"Regresaré a Colombia cuando mi presencia sea requerida": Morelli

La excontralora Sandra Morelli aseguró este jueves desde Italia que comparecerá ante la justicia cuando sea formalmente requerida, puesto que su abogado es quien la representa en el país.

Este jueves la excontralora General, Sandra Morelli Rico, se refirió a su situación jurídica en Colombia, reiterando que no es una prófuga de la justicia y que comparecerá ante los estrados cuando sea formalmente requerida por una autoridad judicial.

Morelli –quien explicó que hasta ahora, en ninguna de las etapas del proceso su asistencia ha sido obligatoria– sostuvo que acudirá al país el próximo 7 de septiembre, fecha fijada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para realizar la audiencia de acusación, por el caso de supuestas irregularidades en la contratación de una nueva sede de la Contraloría.

“Regresaré cuando mi presencia sea requerida, para que el curso normal del proceso no se afecte. Mi presencia va a ser una realidad cuando sea requerida jurídicamente, cuando el magistrado diga la fecha puntual, no en función de la presión mediática”, manifestó la excontralora en diálogo con Blu Radio.

Reiterando que no hay una medida de aseguramiento en su contra, Sandra Morelli agregó “tengo muchas ganas de contar la verdad, de decir cómo son las cosas y explicarlas con todo detalle. A mí es a quien más le importa estar en la audiencia”.

Morelli Rico es investigada por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y pecuado por apropiación a favor de terceros. En repetidas oportunidades ha calificado este porceso como "una persecución penal" por parte del fiscal General, Eduardo Montelagre.

Para el ente investigador, la entonces jefe del ente de control fiscal no justificó de manera correcta los motivos para arrendar estas nuevas oficinas. Igualmente se le cuestiona el excesivo costo del arriendo por el periodo de cuatro años. En diciembre del año pasado dicho contrato terminó y la Contraloría General tuvo que buscar varias sedes alternas.

Según la Fiscalía, el proceso de contratación no contó con los requisitos exigidos, evadiendo los estudios técnicos y de mercado para inferir la necesidad de trasladar las oficinas ubicadas en los edificios Crisanto Luque y Colseguros, en el centro de Bogotá. La Fiscalía reprochó el hecho que la firma de estos contratos no fuera la más favorable para los intereses del Estado.

También ha sido objeto de acusación, el hecho de que se hayan pagado los cánones de arrendamiento correspondientes a dos meses por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos, puesto que estos no fueron utilizados durante esos 60 días por los funcionarios, empleados y oficina central del ente de control fiscal. A esta cifra se le suman los costos globales generados por los dobles pagos realizados al contratista.

Igualmente se indica que existen fallas en la venta de las dos sedes propias de la Contraloría General de la República en los cuales se desconocieron los requisitos legales exigidos en este tipo de contratos. El pasado mes de diciembre un juez se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento a la excontralora general.