Remiten a la JEP proceso contra José Miguel Narváez por tortura psicológica a periodista

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La decisión la tomó la juez Nidia Angélica Carrero, quien lleva el juicio en contra del exdirector del DAS, asegurando que la persecusión que sufrió la periodista Claudia Julieta Duque se dio en el marco del conflicto armado. La periodista y sus abogados calificaron de “aberrante” la decisión.

A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han llegado numerosas solicitudes de acogimiento. Entre estas están las de José Miguel Narváez, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y William Alberto Merchán, exdetective de Contrainteligencia del mismo organismo, ambos en juicio por adelantar acciones de tortura psicológica en contra de la periodista Claudia Julieta Duque. Este lunes se conoció que la jueza 2ª Penal Especializada de Bogotá, Nidia Angélica Carrero Torres, quien llevaba el proceso en la justicia ordinaria, remitió el caso a la JEP en atención a las solicitudes de acogimiento que hicieron ambos exfuncionarios. La periodista rechazó tajantemente esta decisión.

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Narváez y Merchan se presentaron a la JEP como agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública, asegurando que el proceso en su contra tiene relación con el conflicto y tiene como génesis el llamado escándalo de las “chuzadas del DAS” (interceptaciones y seguimientos a periodistas, magistrados y opositores), por el cual también respondió en juicio. La jueza Carrero aceptó esos argumentos y concedió el envío del expediente a la JEP, tal y como habían solicitado los abogados de los exfuncionarios, en decisiones emitidas de manera separada el pasado 27 de febrero y 1º de julio, pero que solo se hicieron públicas este lunes.

En la decisión de Naváez, la juez dijo que las labores del extinto DAS de perseguir periodistas, opositores políticos, líderes sociales y organizaciones de derechos humanos desde el grupo “G3″ están relacionadas con el conflicto: “(Narváez) habría asesorado e impartido órdenes tendientes a realizar seguimiento a miembros de grupos opositores del gobierno de tendencia ideológica de izquierda, por lo que resulta deducible que la causa del delito de tortura agravada del que se le acusa fue la política de persecución concertada al interior del DAS para defender al parecer al gobierno de turno de lo que se conocía como “ideología comunista” y que por ello algunos de sus integrantes fueron equiparados a grupos armados ilegales en su tratamiento, con lo cual se evidenciaría la relación de causalidad entre el conflicto armado y la realización del delito presuntamente ejecutado por el procesado”.

Según la juez, en este caso se cumplen varios requisitos para que sea de conocimiento de la JEP por tratarse supuestamente de un a infracción al Derecho Internacional Humanitario, entre otros. En dialogo con El Espectador, la periodista Claudia Julieta Duque rechazó la decisión y la calificó de absurda. “La jueza argumentó que la tortura en mi contra hace parte de los delitos ocurridos en el marco del conflicto y es muy delicado referirse al DIH en este caso. El DIH son las normas de la guerra. Es decir, que se está asimilando mi caso con víctimas del conflicto, con combatientes reducidos, o con heridos, sujetos que cobija el DIH, cuando nunca ha estado cerca de un arma, nunca he estado en una zona de guerra. Decir que fui torturada en acciones propias del conflicto armado es una aberración jurídica”, aseguró.

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Para 1999, Duque denunció la presunta participación de organismos del Estado, especialmente del DAS, en el asesinato del humorista y periodista Jaime Garzón. Además, había trabajado en los temas más álgidos del país: corrupción, paramilitarismo y narcotráfico. Estas fueron razones suficientes para que, en 2001, al interior del DAS se elaborar un plan en contra de la periodista que inmiscuía amenazas, hostigamientos, persecuciones e interceptaciones ilegales. El delito fue considerado de lesa humanidad en 2017. Sin embargo, con la declaratoria el proceso se detuvo.

En entrevista con El Espectador, a finales de enero del año pasado, la periodista afirmó que “hubo una decisión política de paralizar los casos y ahora vemos las consecuencias: todos los tipos libres y audiencias ralentizadas. Hubo un tiempo en el que hubo avances, de los cuales la propia Fiscalía se jactaba, diciendo que había roto la impunidad en los casos del DAS. Pero cuando lo declararon de lesa humanidad se paralizó”. En ese mismo momento, William Alberto Merchán, quien estuvo a cargo de la “inteligencia técnica” en contra de la periodista, fue dejado en libertad.

En el caso de Merchán, la juez envió el caso a la JEP asegurando que “en el marco del conflicto armado, en un contexto de enfrentamientos de distinta intensidad, acuerdos de paz y desmovilización de algunos adores armados, el DAS desplegó múltiples operaciones en el territorio nacional”. Con esta decisión, el juicio en contra de ambos exfuncionarios que se adelantaba en la justicia ordinaria queda suspendido hasta que la JEP decida si lo admite o no. Para Duque, la decisión “deja maniatadas a las víctimas”.

“Es una decisión a la que no podemos interponer algún recurso y eso es delicado. Hemos pensado en poner una tutela, pero muy posiblemente que recibamos como respuesta esperar a que el caso se resuelva dentro de la JEP”, agregó la periodista. Asimismo, señaló que “considerar estos delitos como propios del conflicto es gravísimo. Eso quiere decir que en este país es doctrina militar torturar y asesinar personas por su postura de pensamiento. Eso no tiene nada que ver con las dinámicas del conflicto armado”.

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