Recuperan 227.000 hectáreas que estaban en manos de las Farc

En el proceso de extinción de dominio se embargaron bienes y sociedades avaluadas en $282.000 millones que fueron conseguidos con dineros del narcotráfico y la minería ilegal.

Redacción Judicial
23 de febrero de 2017 - 05:24 p. m.
La minería ilegal se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso de las Farc. / Archivo
La minería ilegal se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso de las Farc. / Archivo

En un trabajo conjunto entre la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía, el Ejército, la Armada Nacional, la Policía y la Superintendencia de Notariado y Registro se logró recuperar 227.000 hectáreas que estaban en manos de estructurar disidentes de las Farc y excombatientes de esta guerrilla. Se trata de uno de los operativos más grandes, pues las tierras embargadas en conjunto equivalen a dos veces la extensión de la ciudad de Medellín.

Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, este proceso de extinción de dominio en el que también se intervinieron bienes y sociedades avaluadas en $282.0000 millones en los departamentos de Guainía, Bolívar, Meta y Arauca y Sur de Bolívar. La investigación determinó que estas propiedades se obtuvieron gracias al narcotráfico y minería ilegal, especialmente, en la explotación ilícita de tungsteno y coltán.

El fiscal precisó que los bienes estaban en manos del Bloque Oriental, especialmente en los frentes que están en disidencia -Primero, Séptimo, Décimo, Cuarenta y Cuatro, y el frente Acacio Medina-. Por ejemplo, frente al tema de la minería ilegal, se encontraron seis inmuebles rurales y cuatro sociedades que sumaban $6.000 millones y que se obtuvieron de la explotación de tungsteno y coltán. En la investigación se determinó que el título minero ilegal estaba ubicado en Cumaribo (Vichada), en el sector Cerro Tigre que se encuentra dentro del parque natural de Puinawa, y que producto de estas actividades ilegales se exportaron durante tres años 350 toneladas de minerales avaluados en US$5 millones.

La Fiscalía también indaga las relaciones que pudo tener el frente Acacio Medina, comandada por alias “John 40”, con la empresa minera American Mineral World S.A.S., que también fue intervenida en el proceso de extinción de dominio, por supuestaemnte ser el vehículo para blanquear los dineros. Pero la zona en la que más tierras se identificaron que estaban en poder de las Farc fue en el Sur de Bolívar, donde se encontraron 260.000 hectáreas de predios rurales ubicados en los municipios de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo. En su mayoría eran terrenos utilizados para sembrar cultivos ilícitos y para realziar actividades de minería ilegal.

El fiscal general explicó que estos predios irán al fondo de tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para reparar a víctimas de desplazamiento forzado. Asimismo, que este procedimiento no va en contra de los lineamientos del Acuerdo de Paz con las Farc: “Hay que hacer claridad que el artículo 41 de la ley de amnistía dice que los beneficios de extinción penal y de los subrogados penales no son compatibles con el ejercicio contra los bienes ilícitos. Es decir, que la propia ley y las decisiones políticas del proceso obligan a las autoridades a seguir con la extinción del dominio de los bienes ilegales”, sostuvo el fiscal Martínez.

A su vez, el comandante del Ejército, general Alberto Mejía, explicó que frente las disidencias de las Farc se centran en el Bloque Orientel y Bloque Sur. Entre los frentes que no quisieron desmovilizarse suman alrededor de 300 guerrilleros. Mejía señaló que sobre el resto del país se mantiene un monitoreo constante para evitar el surgimiento de nuevos grupos disidentes, que serían tratados como bandas criminales. “La disidencia está aproximadamente del 6% de las filas de las Farc. En nuestros estudios y en comparación a otros países teníamos presupuestado que llegara al 20%. Por esa razón es una buena noticia para el país”, concluyó Mejía.

Por Redacción Judicial

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