Tienen sanciones de la justicia y la Contraloría

Recuperar lo que los Nule se robaron, una tarea en vano

Más allá de que Guido Nule haya recibido libertad condicional o de que Miguel Nule pague su pena en una mansión, estos condenados empresarios difícilmente compensarán el daño que causaron al robarse miles de millones de recursos públicos.

El carrusel de la contratación es aún una herida abierta para la capital de Colombia: eso fue lo que demostró la reciente libertad condicional obtenida por Guido Nule Marino y Mauricio Galofre, dos de los empresarios a quienes la justicia condenó por haberse robado miles de millones del erario, destinados tanto para construir las vías de Transmilenio por la avenida El Dorado como para adecuar la malla vial del suroccidente bogotano. Según determinó el CTI de la Fiscalía entre 2010 y 2011 —es decir, casi cuatro años después de haberse hecho a los contratos—, al menos $59.000 millones en anticipos se embolataron. Con esa información estalló el escándalo que luego develaría sobornos y otros delitos.

Esta ha sido una controversia de dos aristas. Por una parte, se ha cuestionado si tanto Guido Nule como sus primos, Manuel y Miguel Nule Velilla, quienes fueron arrestados en abril de 2011 y aceptaron cargos de inmediato, merecen estar libres ya. En septiembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia aumentó sus penas de 14 a 19 años en prisión. Guido Nule, el primero en conseguir la libertad condicional, pasó siete años largos detenido, aunque no siempre tras las rejas. En septiembre de 2015 logró la detención domiciliaria y se radicó en el exclusivo barrio Golf de Barranquilla. Con Galofre, el cuestionamiento ha sido el mismo, pues salió libre en casi ocho años, con un fallo en su contra de más de 13 años de prisión.

Por otra parte, está el tema de los dineros que deben al Estado. Para los Nule, la Corte Suprema estableció una multa individual de $13.055 millones; la multa de Galofre fue de $10.699 millones. La Contraloría hizo lo propio con un fallo de responsabilidad fiscal que se emitió en 2016, y determinó que los Nule debían pagar $10.944 millones de los $174.996 millones que, según la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de ese organismo, perdió la ciudad por cuenta de sus actuaciones. Esta semana se conoció también que el Distrito de Bogotá presentó dos demandas contra ellos, que suman pretensiones de $366.000 millones. “El Distrito es quien nos debe”, le dijo Miguel Nule a El Heraldo.

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¿Tiene el Estado cómo recuperar los dineros con que estos responsables del carrusel de la contratación resarcirían a la sociedad por el daño causado? Lo más probable es que no. De acuerdo con los bienes que figuran a nombre de ellos cuatro, revisados por El Espectador, al menos en la oficina de registro de instrumentos públicos no hay nada que sirva para este propósito. En el caso de Guido Nule, la Contraloría trató en vano de embargar cuentas y propiedades. Halló siete cuentas bancarias en el Banco de Bogotá, Helm Bank, Bancolombia y Banco de Occidente, sobre las cuales se actuaron en septiembre de 2012, cuando ya estaba condenado en primera y segunda instancia. Todas, en ceros.

Hacia 2006, los Nule eran considerados “los nuevos cacaos”. Estaban en todo: acueductos, empresas de energía, concesiones viales. Decían, incluso, que querían ser quienes ampliaran el Canal de Panamá. Hace 12 años la revista Semana los llamaba “jóvenes, millonarios y talentosos”, reputación que se hizo cenizas con el carrusel de la contratación. En el reporte de la Contraloría, que también conoció este diario, se ve que la entidad no halló inmuebles que embargar. “Estas personas saben bien cómo ocultar sus propiedades para que no tengan que responder con ellas si algo pasa, o para que luego no les abran otros procesos por ponerlas en nombre de terceros”, le dijo una funcionaria de la Contraloría a este diario.

En el caso de Miguel y Manuel Nule Velilla, se alcanzó a rescatar lo mínimo: el 50 % de un garaje de 15 metros cuadrados que se encuentra en un edificio de Rosales, uno de los barrios más costosos de Bogotá. El garaje lo adquirió Miguel Nule por $15 millones en 2007; hoy representa $14 millones. Es decir, el 0,008 % de la cifra del fallo de responsabilidad fiscal. A ambos les embargaron también un predio rural en Santiago de Tolú (Sucre) que, tal vez, podría representar algo más que esos $14 millones del garaje, si no hubiera sido embargado con anterioridad cinco veces y no tuviera una prohibición de enajenación de la Superintendencia de Sociedades, la DIAN y un juzgado penal.

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Las posibilidades de que la Contraloría recupere el dinero por el que sancionó a los Nule —Galofre quedó excluido en ese fallo— y a 22 personas más, incluidas dos empresas aseguradoras, son prácticamente nulas. A la Unión Temporal Transvial, de la que Manuel, Miguel y Guido Nule tenían el 80 % a través de cuatro empresas, pudieron embargarle poco más de $1.686 millones que fueron encontrados en dos cuentas del Banco de Occidente. O sea, el 0,96 % del dinero que se busca recuperar con el fallo de responsabilidad fiscal. A Mainco S.A., otra empresa de los Nule, le embargaron cinco cuentas bancarias en Bancolombia, Colpatria y Banco de Occidente. Todas vacías.

