Reparación a la lucha sin armas

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, en el Magdalena Medio, han sido víctimas de violaciones a los DD.HH. por parte de los actores del conflicto armado en Colombia.

Silvia Duzán fue asesinada junto a tres líderes de la ATCC. Este crimen es uno de los más repudiados en Colombia.  /Archivo
Silvia Duzán fue asesinada junto a tres líderes de la ATCC. Este crimen es uno de los más repudiados en Colombia. /Archivo

Bajo el fuego cruzado ha vivido la población de la región del Carare en el Magdalena Medio santandereano, especialmente en el municipio de Cimitarra (Santander), desde los años 60. Guerrilleros de las Farc, el Eln, el M-19; paramilitares; la Fuerza Pública; y el extinto y temido grupo Muerte a Secuestradores (MAS), fueron los actores que derramaron la sangre de una comunidad que luchaba por tener un territorio de paz. En junio de 1987 se creó en el corregimiento La India (Cimitarra) la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), con el propósito de crecer económicamente y negarse a tener alianzas o nexos con cualquier grupo armado, legal o ilegal.

Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los miembros de la ATCC, como torturas, asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, desapariciones de líderes, amenazas, destrucción de sus bienes, uso de minas antipersonal, conllevaron que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la Unidad Nacional para la Atención y Reparación de Víctimas crearan un plan de reparación colectiva para todas las organizaciones y personas que pertenecen a la ATCC. Hoy es uno de los cinco planes piloto que tiene el Gobierno, que desde el año pasado está siendo trabajado por miembros de la comunidad, la gobernación de Santander y distintas entidades del Estado.

Las aspiraciones de construir territorios de paz de la ATCC fueron respetadas en un principio por los grupos al margen de la ley. Sin embargo, la desconfianza de algunos comandantes paramilitares provocó que fueran asesinados la noche del 26 de febrero de 1990 tres de sus líderes —Josué Vargas, presidente de la ATCC; Miguel Ángel Barajas, asesor técnico de la Asociación, y Saúl Castañeda, secretario de la organización— junto a la periodista Silvia Duzán. El crimen, que se dio en el restaurante La Tata, a escasos metros de la estación de Policía, tenía como objetivo sacar del camino a los líderes que tenían fuerte influencia política en la región.

La comunidad, a pesar de los múltiples crímenes de los que fue víctima, jamás dejó de interesarse en su proyecto de construir paz y por esta razón les fue concedido el Premio Nobel de Paz Alternativo en 1990. Asimismo, en 2001, 2003 y 2004 realizó concentraciones de resistencia civil en contra de la violencia paramilitar que azotaba la región.

El plan de reparación colectiva de la ATCC, que fue creado por los mismos miembros de la organización, cobija a seis municipios de Santander: Cimitarra, Landázuri, Bolívar, El Peñón, Sucre y La Belleza. Además, se basa en cinco programas centrales: un programa de construcción de una cultura de paz y reparación simbólica; un plan de atención en salud y rehabilitación psicosocial comunitaria; un programa agroforestal de restitución del medio ambiente y del trabajo campesino; crear un programa de fortalecimiento organizativo y recuperación de la institucionalidad; y restituir los bienes colectivos.

Entre las 55 acciones de reparación que más se destacan en el proyecto que fue aprobado por la Unidad de Víctimas y la ATCC el 15 de diciembre de 2012, se encuentra un plan para implementar cátedras académicas sobre reconstrucción de memoria histórica y paz, la construcción de 15 escuelas en las veredas que no tienen acceso a la educación y la creación espacios deportivos y recreativos que recuerden la labor que hace la ATCC como comunidad de paz. Asimismo, gestionarán ante el Ministerio de Cultura o el Congreso Nacional la creación de una declaratoria de Patrimonio Intangible de Paz Nacional.

También, el proceso de reparación colectiva intenta reconstruir los bienes que destruyeron los ‘paras’ a la ATCC y busca garantías de no repetición a través de persecución a los grupos ilegales, transparencia en Fuerza Pública y monitoreo constante de DD.HH. en la región. Igualmente, propone un plan para luchar contra el narcotráfico a través de la sustitución de cultivos ilícitos y un plan para difundir sus propuestas de paz dentro de los organismos del Estado para acelerar los procesos judiciales que existen en contra de sus victimarios.

La ATCC es una de las comunidades que mayor impacto han tenido en los procesos de construcción de paz y, de igual forma, han sido víctimas de todos los actores del conflicto, como lo resalta el informe del Centro de Memoria Histórica de 2011, que se titula “El orden desarmado: La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)”. Este año ya se han implementado las primeras acciones de reparación como la construcción y adecuación de espacios culturales, como museos.

 

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