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El pasado 3 de mayo, fecha en que la Fiscalía emprendió una jornada anticorrupción en el departamento del Chocó, lograron la captura de 45 personas señaladas, entre otras cosas, de irregularidades encontradas en entidades como el Hospital de Tadó, la Universidad Tecnológica del Chocó, en pensiones de para maestros, así como en la desarticulación de una banda denominada Los calvos.
Hospital de Tadó
Una de las investigaciones permitió establecer que, al parecer, funcionarios utilizaron facturas falsas para justificar la ausencia de recursos, apropiándose de $101 millones provenientes de copagos de pacientes del Hospital San José de Tadó, durante los años 2012, 2013 y 2014.
En este proceso fueron capturados Ana Leidy Copete Armijo, exgerente del hospital; Marisol Ledezma González, Yocira Lozano Mosquera, Yair Perea Gómez y Anyi Jhojana Moreno Murillo, quienes se desempeñaban como pagadores del hospital. En este caso, la Fiscalía señala que a los funcionarios por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Pensión de gracia para maestros
En esta investigación, la Fiscalía puso la lupa en un grupo de maestros que, a través de un abogado, habrían utilizado documentos públicos falsos para hacerse reconocer el pago de pensión vitalicia por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), que alcanzó a pagarles, aproximadamente, $900 millones.
Por este proceso fueron capturados los educadores Raquel Machado Vivas, Fresys Alberto Martínez Perea, Cruz Elena Murillo Hurtado y Edgar Ramiro Mosquera Tovar. Por su parte, un juzgado de garantías les imputó a los profesores los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.
Pensiones Nóvita
Este proceso, que también está relacionado con irregularidades en pensiones de maestros, la Fiscalía capturó a Jorge Eliécer Rentería, exsecretario de Gobierno del municipio de Nóvita, a quien se le imputaron los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. Aunque en este proceso el ente investigativo logró un preacuerdo, un juez de conociemiento deberá avalarlo.
Adicionalmente, los abogados Franklin Copete y Heildelger Alexander López, quienes también operaron bajo una misma estructura de alterar documentos públicos, les imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito, uso de documento público falso, estafa agravada y fraude procesal.
Universidad Tecnológica del Chocó
Esta investigación, que tiene que ver con la educación en ese departamento, la Fiscalía rastreó una red de falsificación y montaje de calificaciones, monografías y actas de grado en la Universidad Tecnológica del Chocó, que habría operado entre 2014 y 2015. Esa organización, según el organismo acusador, estarían comprometidos directivos y exdirectivos del claustro universitario.
Por este hecho, el pasado martes fueron capturados Jhon Mario Díaz, abogado; Caleth Leudo, contratista de Aguas del Chocó; Jorge Yair Córdoba, abogado; Elizabeth Quejada, juez de garantías de Quibdó y docente de dicha Universidad; Yarbin Seyder Conto, abogado y docente; Maira Yulenny Córdoba, abogada; Rinson Vivas, abogado; David Humberto Moreno, empleado de la Secretaría de Salud; José Aristídes Herrera, administrador de una estación de servicios; Tatiana Moreno Córdoba, abogada; Brilly Yaneth Moreno, abogada litigante, y Yeseli Montenegro Cuesta, egresada no titulada.
La Fiscalía imputó, inicialmente, a ocho personas los delitos de cohecho, falsedad material, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En ese caso, la Fiscalía expresa que fueron libradas 38 órdenes de captura, que terminarán de hacerse efectivas en los próximos días.
Predial indígena
De otra parte, la Fiscalía comenzó a investigar, en su criterio, presuntos actos de corrupción en relación con la destinación de $2.190 millones percibidos por el predial indígena en el municipio de Bagadó. Esos dineros, según la entidad, habrían sido apropiados de manera irregular por parte de funcionarios de la administración municipal, mediante convenios de pago y procesos ejecutivos falsos.
La Fiscalía pudo establecer que los dineros del predial indígena se destinaron a pagar irregularmente procesos ejecutivos laborales, respaldados por resoluciones fraudulentas, sin fechas visibles y sin registro presupuestal. Esos pagos habrían favorecido a familiares de la administración municipal. Esta investigación dejó ocho órdenes de captura que se realizarán en los próximos días para imputarles los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
Desarticulada banda criminal Los Calvos
Finalmente, la Fiscalía investiga la presunta extorsión de la que fue víctima la empresa Red de Servicios de Occidente S.A. en el que la banda autodenominada Los Calvos, a través de llamadas vía celular, exigía a dicha empresa $50 millones y una cuota mensual $3 millones para poder ejercer la actividad comercial que desarrollan en el municipio de Quibdó.
Según la entidad investigativa, Los Calvos utilizaban medios intimidatorios como la realización de disparos a las instalaciones donde funcionaban algunos puntos de la empresa, resultando lesionadas empleadas de esa empresa. El pasado 22 de junio del año la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada a Carlos Andrés Rodríguez, Judith Arelice Iriarte, Carmen Julia Uparela, Leidy Johana Pérez, Guillermo Dumaza, Janny Amparo Sáenz, José Miguel Moreno, María Luisa Palomeque, Wilson Bonilla, Yan Carlos Simanca y Harold Valois Córdoba.