La reparación a Carlos García

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado por la detención injusta y el daño al buen nombre del excongresista García Orjuela, quien fue absuelto en un proceso por supuestos nexos con el bloque Tolima de los paramilitares.

El excongresista Carlos García Orjuela. / El Espectador
Por ser privado injustamente de la libertad y haberle afectado su buen nombre, el exsenador tolimense Carlos García Orjuela tendrá que ser reparado económica y simbólicamente, según lo ordenó recientemente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. García hace parte de la reducida lista de congresistas que se salvaron de ser condenados por parapolítica. Fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia el 29 de septiembre de 2010, luego de que se demostrara que los testigos incurrieron en falsedades y no se pudieron probar las supuestas reuniones con alias Elías, el comandante del bloque Tolima de los paramilitares.
 
Al Estado le obligaron a pagar en marzo de 2014 a García Orjuela y a su familia alrededor de $450 millones. Sin embargo, el excongresista apeló la decisión, ya que sus pretensiones son de $2.000 millones. El pasado 18 de febrero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una resolución en la que precisó que el exsenador y la Fiscalía conciliarán una serie de puntos para dar cumplimiento a la sentencia emitida hace menos de un año. “Vamos a conciliar y vamos a hacerlo rápidamente, porque no puedo vivir pegado de un peso más o un peso menos. Es una reparación millonaria y que ofende a gente humilde, porque ordena que a un senador se le pague”, precisó García.
 
Entre las determinaciones que tomó la corporación está: “Que en un acto público en un recinto cerrado acordado por las partes, que se llevará a cabo en la ciudad de Ibagué en un día hábil del mes de mayo de 2015, un representante del Consejo Superior de la Judicatura en representación de la Rama Judicial y de la Fiscalía, como muestra de la reparación simbólica a la honra, buen nombre y dignidad, ofrecerá disculpas al doctor Carlos García Orjuela, a su esposa, hijos y electores”. Asimismo, acorde con los parámetros de la justicia internacional de derechos humanos sobre la reparación al daño causado por la injusta detención, se ordenó la eliminación de las bases de datos y motores de búsqueda en internet de toda referencia que haya afectado o pueda afectar el buen nombre del excongresista.
 
En pocas palabras, que todas las noticias y comunicados que se registraron sobre el proceso contra el exsenador García deberán desaparecer de Google. La tortuosa batalla jurídica del excongresista comenzó el 10 de abril de 2008, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa. Ya el 11 de agosto de ese mismo año, después de que el alto tribunal realizara un recuento del paramilitarismo en Tolima y sus nexos con el narcotráfico, se ordenó su detención preventiva. Ocho días después, García renunció a su investidura y la Corte se declaró incompetente.
 
El expediente pasó a manos de la Fiscalía, que el 25 de febrero de 2009 emitió resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir. En medio de las pesquisas se empezó a denunciar los falsos testimonios de Ricaurte Soria Ortiz, alias Carlos Orlando; John Jairo Silva Rincón, alias Soldado, y José Albeiro García Zambrano, paramilitares que aseguraban que en octubre de 2001 el entonces presidente del Congreso se había reunido en varias oportunidades con Juan Alfredo Quinza, alias Elías, para recibir apoyo electoral para la campaña de 2002.
Finalmente, la Corte Suprema retomó el proceso en septiembre de 2009 y un año después determinó que, por duda probatoria y tras haber desvirtuado las declaraciones de los desmovilizados, absolvía a Carlos García Orjuela. Tras quedar en libertad, el excongresista presentó en 2011 una demanda contra la Nación en el tribunal de la Gran Instancia en París, por tener nacionalidad francesa. Sin embargo, el Estado colombiano le pidió que trasladara el expediente al país. El 1º de diciembre 2013 se admitió la demanda y en marzo de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al exsenador.
 
“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que me deben reparar tanto económica como simbólicamente y pedir excusas a mis hijos, mi esposa y a mí. Y también a mis electores, por haberles privado de un líder como yo al ser senador de los tolimenses y presidente del Congreso. La otra parte es corregir las bases de datos y en donde quiera que haya una anotación contra mi buen nombre, poner absolución”, manifestó García Orjuela.
 
Agregó que lo más importante es capacitar a todos los fiscales e investigadores para evitar procesos soportados simplemente en testimonios. “Hay que mirar el interés del falso testimonio y del individuo que generalmente es un delincuente que quiere beneficios, que según ha dicho la historia, poco se les puede creer. No actuar a la ligera. Que la justicia colombiana debe avanzar en un proceso de formación, donde la prueba objetiva, la fotografía y el video son más importantes que los chismes de quienes quieren confundir a la justicia”.
 
El caso de García Orjuela se suma a los que padecieron el senador Luis Fernando Velasco y la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez. A los dos primeros les precluyeron la investigación por supuestos nexos con paramilitares al evidenciar que se trataba de un montaje orquestado por desmovilizados que buscaban recibir beneficios jurídicos. Finalmente, la propia Corte y la Fiscalía demostraron que se trataba de un cartel de falsos testigos que estaban engañando a la administración de justicia.
 
En cambio, el caso del excongresista José de los Santos Negrete es similar al de García Orjuela. De los Santos estuvo preso y en su juicio se logró demostrar que, a pesar de haber firmado el Pacto de Ralito, los testigos en su contra carecían de verdad y no había prueba material suficiente. El expresidente del Partido de la U anunció su retorno a la arena política. García será candidato a la Gobernación del Tolima. A pesar de haber estado preso dos años, la vena política aún le pica —fue senador desde 1994 hasta 2008— y, según ha dicho, la cárcel lo transformó. Por ahora, solo queda esperar en cuánto queda tasada la indemnización que deberán pagar la Fiscalía y la Rama Judicial. 

 

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