Ratificada condena a 'Grannobles' por caso Santo Domingo

Defensores de las víctimas señalan que la justicia ha enredado de más este proceso.

Por considerar que la tutela es una herramienta para proteger derechos fundamentales, y no para reabrir debates propios de un litigio, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos el fallo de tutela que había proferido el Tribunal Superior de Arauca el pasado 28 de marzo, divulgado por este diario dos días más tarde.

En esa sentencia, el Tribunal de Arauca expresó que el juez de primera instancia, el juez único penal del circuito especializado de Arauca Rodrigo Rodríguez Barragán, se había excedido al incluir entre las víctimas del jefe de las Farc 'Grannobles' a las 17 víctimas civiles que perecieron el 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo (Tame, Arauca), pues la investigación de la Fiscalía contra 'Grannobles' se remitía exclusivamente a la muerte de nueve militares ocurrida un día atrás. La tutela con que se refutó este fallo apelaba al concepto de congruencia: que la condena que produzca el juez sea equivalente a los delitos que le imputó la Fiscalía.

En su fallo, proferido el pasado 10 de mayo, la Corte Suprema señaló que quien interpuso la tutela, Alba Janeth García Guevara, tenía en su calidad de víctima la posibilidad de echar mano de otros recursos legales para discutir el caso, y que la tutela no era el mecanismo para hacerlo.

En eso se confunde la Corte Suprema. Alba Janeth García está acreditada como víctima en el proceso contra los miembros de la Fuerza Aérea, a quienes se les responsabilizó por el bombardeo donde murieron los civiles. Alba Janeht no podía poner ninguna tutela en el caso de 'Grannobles' porque ella no es familiar de ninguna de las víctimas. Por eso vamos a recurrir a la Corte Constitucional, que es el órgano de cierre en cuanto a tutelas se trata", le dijo a este diario Janeth Zamora, abogada de la ONG Humanidad Vigente y defensora de las familias de los niños asesinados en Santo Domingo.

Zamora, además, anota: "Este caso de Santo Domingo es de los más complejos que hemos visto. Es muy enredado, que para nosotros es un indicador de que lo que se busca es la impunidad".

En el caso de Santo Domingo hay dos procesos judiciales: uno, relacionado con la responsabilidad de las Farc por la muerte de varios uniformados en combate con este grupo armado ilegal, y el segundo, que se desarrolla en Bogotá y no en Arauca, en referencia con el bombardeo contra el caserío de Santo Domingo en el que murieron 17 civiles -7 de ellos niños- y 26 personas más resultaron heridas, 9 de ellos menores de edad.

En el segundo caso, el año pasado el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia que los oficiales de la Fuerza Aérea César Romero Padilla y Johan Jiménez Valencia, piloto y copiloto respectivamente durante los hechos, habían lanzado una bomba cluster o racimo desde el helicóptero con matrícula 4407, que mató a esas 17 personas el 13 de diciembre de 1998. Los oficiales fueron condenados a 31 años de prisión y al Ministerio de Defensa, a pagar $5.758 millones a las víctimas.

El abogado Federico Arellano, asesor de uno de los oficiales de la FAC, se declaró satisfecho con el pronunciamiento de la Corte Suprema: "Este proceso es un oprobio jurídico-procesal, pues con las pruebas que obran en el proceso y la evidencia de la concreción de los homicidios por parte de las Farc, especialmente a manos de alias 'Grannobles', es inconcebible que esto sea adverso a los oficiales de la Fuerza Aérea. Un montaje de este calibre es un ataque abierto a la democracia y a la credibilidad de las instituciones".

En este complejo expediente de Santo Domingo todavía hay asuntos por resolver. La condena contra los oficiales de la FAC la estudiará la Corte Suprema de Justicia como última instancia. A revisión de la Corte Constitucional llegará la tutela referente al tema 'Grannobles', cuya discusión se centra en si podía o no la justicia condenar al jefe guerrillero por la muerte de los civiles a pesar de que éste no había sido investigado por la Fiscalía por estos hechos.

Finalmente, el proceso está también en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Espectador conoció que en la última semana de junio Estado y defensores de víctimas tendrán cita ante este tribunal, y se calcula que en un año o menos habría fallo. El Estado, en cabeza entonces del hoy fiscal general Eduardo Montealegre -quien asesoró a la Cancillería para este caso- ha sostenido repetidamente que el bombardeo de la FAC nunca ocurrió, que fue una bomba puesta por las Farc la que produjo la explosión y la muerte de los civiles. La justicia ordinaria, apoyada incluso el FBI, ha encontrado evidencias que apuntan a una conclusión distinta. Este polémico caso está aún lejos de cerrarse.

 

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