Reclusa que no pudo tener “visita íntima” de su tercera pareja vence en Corte Constitucional

La mujer quiso cambiar el cónyuge que la visitaba por tercera vez y la cárcel le negó la petición. Ella demandó a la cárcel con una tutela y el alto tribunal le dio la razón al defender su libertad sexual.

La Corte Constitucional amparó el derecho de libertad sexual de la reclusa que presentó la tutela.Archivo

La lucha de una mujer presa en Sogamoso (Boyacá) logró aclarar dudas sobre las visitas íntimas en las cárceles. Cuando la mujer fue condenada, tenía una pareja que la visitaba, pero al año siguiente registró a un hombre diferente, que la cárcel admitió. Al cambiar de pareja de nuevo, no le creyeron y le negaron la visita íntima del tercer hombre. La mujer recurrió a la tutela y el caso llegó hasta la Corte Constitucional, la cual consideró que se estaban vulnerando sus derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad sexual. El alto tribunal le ordenó al penitenciario que permita la visita del hombre que la mujer decida.

Al despacho de la directora de la cárcel llegó una tercera solicitud de cambiar el cónyuge en la hoja de vida de la reclusa, lo que la hizo dudar. Según aseguró la funcionaria, solo lo dicho por la mujer “no demuestra que se conocieran, que tuvieran una relación”. Por esto, se dispuso a verificar que, en efecto, fueran pareja, como creyó que era su deber y en esa indagación concluyó que la presa y el nuevo hombre “se encontraban con restricción de la libertad en centros penitenciarios distantes, impidiendo incluso conocerse”.

La mujer protestó e insistió en su petición, pero la respuesta de la cárcel fue negativa una y otra vez. En la tutela que redactó, se lee: “Solicito señor juez se me ampare mi derecho a la intimidad con mi compañero permanente (el tercero), con quien he compartido desde hace 12 meses”. Haciendo las cuentas con el tiempo que el hombre estuvo en la cárcel, según la directora, en efecto, no se habrían conocido. Además, la mujer fortaleció el argumento de su demanda citando el Código Penitenciario y Carcelario, el cual expresa que las visitas íntimas son cuestión del reglamento general de las cárceles.

Cuando la Corte Constitucional entró a revisar el caso, se encontró con que la norma a la que acudía la directora para justificar su decisión había sido anulada por una resolución más reciente del propio Inpec. Esta norma no exigía la revisión por la que le negaron la visita a la nueva pareja de la mujer. Al respecto, el alto tribunal aclaró: “Las personas que se encuentran en establecimientos penitenciarios y carcelarios pueden escoger libremente la pareja con la que deseen compartir la visita íntima, aspecto que no puede ser objeto de restricción por parte de las autoridades administrativas”.

Los magistrados consideraron que la libertad de escoger a quién registra para sus visitas íntimas es una expresión de los derechos fundamentales a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad sexual. Derechos que, según consideraron, estaban siendo vulnerados. Sobre esto, ratificaron una decisión de 2014 en la que ya había dicho la Corte que “el derecho que le asiste a cada persona para decidir si quiere o no tener relaciones sexuales y con quién, sin que exista violencia, coacción o interferencias arbitrarias de terceros”.

Según la sentencia, la directora no puede justificar su decisión en la “seguridad” del penitenciario, pues es poner una carga innecesaria en los reclusos. Además, añadió la Corte, ya “existen medidas idóneas para para garantizar la seguridad al interior de los centros de reclusión, tales como: el registro con la información suministrada por la persona privada de la libertad acerca de la identidad del visitante; el procedimiento para el ingreso de los externos a los establecimientos penitenciarios; las requisas antes y después de la visita íntima que se llevan a cabo al visitante y al visitado y la actualización de la información contenida en la cartilla biográfica de los internos”.

Por último, la Corte le advirtió a la directora que “no podrá negar la autorización de visita íntima con base en la comprobación de la condición de cónyuges o compañeros permanentes entre la persona privada de la libertad y quien se presenta como visitante”. Asimismo, le ordenó al centro penitenciario que le pregunte a la mujer “sobre la persona con la cual desea que se le autorice la visita íntima. En ese sentido, deberá manifestar si hace efectivo este derecho con el hombre que lo solicitó o con otra persona, en cuyo caso deberá identificarla”.