Recapturan a “Lucas”, conocedor de los secretos de las finanzas de los Castaño

Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, administrador de recursos de la 'Casa Castaño' (izquierda). Carlos Castaño, uno de los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia, muerto en 2004 (derecha).

Foto: Cortesía Fiscalía

La Fiscalía busca revivir tres investigaciones que datan de 1997 y 1998, periodos en los que los investigadores del CTI Manuel Guillermo López Umaña, John Jairo Ruiz y Luis Fernando Gonzales fueron asesinados, al parecer por sus averiguaciones sobre el paramilitarismo y el narcotráfico en Antioquia. En relación con esos crímenes fue capturado Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, quien para la fecha era el jefe financiero de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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La captura de alias Lucas, retratado en decenas de versiones de Justicia y Paz, se dio con fines de indagatoria y en las últimas horas fue aprehendido en Barbosa (Antioquia). “Los elementos de prueba dan cuenta de que alias Lucas habría sido el jefe financiero y contable de la Casa Castaño. Este hombre fue capturado por un grupo especial del CTI en abril (30) de 1998, en un bien conocido por Parqueadero Padilla, en inmediaciones del centro de la Alpujarra, en Medellín”, agregó la Fiscalía. Se trató de uno de los mayores descubrimientos probatorios acerca de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

La justicia ha documentado ampliamente la importancia del descubrimiento del parqueadero Padilla. Por ejemplo, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, del 24 de septiembre de 2015, señaló que en ese allanamiento se encontró el organigrama de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, así como sus libros de contabilidad y una relación de todas las personas integrantes del grupo paramilitar. Había extractos bancarios, factoras de compra de medicamentos, comunicaciones sobre operativos militares, computadores, 70 disquetes, cheques y dinero en efectivo.

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A Jacinto Alberto Soto, ese día, le encontraron dos pistolas con salvoconducto que tenían su nombre registrado. La Fiscalía lo capturó en su momento, pero quedó libre. Más de dos décadas después, tiene indicios que el asesinato de los tres investigadores del CTI, entre 1997 y 1998, pudo haber sido la respuesta de las AUC al proceso contra el jefe de finanzas y a las acciones de los fiscales que, entonces, hacían seguimiento a posibles “paras” infiltrados en la institución. Posiblemente se trató de “un mecanismo de retaliación y de presión a las autoridades judiciales”, agregó el ente investigador.

Una de las víctimas, el investigador John Jairo Ruiz, murió el 14 de marzo de 1997. De acuerdo con el expediente, el hombre estaba tras los grupos de “limpieza social“ que operaban en el Oriente Antioqueño. Su último día, a eso de las 8:30 p.m., salía de la Universidad Cooperativa cuando dos hombres armados le dispararon cinco veces en la cabeza. Desde entonces se cree que la banda La Terraza, que todavía funciona en Antioquia, fue contratada por las AUC para silenciar al funcionario público.

El 5 de septiembre de 1997 fue el turno para Manuel Guillermo López Umaña. Según el portal Vidas Silenciadas, “investigaba a compañeros suyos que recibían pagos de la Oficina de Envigado y los nexos entre Mario Uribe Escobar y el narco Pedro Pablo Uribe Henao”. “(López), hizo varias interceptaciones telefónicas tendientes a identificar una estructura de narcotraficantes ligados al paramilitarismo en el Oriente antioqueño y logró obtener la conversación ya referida del entonces senador Mario Uribe Escobar (primo del expresidente Álvaro Uribe, condenado por parapolítica) y el supuesto narcotraficante Pedro Pablo Uribe Henao”, se reseña en el libro Memoria de la impunidad en Antioquia, del Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad.

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Contra Mario Uribe nunca se abrió investigación formal por ese asunto; la condena en su contra se produjo fue por parapolítica y en 2011. Sin embargo, esa no era la única investigación que Manuel Guillermo López tenía a cargo. De acuerdo con el testimonio del funcionario Diego Arcila Gómez (asesinado el 15 de febrero de 1999), López intentaba establecer la posible relación de dos exfuncionarios del CTIcon un empresario que, al parecer, estaba pagando por recibir información confidencial sobre una investigación en su contra. López tenía como hipótesis que ambos serían “paras” infiltrados. En esa pesquisa por primera vez salió el nombre de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, líder de la Oficina de Envigado hasta 2008.

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El 13 de abril de 1998, por su parte, fue el turno del investigador Luis Fernando Gonzales, dos semanas antes del descubrimiento del parqueadero Padilla. El miembro de la Fiscalía salía para su trabajo, a eso de las 8:00 a.m., cuando hombres armados le dispararon en la cabeza, en una operación de sicariato. En una investigación de El Espectador del 5 de enero de 2011 quedó registrado que Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, quedó libre cinco meses después de ser capturado en el parqueadero Padilla, el operativo judicial que representó, básicamente, abrir la caja de Pandora del paramilitarismo.

