La relación entre los paramilitares y la Fuerza Pública

Compulsan copias ante la Fiscalía y la Procuraduría General para investigar a funcionarios públicos, militares, policías y civiles por los hechos que llevaron a la creación y expansión de estos grupos armados ilegales.

El 14 de enero de 1990 un grupo de 60 paramilitares, siguiendo órdenes de Fidel Castaño Gil, ingresaron en dos camiones y cuatro camionetas al municipio de Pueblo Bello, en Turbo (Antioquia). En la plaza del pueblo retuvieron a 43 personas, entre ellos un menor de edad, como represalia por el hurto de 30 cabezas de ganado del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia por parte de una organización criminal insurgente.

Acto seguido los subieron a los vehículos y los trasladaron a la finca 'Las Tangas', considerada el centro de operaciones del clan Castaño Gil. Allí los torturaron y asesinaron. Según los testimonios de algunos desmovilizados del Bloque Calima de las AUC que participaron en la acción, la movilización de estos hombres fuertemente armados se logró gracias a la complicidad de las Fuerzas Militares.

Y es que, según los relatos, tanto el Ejército como la Policía Nacional habían creado fuertes vínculos de colaboración con dicho grupo armado ilegal. Si no, de otra manera, cómo se podría entender que en tres camionetas hombres vestidos de camuflado pasaran desapercibidos en su recorrido de ida y vuelta ya con los rehenes.

Según las declaraciones el teniente Fabio Rincón Quiñonez no solo permitió el paso de los vehículos por un retén militar, sino que un oficial de apellido Quiñonez incluso ayudó a los paramilitares a cambiar la llanta de uno de los vehículos que habían sido hurtados ese mismo día.

Y es que según las pruebas, 60 hombres que portaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas se movilizaron a su merced por una zona en la que había sido ubicado un retén del Ejército en la vía que conducía del municipio de San Pedro de Urabá a Puerto Bello y por la base militar y el comando de Policía de San Pedro de Urabá donde estaba acantonado el Batallón de Infantería ‘Francisco de Paula Vélez’.

“Ninguno de estos controles representó un obstáculo y eso indica que la operación se llevó a cabo gracias a la aquiescencia y colaboración de la Fuerza Pública. Esta cooperación fue corroborada por sus mismos partícipes y por las víctimas y testigos de los hechos”, precisa uno de los apartes de la sentencia emitida en contra del excomandante paramilitar Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’.

Ocho días después de estos hechos hombres vestidos con prendas militares y quienes manifestaron hacer parte de la base militar de Carepa llegaron en helicóptero al municipio de Pueblo Bello “y con base en una lista” repartieron sobres con 50 mil pesos a los familiares de las personas que se encontraban desaparecidas. Según los testimonios el dinero, que muchos rechazaron, fue entregado por un militar de apellido Clavijo.

Ante estos hechos la Sala compulsó copias para al Teniente Quiñones, al Oficial Clavijo y a todos los comandantes, oficiales y suboficiales que se encontraban en ese momento al frente de los puestos, sedes, batallones y retenes del Ejército y la Policía en el trayecto que conduce de Pueblo Bello a la finca Las Tangas y en los municipios de San Pedro de Urabá y Valencia.

En su determinación se tuvo en cuenta la condena contra el Estado colombiano emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal y a la libertad personal por el incumplimiento de su obligación de garantizar esos derechos y haber facultado a sus deberes de prevención, protección e investigación.

Las fallas en las investigaciones

La Sala le ordenó al Fiscal General asumir de manera pública su compromiso "de investigar hasta su culminación" los procesos que se adelantan contra oficiales superiores de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y civiles por su participación en los hechos que rodearon la creación, expansión y consolidación de grupos paramilitares.

El Tribunal hizo un llamado de atención debido a las fallas que se han presentado hasta el momento en las investigaciones en contra de un grupo de personas señaladas de ser los promotores, financiadores, organizadores, patrocinadores o colaboradores de estos grupos armados ilegales en varias regiones del país.

En este sentido se manifiesta que es menester establecer si con su actuar permitieron las graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidos por éstos o que actuaron en connivencia o concierto con ellos.

Para velar por el cumplimiento y desarrollo de estas investigaciones se le ordenó al ente acusador, además, presentar un informe de las acciones y los avances en las investigaciones de dichos responsables, así como las indagaciones que se adelantan en contra de funcionarios de la Fiscalía General que habrían actuado de manera negligente en estos casos.

Además se le pidió a las procuradurías delegadas para los derechos humanos y la Rama Judicial que adelanten el respectivo seguimiento a las funciones realizadas por la Fiscalía General "con miras a ejercer todas las acciones y recursos necesarios para lograr el cumplimiento de las labores de investigación y persecución de dichos delitos".

Igualmente le ordenó al jefe del Ministerio Público adelantar las investigaciones disciplinarias de un grupo de funcionarios públicos que según los testimonios de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) habrían tenido alguna relación con dicho grupo paramilitar, y que por acción u omisión habrían permitido su actuar delincuencial.