Recta final para Playa Blanca

Playa Blanca es una de las zonas que son parte de la península de Barú, al sur de Cartagena. La Corte protegió el año pasado a sus habitantes. / EFE

De no ocurrir nada extraordinario, el futuro de una de las mejores y más apetecidas playas que tiene Colombia podría resolverse hoy en la Sala Plena de la Corte Constitucional. En el orden del día que seguirán los magistrados se encuentra la discusión del expediente que lleva en los despachos del alto tribunal desde octubre de 2012, y que tiene todo el interés tanto para los nativos y defensores de las tradiciones de los raizales, como del Gobierno y varios de los consorcios hoteleros más importantes del país. El problema radica en que, según las leyes que protegen a las comunidades, para construir o ingresar a territorios ancestrales se debe primero hacer una consulta previa para preguntar a los habitantes si están o no de acuerdo.

Esta es la segunda vez que las tutelas presentadas por Carmen García y Wilfrido del Río Estrada, en nombre de la Asociación de Trabajadores del Turismo de Playa Blanca (Asotuplab), llegan a votación de la Corte, un momento clave en la discusión de cualquier expediente en el alto tribunal. La primera vez que ocurrió fue en mayo del año pasado. En ese momento el magistrado ponente del caso, Alberto Rojas, presentó un proyecto de fallo en el que expuso que en este sector de la península de Barú habitaban personas ajenas a los nativos y que, en consecuencia, los terrenos ancestrales que alegaban poseer los demandantes no eran posesiones reales.

La ponencia fue derrotada por los demás magistrados. Fue así como el caso pasó al despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas, quien, por cuestiones de salud, se tuvo que ausentar y dejar como encargada a Myriam Ávila, quien finalmente presentó una nueva ponencia en agosto del año pasado, en la que argumentó que las pruebas que había practicado el magistrado Rojas no iban a ser tenidas en cuenta, pues no se habían practicado de manera correcta. Para la nueva discusión del expediente, la magistrada encargada expuso que las comunidades raizales no necesitaban presentar pruebas para ser reconocidas y que debían ser protegidas de manera especial. Agregó que bastaba con que lo dijeran para serlo.

Tras la discusión de la nueva ponencia, la Corte Constitucional falló a favor de Asotuplab y reconoció los derechos de las comunidades nativas de Playa Blanca, quienes piden que, ante la construcción de un proyecto hotelero, se realice una consulta previa. Al ser notificados de la decisión de la Corte, cinco entidades del Estado le solicitaron al alto tribunal la nulidad del fallo. La petición fue hecha por el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Cartagena, el Incoder, la Dimar, la Agencia Jurídica del Estado y Fonade, quienes señalaron que la decisión de la Corte no había tenido en cuenta las pruebas que permitían concluir que en Playa Blanca lo que había era gente extranjera que está exigiendo derechos que no puede tener.

Fue así como a comienzos de este año se reabrió el expediente en la Corte Constitucional. En esta oportunidad el magistrado Luis Ernesto Vargas fue el encargado de la ponencia para el debate, que resultó prácticamente similar a la que había planteado Myriam Ávila meses atrás. La votación quedó igualada y, por eso, el alto tribunal tuvo que convocar a un conjuez para que, con su voto, se desempatara la discusión y este caso por fin tenga punto final. El encargado de solucionar esta pelea por las posesiones en Barú es el abogado de la Universidad Libre Martín Bermúdez.

“Lo que la Corte debe tener en cuenta es que, así aquí vivan personas que no nacieron en la playa, eso no significa que no sean parte de la comunidad. Junto a ellos nos hemos organizado para pelear contra aquellos que quieren entrar a nuestras tierras. Aquí lo que pedimos es consulta previa para las otras tres comunidades nativas de Barú. Todos nos vemos afectados con lo que pase en Playa Blanca”, manifestó a este diario un habitante de la península. En contraste, entidades como la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, señalan que es claro que son personas extranjeras que viven en la zona y no pueden acceder a los derechos especiales de las comunidades raizales. El conjuez Martín Bermúdez tiene la última palabra.