Reficar: ¿por qué sancionaron al expresidente Reinoso y absolvieron a los demás?

La modernización de Reficar implicó sobrecostos por más de $600.000 millones, según la Fiscalía. / Archivo particular

Reyes Reinoso Yáñez, expresidente y exrepresentante legal de Reficar (Refinería de Cartagena), cometió una “falta gravísima cometida con culpa grave”. Esa fue la conclusión de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública al examinar la responsabilidad de seis funcionarios de Reficar en los sobrecostos que implicó la ampliación y modernización de la planta, estimados por la Fiscalía en unos $610.000 millones. Así las cosas, Reinoso resultó sancionado.

El expresidente de Reficar recibió una suspensión de 12 meses, pero, como ya no está en el cargo, la sanción pasó a ser una multa de 12 salarios “devengado para la época de los hechos”, que equivalen a $451 millones. Fue el único de los seis bajo investigación que terminó con sanción a cuestas. Orlando Cabrales, Javier Gutiérrez (expresidente de Ecopetrol), Diana Calixto y Pedro Rosales Navarro, todos exintegrantes de la junta directiva de Reficar, fueron absueltos de los cargos.

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Lo mismo pasó con Felipe Laverde Concha, exvicepresidente jurídico de la planta. Reyes Reinoso, en cambio, en criterio de la Procuraduría, incumplió sus deberes “al permitir que el presupuesto para la ejecución del proyecto (…) se incrementara a través de tres controles de cambio –de los cinco que sufrió el proyecto– que se materializaron en abril de 2013, diciembre de 2014 y septiembre de 2015 (…) lo que ocasionó que el presupuesto fijado para el año 2012 de USD 5.148 millones pasara a 8.016 millones”.

Cuando la Procuraduría formuló cargos en contra de Reyes Reinoso, advirtió que el presupuesto casi se dobló “pese a las diferentes alertas que se presentaron al inicio y durante la ejecución del proyecto; ello trajo además que la sociedad cancelara dineros al contratista EPC cuya pertinencia estaba en discusión y de los que es incierta su recuperación”. De ese tema, sin embargo, sí resultó absuelto. “No es posible indicarse que el aquí investigado incurrió en la conducta endilgada”.

No obstante, en lo que el Ministerio Público si halló responsabilidad con respecto a Reinoso Yáñez fue en el acuerdo que permitió que no se realizara un estudio detallado de la facturación que presentó CB&I, la empresa que quedó a cargo de ejecutar las obras para modernizar la planta cuando Glencore se salió del negocio. Ello, dice el organismo, fue “una variable determinante para que quedaran saldos pendientes por soportar y legalizar por parte del contratista EPC (CBI), los cuales no se compensaron como (se) preveía”.

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“(Reyes Reinoso Yáñez) no tuvo en cuenta los antecedentes de pagos de CB&I, información que por su cargo conocía y no requería de un conocimiento específico o especial, no requirió los estudios pertinentes por asesores externos o internos, teniendo en cuenta que se estaba hablando de otro acuerdo y que podía afectar las arcas del proyecto, más aún cuando no se realizaría una revisión detallada de la facturación mes a mes hasta la finalización del mismo”.

Reinoso, sostiene el Ministerio Público, tenía el deber legal de cuidar los fondos de la sociedad, pero “transgredió” su función y suscribió el “acuerdo PIP” que, a la larga, terminó representando “un riesgo”. El mencionado acuerdo se firmó en octubre de 2014 y, palabras más, palabras menos, fue el camino para que CB&I recibiera dineros públicos sin cumplir con todos los requisitos. La Fiscalía ha dicho que el acuerdo PIP “permitió pagar cobros (anteriormente) rechazados y realizar pagos sin supervisión”.

“El ingeniero Reyes Reinoso no imprimió la debida diligencia para proteger los recursos de la sociedad y garantizar el adecuado desarrollo del que habla la norma, teniendo en cuenta que no requirió estudios de especialistas que hubieran podido conceptuar sobre las consecuencias del PIP, (en) cuanto refería pagos mensuales futuros de facturas que no podían ser revisadas de manera detallada por FPJVC, resaltando que (sus) controles si bien no eran perfectos lograban identificar qué pagos procedían” y cuáles no.

Reyes Reinoso, en otras palabras, falló como escudero de los miles de millones que estaba invirtiendo el Estado (o sea, el dinero de los contribuyentes) en modernizar la planta de Reficar. “Si a quien es servidor público se le exige un particular nivel de responsabilidad, ello guarda relación con un cuidado necesario aún mayor que cualquier persona del común, pues se le han confiado tareas de índole estatal y de ejecución de recursos que deben redundar en el bienestar de la colectividad”, dijo el organismo.

Por esa razón fue que Reyes Reinoso Yáñez terminó sancionado –aunque puede apelar para que una segunda instancia reverse esta decisión, o la confirme–, mientras los demás procesados salieron ilesos de este expediente disciplinario. La Procuraduría señaló que “se encuentra probado que (los controles de cambio) no se generaron por la terquedad de los aquí investigados, sino por el contrario fue la respuesta a una proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CB&I”.

El organismo resaltó que, en caso de que los controles de cambio no se hubieran autorizado, “se hubiera generado la pérdida de un megaproyecto”. Es decir, el remedio habría sido mucho peor que la enfermedad, según la Procuraduría. La entidad señaló también que los miembros de la junta directiva tienen la tarea de aprobar decisiones, pero ejecutarlas no es su responsabilidad, por lo que no cabía una sanción contra ellos por el acuerdo PIP que se pactó en 2014, como sí pasó con Reinoso Yáñez.

Sobre Laverde Concha, el Ministerio Público encontró que el exfuncionario de Reficar “cumplió con todas las funciones que su cargo tenía, esto es, realizar estudios con diferentes firmas de asesores externos, asesores internos, proyectar soluciones  a las solicitudes de Presidencia (…)”. Laverde Concha, dicen las evidencias, se opuso a que Reyes Reinoso al acuerdo PIP, pero Reyes Reinoso, se lee en el fallo, revisó el cuestionado acuerdo con Nicolas Isaakson, también de la vicepresidencia jurídica, y no con Laverde.