiciales contra Palacino y Saludcoop. Aunque el expresidente de la intervenida EPS ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio, fuentes de la cúpula de la Fiscalía señalaron que muy pronto será citado a diligencia. Uno de los procesos que se indagan tiene que ver con un posible enriquecimiento ilícito de Palacino y el excurador de Bogotá Jaime Eduardo Barrero. Se investiga si se apropiaron de millonarios recursos del sistema de seguridad social para invertirlos en bienes y sociedades personales donde aparecen como socios mayoritarios sus hijos, “quienes debido a su corta edad no pueden justificar esas sumas de dinero en sus patrimonios”.

En este expediente preliminar, el pasado 2 de octubre el Juzgado 27 con funciones de control de garantías aprobó búsqueda selectiva en base de datos para que DIAN le entregue a la Fiscalía las declaraciones de renta de Palacino y Barrero, así como de las empresas a las que habrían desviado recursos de la salud. Además, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda está elaborando reportes contables sobre ellos. Ya se realizó inspección en cámaras de comercio para cruzar información; se ordenó otra más a la Superintendencia de Notariado y Registro a fin de identificar el patrimonio de los denunciados; y está pendiente de ampliar la denuncia del abogado Germán Guevara, realizarle una entrevista al columnista Daniel Coronell, quien ha publicado sobre el tema, y realizar una inspección a la Superintendencia de Salud y a la Procuraduría.

En un segundo proceso se indagan falsos recobros al Fosyga. Para rastrearlos, la Fiscalía creó una base de datos con 49 variables (entre ellas el número, fecha y persona que firma las facturas, radicación de las mismas, valor de los cheques, representantes beneficiarios y otro largo etcétera), que pretende ser una gran matriz para definir responsabilidades. En este caso se han recaudado 34 cajas con 10.157 recobros que suman $27.836 millones. Una de las personas encargadas de girar los cheques en Saludcoop “informó el modus operandi, las directrices dadas para la elaboración de cheques y la manipulación de la contabilidad para no mostrar la insolvencia de la EPS”, asegura el informe.

En el reporte se explica el fraude así: “La EPS recaudaba $1.000 millones mensuales, pero sus deudas ascendían a $1.200 millones, así que giraban cheques por los $200 millones adicionales, pero no los entregaban (se guardaban en la caja de seguridad). En el siguiente mes se cancelaba ese saldo, pero se generaba un faltante de $400 millones y así sucesivamente. Por esta razón Saludcoop tenía en su poder más de 3.000 cheques sin entregar, pero sí registrados en su contabilidad como cuentas pagadas. Gracias a esto Saludcoop ponía el sello de cancelado a las facturas y adelantaba los recobros sin que esto fuera cierto”.

Una tercera investigación busca determinar el desvío de recursos parafiscales entre 2004 y 2010 para ejecutar inversiones privadas. Se indaga cómo la cooperativa de la EPS organizaba su contabilidad para estructurar negocios del conglomerado empresarial o la venta irregular de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a terceros, las cuales fueron creadas con recursos de la salud y luego vendidas a personas naturales por precios irrisorios. Los investigadores siguen estudiando los dictámenes contables, pero aún no se han tomado decisiones de fondo.

Un cuarto expediente indaga el origen de los recursos usados por Saludcoop para invertir y ser acreedor de la Ciudadela Salud y del Hospital Internacional de Alta Tecnología. Se constató que se utilizó un crédito que derivó en una hipoteca abierta sin límite de cuantía sobre un terreno declarado zona franca, “lo que generó una demanda ejecutiva y la imposibilidad de construir el hospital mencionado”, señala el informe de la Fiscalía. Al parecer se invirtieron más de $20 mil millones en este proyecto. La Fiscalía rastrea varios contratos de compraventa, actas de asamblea de Saludcoop y algunos convenios. Aún se esperan resultados de policía judicial para resolver de fondo.

En esencia esa es la radiografía de los procesos penales que afrontan Palacino, sus socios y la intervenida EPS. Al margen de las minucias procesales, mucho palo ha recibido el fiscal Montealegre por las demoras en estos expedientes. La contralora Morelli ha dicho que, como asesor de Saludcoop, Montealegre recibió más de $3.200 millones en honorarios que fueron pagados con dineros de la salud. Él ha explicado que dejó constancia en sus contratos de que esos dineros debían ser privados. Montealegre le ha pedido a Morelli que se retracte. Ella no se echa para atrás. Ni siquiera el presidente Santos ha podido poner orden en la casa. Y en el entretanto del agarrón, Palacino demanda al Estado por $1.500 millones.

La Procuraduría dio su veredicto hace más de un año. La Contraloría hizo lo propio la semana pasada. ¿Cuándo lo hará la Fiscalía

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@jdlaverde9

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