La recaptura de un mayor (r) fugado

Hace dos años fue condenado a 52 años de prisión por el crimen de Faír Leonardo Porras, uno de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha.

El 25 de mayo de 2012 el mayor (r) Marco Wilson Quijano Mariño (izq.) fue condenado a 52 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales. / Archivo

De no ser por una llamada hecha el pasado jueves en la madrugada a la Policía para alertar sobre una supuesta pelea entre una pareja en el barrio Niza de Cúcuta, el mayor (r) del Ejército Marco Wilson Quijano Mariño, un hombre condenado por los falsos positivos de Soacha, seguiría en libertad. Sobre su espalda pesa una condena de 52 años de prisión emitida el 25 de mayo de 2012 por un juzgado especializado y confirmada en julio de 2013 por el Tribunal Superior de Cundinamarca. Mientras la Fiscalía manifestó que el militar (r) debía estar preso en el Centro de Reclusión Militar Cantón Sur en Bogotá, fuentes castrenses puntualizaron que fue dejado en libertad el 12 de enero de 2010 por vencimiento de términos.

El Ejército indicó que hace cuatro años Quijano Mariño salió del Cantón Sur después de que el juez segundo municipal de garantías de Soacha lo ordenara. Las irregularidades vienen entonces desde esa época, ya que el día que el mayor (r) fue condenado —junto con el teniente (r) Diego Aldair Vargas Cortés, el cabo Carlos Manuel González y los soldados profesionales Carlos Antonio Zapata, Ricardo García y Richard Contreras— por el crimen de Faír Leonardo Porras Bernal, él no se presentó a la audiencia. Quince días después se emitió orden de captura. Al parecer, desde ese día era prófugo de la justicia.

La Fiscalía anunció que investigará cuáles fueron las razones que permitieron que el mayor (r) Quijano saliera del Cantón Sur y que de ser necesario se podría judicializar a quienes hayan faltado a sus funciones por el delito de fuga de presos o favorecimiento de fuga. “Hacemos un llamado a las personas encargadas de la reclusión y custodia de privados de libertad que ostentan la calidad de miembros de las Fuerzas Militares, toda vez que resulta relevante que la persona en estas condiciones se encuentre libre gozando de beneficios que por ley y decisión judicial no debía tener”, precisó Alexandra Ladino, directora nacional de las Policías Judiciales Especializadas.

El caso de Faír Leonardo, uno de los 11 jóvenes que fue sacado mediante engaños de Soacha en enero de 2008, ha sido uno de los más emblemáticos en el tema de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las Fuerzas Armadas. Durante la investigación se logró establecer que el joven de 26 años sufría de una severa discapacidad mental que lo hacía pensar como un niño de nueve años. El 28 de septiembre de 2008, su madre, Luz Marina Bernal, encontró su cuerpo en una fosa común en Ocaña (Norte de Santander). Ese día, miembros de la polémica Brigada Móvil 15 del Ejército le dijeron que su hijo había muerto en un combate, que había sido reconocido como el comandante de la cuadrilla guerrillera y que cuando apareció muerto tenía un arma en la mano derecha.

Este último detalle fue uno de los principales errores que cometieron los militares involucrados en el hecho, ya que Faír Leonardo era zurdo por sus limitaciones motrices. El Tribunal Superior de Cundinamarca calificó el crimen como delito de lesa humanidad y en estos momentos la Sala ttde Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia alista su decitsión final. Una de las fundadoras de la organización Madres de Soacha, Carmenza Gómez Romero, manifestó que la captura de Quijano es una gran noticia, pues ellas sabían que desde que se había proferido la condena él se estaba burlando de las autoridades. “Es una gran satisfacción. Ya era justo que a un señor que lo condenaron y tandaba como Pedro por su casa, evadiendo la justicia, lo arrestaran. Él cometió un error y tiene que pagar”, agregó Gómez.

El caso del mayor (r) Quijano no es el único que ha dejado mal parado al Centro de Reclusión Militar Cantón Sur. En junio de 2013 el sargento Leonardo Herrera Navarrete se fugó de las instalaciones, sin embargo, días después fue recapturado gracias a la rápida acción de las autoridades. Desde varios sectores políticos y sociales se ha criticado que militares con problemas con la justicia ordinaria sean recluidos en las guarniciones militares, especialmente los implicados en los falsos positivos, ya que en varios casos han sido vistos recibiendo beneficios de los que no son merecedores, como sucedió con el Tolemaida Resort denunciado por Semana.

La Fiscalía anunció que empezará la revisión “para verificar dónde se encuentran recluidos los militares condenados o afectados con medida de aseguramiento, para hacer un seguimiento al cumplimiento de las decisiones judiciales, porque resulta preocupante esta situación”. Por el momento, el mayor (r) Quijano está recluido en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Cúcuta, y en las próximas horas sería enviado a la cárcel Modelo de esa ciudad.