Regaño por una tutela que duró cinco años sin fallarse

Alberto Rojas reprochó que su compañero Nilson Pinilla se hubiera demorado tanto tiempo en decidir una tutela.

El ocaso de Nilson Pinilla como magistrado de la Corte Constitucional estuvo marcado por un rifirrafe que obligó al país a evaluar las funciones electorales de los altos tribunales, cuando su mandato principal es administrar justicia. Semanas antes de su retiro en julio pasado, Pinilla se despachó y dijo que las altas cortes “traicionaron la misión que les dio la Constitución”. Luego cuestionó a sus compañeros Jorge Pretelt y Alberto Rojas, al sugerir que no era claro si fallaban en derecho o si estaban movidos “por otra razón”. El magistrado escogió la puerta de la polémica.

Trece días antes de que dichos magistrados empezaran a sacarse los trapitos al sol, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional —conformada precisamente por estos juristas— falló en última instancia tres tutelas contra el Consejo Superior de la Judicatura, interpuestas por funcionarios de este tribunal que fueron sancionados. La razón de la penalidad fue que, supuestamente, los magistrados Rubén Darío Campo, Rafael Antonio Vélez y María Antonia Cotes Pérez dejaron prescribir un alto número de procesos disciplinarios mientras estuvieron a cargo del Consejo de la Judicatura del Atlántico.

En su decisión, la Corte Constitucional dejó sin efectos la sanción disciplinaria contra los magistrados Campo y Vélez, mientras mantuvo la de Cotes, al considerar que la investigación disciplinaria en su contra estaba fundada en que dejó vencer los términos de un proceso que se adelantaba contra varios jueces de Barranquilla por el desfalco a Foncolpuertos. Un caso sonado a nivel nacional porque se cobraron pensiones de más de $25 millones mensuales y se fallaron demandas sobre liquidaciones por más de $2,3 billones.

La Corte consideró que la sanción debía mantenerse por dejar vencer “un proceso de tanta gravedad y trascendencia”. Sin embargo, llama la atención que ese alto tribunal se demorara tanto en fallar este caso que había sido escogido en 2009. Así lo dejó establecido en su salvamento de voto el hoy exmagistrado Alberto Rojas Ríos: “A mi juicio carece de coherencia ética que esta corporación avale la sanción que se le impuso a la magistrada María Antonia Cotes por dejar prescribir un asunto sometido a competencia, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional se demoró en fallar cinco años, plazo similar a la extinción de la acción disciplinaria”.

Y remató señalando que “es paradójico que la Corte tome esa determinación incurriendo en la misma falta que se reprochó”. En pocas palabras, Rojas Ríos no estuvo de acuerdo en que se censurara a la magistrada Cotes por dejar vencer los términos del expediente de Foncolpuertos, cuando las tutelas de este caso estuvieron media década empolvándose. En el rifirrafe de junio pasado, Jorge Pretelt respondió a las acusaciones de Pinilla alegando que este último “fallaba las tutelas después de cinco años”. Y no sólo eso: “Nilson Pinilla está acostumbrado a maltratar en la Sala a sus compañeros y yo no me dejé”.

Al margen de la discusión que se desataría días después, Rojas Ríos recordó que la Corte Constitucional tiene un “papel protector” frente a los derechos fundamentales de las personas. Por eso, “la dilación injustificada en expedir la decisión de fondo implicó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso de los actores y que se mantuviera la afectación de las garantías constitucionales de ellos”. Más aún cuando la recopilación de las pruebas para emitir el fallo se concluyó en 2009.

Hoy ni Pinilla ni Rojas están en la Corte Constitucional. El primero cumplió su edad de retiro fungiendo como magistrado —un hecho que el mismo Pretelt criticó en medio de la discusión mediática— y al otro el Consejo de Estado le anuló la elección pocos días después de la polémica. A pesar de estas diferencias, es necesario resaltar que el salvamento de Rojas Ríos constituye un fuerte llamado de atención a la justicia y, en general, a la atención, trámite y diligencia que se les da a las tutelas.

Máxime cuando son el mecanismo que tiene la población para proteger posibles vulneraciones a sus derechos de la manera más expedita. Un mandato que no debe echarse en saco roto y que representa un reto ante los eternos arrumes de expedientes que se acumulan en los despachos judiciales. Este regaño que dejó Rojas Ríos recuerda la gravedad de las dilaciones. Esas de las que se habla tanto por estos días.

 

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