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El Bajo Cauca Antioqueño nuevamente cerró un año con cifras de violencia por las nubes. Esta volvió a ser la región con una de las tasas de violencia más altas de todo Colombia: mientras el país tenía una promedio de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, esta subregión de Antioquia llegó a 119 —cinco veces más que la cifra nacional—. Homicidios, decapitaciones, desapariciones y enfrentamientos armados cometidos por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), los Caparros, disidencias de las Farc y el Eln, han sembrado el miedo entre la población y, en muchas ocasiones, la han llevado a abandonar sus tierras.
El desplazamiento en esta región atravesada por el río Cauca es la más alta de todo Antioquia, con más del 50 % de los casos reportados en los últimos dos años. En 2018, fueron expulsadas 17.236 personas y en 2019, otras 10.707. Las estadísticas son más dicientes si se tiene en cuenta que en los años anteriores, de 2015 a 2017, no fueron más de 8.000 los casos de personas desplazadas por la violencia. Ante este panorama, y la supuesta falta de acción del Estado, los pobladores del Bajo Cauca han buscado nuevas estrategias para no tener que abandonar el territorio y, al mismo tiempo, preservar su vida.
El plan en cuestión es crear un área neutral al interior del Bajo Cauca, sin la presencia de ningún actor armado, que sirva como refugio y zona de paz para la población que ha tenido que salir de sus territorios ante la presión de los grupos armados que luchan por el control territorial. Esta propuesta ha sido diseñada por miembros de la propia comunidad, sobre todo la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), y ha sido impulsada por las organizaciones sociales que conforman el Proceso Social de Garantías para Defensores de Derechos humanos en Antioquia, entre las que se destaca la Fundación Sumapaz.
Esta iniciativa, según Yesid Zapata, director de esa fundación, parte del desespero tanto de la comunidad como de las organizaciones sociales para que las autoridades actúen. “Se ha hecho de todo: hablamos con ellos, hicimos caravanas humanitarias, salimos a medios de comunicación, pero no ha pasado nada. El último recurso que nos queda es hacer el refugio”, dice Zapata. Este refugio serviría como una zona segura en la que se recibiría a la población desplazada de los distintos municipios del Bajo Cauca. Allí se les brindaría albergue, alimentación, salud y seguridad.
“Debido a las situaciones que se están viviendo en el Bajo Cauca desde hace dos años, se ha propuesto crear un refugio humanitario para atender la crisis que se ha venido presentando en esta subregión, aunque parezca un poco tarde”, señala William Muñoz, presidente de Asocbac y uno de los principales artífices del proyecto. Este líder de la comunidad del Bajo Cauca agrega que la idea es totalmente de la población, que se ha visto enfrentada a una nueva ola de violencia y que ha visto que “no hay apoyo institucional”. Afirma que la han llevado a ente gubernamentales, “pero han demostrado muy poco interés”.
Una razón para crear este espacio, es el incremento del desplazamiento hacia Medellín, capital del departamento. A más de ocho horas de camino (y eso es en carro), la ciudad termina siendo el destino final de una gran parte de las comunidades que abandonaron sus hogares. Sin embargo, señala Muñoz, la asistencia brindada por el gobierno departamental y local no dura más de tres meses, por lo que la situación de la comunidad desplazada vuelve a ser precaria al poco tiempo. Por eso, a pesar de ser uno de los municipios más azotados por la violencia, se tiene contemplado que el refugio humanitario sea en Tarazá (en el casco urbano o en la vereda La Caucana), puerta de entrada al Bajo Cauca.
La mayoría de detalles están aún por afinar, ya que, como concuerdan Zapata y Muñoz, la población del Bajo Cauca será la que tenga la última palabra, a pesar de que el proyecto contará con el apadrinamiento de la organizaciones sociales nacionales e internacionales. “Queremos que la gente sea la que defina todo a través de asambleas, que ellos definan hasta el manual de convivencia de la zona que entrarían a habitar”, comenta la cabeza de Sumapaz. La misma postura tiene Muñoz, quien asegura que lo que realmente le falta a la propuesta es que se haga “una asamblea comunitaria en la que se declare el refugio humanitario y se creen los protocolos”.
Voceros de la Gobernación de Antioquia señalaron que esta propuesta no se las han socializado aún. Sin embargo, aseguran que para atender el fenómeno que se presenta en la subregión del Bajo Cauca se están estructurando estrategias que aporten al cierre de brechas de desigualdad, implementando proyectos productivos sostenibles para el desarrollo económico de las familias y el territorio. Se hará de la mano de las alcaldías, la cooperación internacional (con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos), la vinculación del sector privado y el Gobierno, con programas como el de sustitución de cultivos.
