Reformas penitenciarias permitirán prevenir torturas, dice Colombia en la ONU

Miembros del Comité contra la Tortura subrayaron el problema del hacinamiento en las cárceles colombianas que genera tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos en esta Convención.

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El Gobierno de Colombia dijo ante el Comité contra la Tortura de la ONU que la práctica de este delito no responde bajo ningún supuesto a una política estatal y que está adoptando reformas legislativas y técnicas en el área penitenciaria para prevenir casos de este tipo.

"La práctica de la tortura en Colombia no responde a una política estatal", declaró la directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Colombia, Marcela Abadía Cubillos, quien encabezó la delegación de su país.

Aseguró que "frente a los casos que se han presentado en el país existe la decisión de investigar, juzgar y sancionar a los responsables", así como de "atender y reparar a las víctimas".

El Comité, que celebra su 54 periodo de sesión en Ginebra, dedicó la primera parte del día a examinar el informe presentado por Colombia sobre su cumplimiento de la Convención contra la Tortura.

Durante la sesión, algunos miembros del órgano de la ONU formularon diversas preguntas, como el número de condenas por tortura en el periodo cubierto por el informe (fines de 2009 hasta la fecha), de arrestos relacionados con protestas, así como sobre el uso del aislamiento en las prisiones y situaciones de impunidad.

Varios dedicaron buena parte de sus intervenciones a subrayar el problema del hacinamiento en las cárceles colombianas y la forma en que esto predispone a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, igualmente prohibidos en la Convención contra la Tortura.

"El hacinamiento parece haber alcanzado niveles en que ocurren tratos crueles e inhumanos, en el que el área para dormir es del tamaño de un periódico, con problemas de violencia y salud que surgen de estas condiciones", dijo el jurista Jens Modvig, miembro del Comité y relator del informe de Colombia.

"El acceso a servicios médicos parece estar severamente limitado y en algunas áreas sólo una tercera parte de detenidos tiene acceso a un médico", agregó.

El relator Alessio Bruni abundó en esta problemática al señalar que, de acuerdo a la información del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, a inicios de esta año la población penal en Colombia era de 170.000 personas, un 53 % por encima de su capacidad máxima.

Consideró que esto revela que las medidas que las autoridades están tomando para mejorar la situación no son suficientes.

A este respecto, Abadía Cubillos explicó en su intervención que la estrategia del Gobierno pasa por "evitar el aumento desproporcionado e injustificado de penas, garantizar el acceso adecuado a los servicios de justicia y mejorar las condiciones materiales" dentro de las prisiones.

El experto Modvig reaccionó señalando que "es preocupante que estos cambios no sean aplicados inmediatamente a aquellos que están privados de libertad".
"Para disminuir el hacinamiento más bien recomendaríamos reducir el arresto preventivo, promover las liberaciones bajo fianza y otras alternativas al confinamiento", sugirió.

Desde otra perspectiva, Modvig denunció la situación de mujeres confinadas en establecimientos masculinos, en lugares donde no hay prisiones femeninas.

"No hace falta mucha imaginación para considerar las consecuencias de esta situación... con falta de servicios apropiados, más el riesgo de acoso, discriminación y abuso por parte de prisioneros y guardianes varones", explicó.

Asimismo, consideró "un problema" el uso del aislamiento en las prisiones) y pidió que las autoridades penitenciarias compartan sus estadísticas sobre el número de casos y si se somete al recluso a un examen médico previo para prevenir que pueda ser víctima de tortura.

Por otra parte, Modvig cuestionó la escasez de condenas contra miembros de grupos paramilitares desmovilizados, que cifró en unos 30.000, y "de los cuales apenas un puñado han sido condenados, lo que equivale a una impunidad de facto".

Al enumerar los esfuerzos del Gobierno contra la práctica de la tortura, Abadía Cubilos mencionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, "apuesta única en el mundo que repara y atiende a las víctimas en un contexto de conflicto armado".

Detalló que en los cuatro años se ha registrado a 7 millones de víctimas que están en proceso de reparación, para lo cual se han destinado 1.200 millones de dólares hasta el año 2021.

"Hasta la fecha se ha indemnizado a cerca de medio millón de víctimas por diversos delitos", incluida la tortura, destacó. 

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