¿Regresará extraditado a Colombia Andrés Felipe Arias?

Fue arrestado este miércoles por la Policía migratoria de Estados Unidos. Este viernes una juez de la Florida definirá si lo extradita o espera que se defina si recibe o no asilo político.

El exministro Andrés Felipe Arias fue condenado el 17 de julio de 2014 a 17 años de prisión. / Archivo
El exministro Andrés Felipe Arias fue condenado el 17 de julio de 2014 a 17 años de prisión. / Archivo

Hasta el viernes se conocerá si Andrés Felipe Arias será extraditado a Colombia o seguirá en Estados Unidos mientras se define su petición de asilo. Fue por un tuit del expresidente Álvaro Uribe que se conoció que la protección temporal que tenía el exministro de Agricultura en Estados Unidos tambalea, pues en la mañana del miércoles la Policía Migratoria de ese país lo arrestó en su casa, en el estado de Florida, con el argumento de que en su contra existía una orden de captura con fines de extradición emitida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia desde 2014.

Arias, quien lleva más de dos años en EE. UU., fue llevado ante una juez para que se definiera su situación. En la audiencia, la defensa del exministro Arias indicó que no podían extraditarlo porque el gobierno estadounidense aún no se había pronunciado sobre el asilo político. Arias lo solicitó desde antes del 17 de julio de 2014, día en que fue condenado en Colombia a 17 años y 4 meses de prisión, y a pagar una multa de más de $30.000 millones por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. La jueza señaló entonces que el exministro quedaría detenido hasta el viernes, día en que tomará una decisión luego de revisar los documentos que le entregaron los abogados defensores.

Andrés Felipe Arias fue condenado por la Corte Suprema luego de tres años de proceso. En julio de 2011 había sido capturado por orden de la Fiscalía, recobró su libertad en junio de 2013 y durante un año asistió a todas las audiencias de juicio. Sin embargo, el 3 de julio de 2014, día en que se supo que Arias había sido hallado culpable, el exministro no hizo presencia. Eso prendió las alarmas y, ocho días después, se conoció que el exministro había salido del país el 13 de junio, un mes antes, rumbo a Miami junto con su familia. Arias ya había empezado a adelantar su petición de asilo político en Estados Unidos cuando la Corte Suprema reveló que Arias pasaría 17 años en prisión.

El escándalo que envió a Arias a la cárcel se destapó con una publicación de la revista Cambio, en la que se señalaba que un grupo de terratenientes se había apropiado irregularmente de los subsidios que entregaba el programa Agro Ingreso Seguro, creado en 2006 para medir el impacto del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. y apoyar a campesinos en proyectos de agricultura. La forma en que se robaron los recursos fue parcelando grandes fincas para que les entregaran más recursos. Familias como los Dávila y los Vives Lacouture fueron los protagonistas del escándalo y varios de sus miembros terminaron condenados por haberse apropiado de más de $26.000 millones irregularmente.

A Andrés Felipe Arias lo condenaron por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Según la Corte Suprema de Justicia, Arias como ministro de Agricultura no veló por los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad cuando firmó los convenios de más de $550 mil millones de Agro Ingreso Seguro con el IICA, pues lo habría tenido que hacer a través de una licitación o concurso público y no por contratación directa –o a dedo–.

La Corte sostuvo que Andrés Felipe Arias siempre tuvo gente de su entera confianza manejando los procesos de Agro Ingreso Seguro y que la justificación para entregar de forma directa los contratos no era válida, pues nada tenían que ver con temas de “ciencia y tecnología”. La ley permite que contratos de este tipo no vayan a una licitación pública. “Entonces, como el verdadero objeto de estos negocios jurídicos no permitía, por expresa prohibición legal, contratar de manera directa con el IICA, se recurrió a celebrarlos como convenios especiales de ciencia y tecnología para acudir a esa forma excepcional de elegir al contratista, con lo cual se obvió, de una parte, el deber de selección objetiva”, se lee en el fallo.

Frente al tema de peculado por apropiación de terceros, es decir, por la plata que lograron obtener los terratenientes, la Corte dijo que el exministro Arias tenía conocimiento de que estaba cometiendo una ilegalidad. “No puede desconocerse que los beneficiarios de los recursos, además de pertenecer a un concreto sector del agro –el de cultivadores de palma de aceite–, estaban ubicados en una específica zona del país y vinculados en parentesco con miembros de un reconocido grupo político de la costa Caribe, los señores Vives Lacouture, hecho de singular importancia para quien como el doctor Arias Leiva, además de contar con toda una trayectoria en el sector público, tenía aspiraciones políticas”, sostuvo el alto tribunal.

“Las maneras a través de las cuales el ministro permitió esa apropiación ilegal de dineros públicos por parte de terceros, fueron las siguientes: fraccionamiento ficticio de un inmueble para presentar proyectos vinculados con los predios resultantes como si se tratara de diferentes fincas; asignación y entrega, en idéntica o en sucesiva convocatoria, de varios subsidios para el mismo grupo familiar y/o empresarial, y obtención de subsidios para proyectos que no satisfacían los requerimientos técnicos de la convocatoria, mediante una recalificación no prevista en el concurso, efectuada por un ‘grupo de expertos’”, dijo la Corte Suprema.

Al conocerse la condena, varios sectores la rechazaron al advertir que se trató de un programa gubernamental que operó de forma legal y que era injusto sentenciar a Arias, pues no se había robado un solo peso. Otros, por el contrario, cuestionaron el monto de la pena y lo calificaron de excesivo, al advertir que el error del exministro de Agricultura fue por omisión. Es decir, que si bien no creó un programa para robarse subsidios del agro y dárselos a familias de terratenientes, su pecado fue no estar al pendiente de cómo se entregaban los recursos de Agro Ingreso Seguro.

Mientras a los miembros de las familias vinculadas al desfalco del agro colombiano le dieron penas menores a 34 meses –por ser condenas tan bajas no tuvieron que ir a prisión–, a Andrés Felipe Arias le impusieron una sentencia de más de 17 años. El exministro, además, tiene una sanción disciplinaria de la Procuraduría que lo inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos. Por ahora está en manos de una juez de Estados Unidos el futuro de Arias, quien salió del país alegando persecución política en su contra por parte del gobierno Santos.