Rector de U. de Cundinamarca solicitó inspección judicial en investigación por 'carrusel'

La universidad pública le manifestó su interés a la Fiscalía para colaborar con las investigaciones que se adelantan por las irregularidades en la contratación y demostrar que no está involucrada.

“Como en el listado se incluye el nombre de la Universidad de Cundinamarca (Udec), entidad educativa de educación pública superior de la cual soy su rector, comedidamente solicito de usted, señor fiscal, se sirva ordenar una visita de inspección judicial (…) para comprobar los fundamentos ciertos o no de dicha sospecha”.

Con estas palabras se dirigió el rector de la Udec, Adolfo Miguel Polo Solano, al fiscal delegado ante la Corte Suprema Juan Vicente Valbuena, cabeza de la investigación del carrusel de la contratación de Bogotá. La petición, radicada hace dos días en el búnker de la Fiscalía, se hizo luego de que se conociera que la Fiscalía va a investigar qué entidades educativas podrían estar inmersas en el escándalo del cartel de la contratación.

“Agradezco la pronta realización de esta gestión, dado que las mencionadas noticias han creado zozobra en la comunidad universitaria, desestabilizando así la gobernabilidad interna de la institución y comprometiendo la credibilidad de esta administración de la cual estamos seguros, ha sido manejada con transparencia y seriedad”, se lee en la solicitud enviada a la Fiscalía.

Hace dos días, además, el CTI de la Fiscalía halló 14 cajas con documentos que indicarían posibles vínculos entre centros educativos en Bogotá y el carrusel de la contratación, a partir de convenios interadministrativos que se habrían firmado con fundaciones que se supone pertenecían al concejal Andrés Camacho. La Fiscalía indaga si Camacho se apropió de dineros del Distrito a través de esos convenios.

El descubrimiento de este material fue este miércoles pasado en la casa de un exconductor de Camacho Casado. Las pruebas halladas fueron legalizadas al día siguiente por un juez de control de garantías en los juzgados de Paloquemao de Bogotá. Según fuentes de la Fiscalía, en los documentos estaría implicada la Udec.

Voceros de esa entidad le manifestaron a El Espectador que están dispuestos a colaborar con la justicia, buscan proteger el nombre de la institución y aseguran que entregarán toda la información necesaria para demostrar que los convenios y acuerdos que se han pactado con la Udec están totalmente reglamentados y ceñidos a la ley.