Lo que se halló en ese lugar, que se ubicaba justo al frente de la sede de la justicia en Medellín, es algo que las investigaciones judiciales no han terminado de aclarar. En 2015, por ejemplo, el Tribunal Superior del Distrito de Medellín recordó que en ese lugar se encontró información de 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, “entre las cuales aparecen Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Cadenalco, Lander y Cia, Leonisa, Coltejer, Codensa, Empresas Varias de Medellín, Miro Seguridad Ltda., Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis, Transportes Botero Soto y Servicentro ESSO Las Vegas, entre muchas otras, cuyos vínculos con la financiación de las Autodefensas está por esclarecerse plenamente todavía”.

De acuerdo con el documento del Tribunal de Medellín, en el cual se condenó a siete exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara, desde el parqueadero Padilla y “a través de Jacinto Alberto Soto” se financiaron y apoyaron logísticamente las masacres perpetradas en Antioquia entre 1994 y 1998, entre ellas las de El Aro y La Granja (Ituango). Por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, para la época, el despacho judicial ratificó la orden de expedir copias para investigar a Álvaro Uribe Vélez como exgobernador de Antioquia -pesquisa preliminar hoy en manos de la Fiscalía-. Uribe Vélez ha dicho reiteradamente que nada tuvo que ver con esos crímenes.

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“El nombre del expresidente Uribe Vélez aparece vinculado en este texto a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos. A manera de recapitulación, está detrás de Pedro Juan Moreno Villa, quien fue su secretario de Gobierno mientras se desempeñó como Gobernador de Antioquia y quien no sólo concibió y desarrolló el proyecto de Coosercom como un laboratorio del paramilitarismo, sino que ha sido señalado como uno de los seis o 12 líderes que definían y orientaban la política de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, e intervino en la decisión y planeación de la masacre de El Aro”, fue una de las consideraciones del tribunal.

Parqueadero Padilla, muerte y olvido

El descubrimiento del parqueadero Padilla, el 30 de abril de 1998, desató una serie de crímenes contra miembros del CTI de la Fiscalía en Medellín y en el Área Metropolitana entre 1998 y 1999. De acuerdo con declaraciones de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, mano derecha de Pablo Escobar y líder de La Terraza en los años 90, el paramilitar Carlos Castaño ordenó asesinar a los agentes protagonistas del operativo.

De esa manera murieron los investigadores Joel Alberto Taborda; Jaime Augusto Piedrahita; Edward Andrés Upegui; Julio Cesar Gonzales; Augusto Jesús Botero; Sergio Huberto Parra; Tomás Eduardo Santacruz; Luis Fernando Mesa; Cristóbal Quintana; Edwar Holguín; Jorge Armando Fernández; Diego Arcila Gómez; y Yirman Arly Giraldo, todos en condiciones similares de persecución y sicariato.

Las investigaciones dan luces de que los hermanos Castaño tenían una estrategia de infiltración en la Fiscalía, a través de investigadores, que cambió con el descubrimiento del parqueadero Padilla. En medio del contexto de violencia, el entonces fiscal general Alfonso Gómez Méndez trasladó el expediente para la Fiscalía en Bogotá, cuando estaba en la delegada de Medellín. Justo cuando las carpetas estaban llegando a la capital del país, alias Lucas salió libre de la cárcel Bellavista, al parecer presentando una boleta de libertad fraudulenta.

“El fiscal Jhonny López Patiño (firmante de la boleta de libertad que presentó alias Lucas en la cárcel) liberó al capturado contador de las Autodefensas, es decir que liberó a la persona que probablemente estaba más informada sobre quiénes financiaban a los paramilitares y cómo. Hay que recordar que financiar a los paramilitares es considerado un delito de lesa humanidad en Colombia”, explicó el portal Rutas del Conflicto.

Opinión: El Parqueadero y El Aro.

En una entrevista con el portal Verdad Abierta, de octubre de 2015, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, quien para la fecha era fiscal regional de Medellín, señaló que es difícil reabrir el caso del Parqueadero Padilla dado “el transcurso del tiempo y la conservación de la información”. Según el curtido abogado, cuando la alta corte tomó las investigaciones por parapolítica, él mismo buscó los documentos en la Fiscalía, pero había muchas partes perdidas.

“Recuerdo centenares de disquetes con información muy importante sobre la conformación de cada una de las escuadras y frentes de bloques paramilitares que luego ya no estaban. ¿Habrá posibilidad de reconstruir ese caso con los documentos que hay? ¿Qué se hizo en Justicia y Paz por reconstruir ese caso con el aporte de los desmovilizados? ¿Qué pasó con Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas? ¿Tiene orden de captura, sigue libre, se intentó ofrecerle algún beneficio jurídico a cambio de su verdad?”, concluyó el exmagistrado de la Corte Suprema.