El gobierno departamental agregó que, mediante un trabajo articulado, se logrará la suma de todos los esfuerzos para generar impacto sostenible en el territorio. “Estos proyectos de desarrollo económico, se harán en asocio de programas de reforestación y protección de los recursos naturales. Promoveremos la sustitución de cultivos ilícitos, la formalización minera y la ecominería, mientras se van consolidando territorios. Para esto último, el trabajo con la Fuerza Pública y los organismos de seguridad y justicia es clave”, declaró la Gobernación, que añadió que, de la mano de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, se está haciendo presencia en los territorios.
Aunque no está definidos los protocolos a seguir, hay unos principios básicos que ya están siendo contemplados por las organizaciones que apoyan esta iniciativa de paz. Entre los elementos primordiales está la existencia de equipos de derechos humanos que tengan comisiones de trabajo, salud y negociación, para así entablar diálogo con los diferentes actores. Además, señalan que la presencia de armados, así sean oficiales, estaría totalmente prohibida y estarían relegados a brindar seguridad en los anillos de seguridad más lejanos de la concentración campesina. La presencia de extraños, cuenta Muñoz, también estaría limitada a la concertación de las personas del refugio.
Por otro lado, se fijó como principio básico que esta iniciativa no puede ser permanente. “Nosotros creemos que las personas deben tener las condiciones dignas y de seguridad para vivir en sus territorios. Serán las comunidades las que decidirán cuándo volver y solo será cuando las condiciones sean seguras”, señala Zapata, quien asegura que el esfuerzo de evitar el desarraigo de la comunidad también implica que esta vuelva a los territorios de donde salieron por la acción de los grupos armados. Todos estos elementos deben estar listos para que, ante “un desplazamiento masivo, las personas no salgan del Bajo Cauca sino que se encuentre un lugar donde puedan estar seguros en la misma región”, concluye Muñoz.
Además de ser una iniciativa de protección de la comunidad en riesgo, las organizaciones sociales esperan que esta propuesta sea un mensaje tanto para los actores armados del territorio como para el Estado. “Se trata de enviarles un mensaje a los ilegales de que ellos no son los dueños del territorio, que está la población civil. El Gobierno no ha tenido una voluntad de combatirlos o someterlos a la justicia. Es una presión tanto para el Gobierno como para los ilegales. Es demostrar que hay un problema y necesitamos soluciones”.
La población del Bajo Cauca que ha conocido del proyecto, lo ha recibido con optimismo y como una buena alternativa frente al desplazamiento del que son víctimas ante las amenazas de los violentos. Sin embargo, son conscientes de que el plan necesita de recursos para su ejecución y desarrollo, como comentan algunos líderes de la zona que no quieren revelar su identidad. “Desde nuestro punto de vista, es muy bueno, porque ya no se tendría que llegar a Medellín, que es superpoblado. Sin embargo, debería pensarse más arriba de Valdivia, porque de Tarazá para abajo es una zona muy complicada. Además hay que pensar en proyectos productivos para la población en ese lugar”, señala uno de los líderes.
Dos décadas de experiencias
Aunque parece novedosa, la propuesta de refugio humanitario del Bajo Cauca ya se ha planteado anteriormente en el departamento y ha tenido resultados significativos. Está el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que se declaró zona neutral frente al conflicto. Ya son 22 años desde que se autodeterminaron ajenos a los actores armados, y, a pesar de haberse reportado cerca de 300 víctimas en este lugar por la guerra, la comunidad se ha mantenido en su esfuerzo de paz. Otro ejemplo de refugios humanitarios es el que desde hace 17 años lleva a cabo la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana).“El refugio humanitario es un mecanismo alternativo de protección y autoprotección que creó Cahucopana, con el fin de evitar los desplazamientos de la población minero-campesina que habita en el territorio. Se activa en el momento en que se encuentra en riesgo inminente su vida e integridad”, dice Cristy Lozano, miembro de Cahucopana. Ella señala que la organización tiene dos casas humanitarias de paso, donde las personas se pueden quedar hasta que cese el peligro y puedan retornar a sus hogar. “Mientras ello ocurre, Cahucopana trata de buscar interlocución con los actores y activa las alertas con la institucionalidad y organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional en internacional”, concluye la integrante de esta organización campesina.