Bitácora Soluciones Ltda. y Translogistic S.A., las otras dos empresas con que los Nule hicieron presencia en la Unión Temporal Transvial (que se ganó el contrato para hacer las vías de Transmilenio en la avenida El Dorado), igualmente les embargaron diez cuentas bancarias. El resultado, de nuevo, fue en ceros. Ante las evidencias, las demandas del Distrito contra los Nule parecen optimistas y, al mismo tiempo, ilusas. Aun así, Miguel Nule Velilla insiste en que es el Distrito el que les debe plata a ellos: $24 mil millones por el pago de una póliza de anticipo en el contrato de Transmilenio que luego le fue cedido a Conalvías. Según Nule Velilla, ese dinero debió pagarlo Conalvías y no su grupo empresarial.

Las declaraciones las dio hace apenas unos días desde la mansión blanca de dos pisos en la que vive en el barrio Venecia, de Sincelejo. Allí sigue pagando su pena desde mayo de 2016, cuando Medicina Legal certificó ante un juez que debía estar en su casa para recibir el cuidado médico que ameritaban sus dolencias. A Miguel Nule le diagnosticaron depresión, problemas para dormir, hipertensión arterial y obesidad. Un infarto causó una necrosis (muerte del tejido) del 15 % de su corazón en 2013; sufre además de hipotiroidismo y cardiomiopatía isquémica; y para dormir necesita una máquina que el Inpec no le autorizó. “Me da mucho miedo y hay veces que ronco despierto”, le explicó entonces a Medicina Legal.

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Dos años después de haber conseguido que le otorgaran la casa por cárcel, Miguel Nule contraatacó y demandó a la nación por $1,5 billones. El recurso iba, específicamente, contra la Fiscalía, pues Nule alegó que la administración de Eduardo Montealegre usó en su contra información que él, su hermano y su primo entregaron como parte de un acuerdo de colaboración con la justicia. Asimismo, Nule afirmó que él y sus parientes fueron objeto de una persecución mediática y legal con el propósito de anularlos como competidores de los contratos de infraestructura, para de esa manera favorecer a competidores suyos como Conalvías, empresa que también está embargada por la Contraloría por $151.678 millones.

Guido Nule Marino recobró su libertad el pasado 28 de diciembre, por decisión del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Barranquilla. Semanas atrás, ese mismo despacho le había otorgado la libertad condicional al socio de los Nule, Mauricio Galofre, quien también llevaba meses tratando de obtenerla argumentando que ya había pagado la mitad de su pena. Galofre, como Miguel Nule, también presentó quebrantos de su salud física y mental. En diciembre de 2017 el Inpec lo remitió al Hospital Universitario del Caribe por problemas psiquiátricos; su abogado también señaló obesidad mórbida y problemas gástricos crónicos e irreversibles.

En julio del año pasado, el patrimonio de los Nule recibió un golpe duro. El Juzgado Primero Especializado de Bogotá avaló que la Fiscalía incautara propiedades suyas ubicadas en Estados Unidos, avaluadas en más de $6.000 millones, para que fueran sometidas a procesos de extinción de dominio. Es decir, para que el Estado se quede con ellas. Así fue como perdieron dos apartamentos en Miami Dade (del estado de Florida) que figuraban uno, a nombre de la esposa de Miguel Nule, y otro, de Guido Nule y su esposa, Adriana Mancini. Ambos inmuebles estaban avaluados cada uno en un millón de dólares y, según la Fiscalía, fueron adquiridos con los recursos públicos de los que se apropiaron.

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La libertad de Guido Nule provocó sendas reacciones de parte de las autoridades, sobre todo la Fiscalía y la Procuraduría. El miércoles pasado, la primera llegó al juzgado que le concedió la libertad condicional para hacer una inspección, para revisar el proceso. “Específicamente no se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización a las víctimas de que trata el artículo 64 del Código Penal, por tal razón la Fiscalía ha resuelto escuchar en diligencias de interrogatorio a los servidores públicos que concedieron beneficios a los condenados en el carrusel de la contratación”, señaló la entidad a través de un comunicado, agregando que el juez sería investigado.

La Procuraduría, por su parte, apeló el pasado martes la decisión de la libertad condicional otorgada a Guido Nule Marino. Según esta entidad, en esa determinación no se tuvo en cuenta “la gravedad de los daños que ocasionó el peculado por apropiación” de los Nule. Un concepto que, sin embargo, no es compartido por el Gobierno. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, dijo al respecto: “(Guido Nule) ya pagó las tres quintas partes de su pena. La parte penal está y no hubo impunidad. Lo que nos queda realmente por conseguir es esos bienes y aplicarle extinción de dominio”. Sobre su último punto, de acuerdo con lo que ya han avanzado las autoridades, el futuro no promete.

Guido Muñetón, abogado de Guido Nule Marino, aseguró en los micrófonos de La FM que el proceso ha sido transparente, pues se acreditó que él había conmutado parte de su pena estudiando y trabajando, y que así había llegado a cumplir las tres quintas partes para poder obtener el beneficio por el que hoy le han llovido críticas por doquier. “En la justicia colombiana hay unos tiempos, si la persona fue sancionada penalmente y ya purgó y cumple los requisitos, puede quedar libre. La ley es la ley, hay que cumplirla, llámese Nule o no”. Muñetón, igualmente, explicó que Guido Nule aún tiene restricciones: no puede salir del país ni cambiar de domicilio, y si el despacho llegara a requerirlo, debe acudir de inmediato.