La audiencia se ha aplazado en varias oportunidades

Reanudan audiencia contra 16 concejales de Ibagué por elección del contralor Ramiro Sánchez

El Ministerio Público busca establecer si los funcionarios públicos cometieron irregularidades en la elección y posesión del Contralor para el periodo 2016-2020 al vulnerar la Constitución Política y la Ley 136 de 1994.

Ramiro Sánchez, supuestamente, suscribió contratos y convenios con entidades u organismos del sector central o descentralizado.Archivo El Espectador.

La Procuraduría regional Tolima continuará este miércoles con la audiencia pública en contra de 16 concejales de Ibagué investigados por presuntas irregularidades en la elección y posesión de Ramiro Sánchez, contralor del municipio del departamento del Tolima para el periodo 2016-2020.

El Ministerio Público busca establecer si Víctor Ariza Loaiza, Juan Ávila Sánchez, Jorge Luciano Bolívar, Carlos Andrés Castro, Camilo Delgado Herrera, Víctor Hugo Gracia, Harold Oswaldo Lopera, Hasbleidy Morales Lozano, Ernesto Ortiz Aguilar, Linda Esperanza Perdomo, Carlos Andrés Portela, Humberto Quintero García, Marco Tulio Quiroga, Flavio William Rosas, Oswaldo Rubio Martínez y William Santiago Molina violaron el régimen de inhabilidades.

Los concejales tendrán que responder por la  elección de Sánchez quien, al parecer, estaba inhabilitado para ese cargo por haberse desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a su elección como director territorial Tolima de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). El funcionario, supuestamente, suscribió contratos y convenios con entidades u organismos del sector central o descentralizado, es decir, con la alcaldía, entidades públicas, empresas, entre otros.

Según la Procuraduría, los funcionarios regionales habrían vulnerado uno de los incisos de la Constitución Política según la cual establece que “no podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de Asamblea o Concejo que deba hacer su elección, ni quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal”.

Asimismo, el Ministerio Público cuestiona que los concejales, supuestamente, también desconocieron la Ley 136 de 1994 la cual dispone que no podrá ser elegido contralor quien, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección, haya ejercido como empleado público en el respectivo municipio, o quien –como empleado público del orden nacional, departamental o municipal– haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos que deban ejecutarse en el municipio.

Por su parte, de manera personal o a través sus abogados, los concejales podrán presentar su versión de los hechos ante la Ministerio Público Regional Tolima y solicitar o aportar las pruebas necesarias para ejercer su derecho a la defensa. Esta diligencia se ha aplazado en reiteradas oportunidades por incapacidades médicas de algunos concejales, por solicitud de tiempo para estudiar las pruebas, entre otras cosas. 

 

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