Victimas del Palacio de Justicia indignadas con la reparación del Estado

Este sábado se vence el plazo que dio el fallo de la Corte IDH al Estado para indemnizar a los familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia. Víctimas denuncian que no se está cumpliendo con la sentencia.

Revictimización. Injusticia. Incertidumbre sobre la suerte de sus familiares y la falta de verdad de los hechos. A esto se han tenido que acoger los familiares de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia durante 31 años. En 2014, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dijo que el Estado colombiano era responsable por la desaparición de 11 personas que estaban adentro del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y salieron con vida, pensaron que por fin se iban a acabar los tiempos difíciles y que, aunque habían pasado más de tres décadas, el país iba a reconocer que lo que les pasó fue una injusticia que debía ser reparada.

Ahora, todo parece indicar que estaban equivocados. El próximo sábado, 10 de diciembre, se cumple el plazo impuesto por la Corte IDH para que Colombia repare económicamente a las víctimas. El Espectador conoció las resoluciones con las que el Ministerio de Defensa, entidad encargada de realizar los pagos económicos, tasó el monto que le corresponde a cada uno de los afectados. Los mismos documentos fueron conocidos la semana pasada por los familiares de las víctimas y, nuevamente, denuncian atropellos, revictimización e injusticia. La resoluciones fueron emitidas el pasado 22 de noviembre.

El tema que despertó la indignación de los familiares es una interpretación jurídica. El fallo de la Corte IDH, en su párrafo 603, dice textualmente: “la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$100 mil a favor de las once víctimas de desaparición forzada, incluyendo a Carlos Horacio Urán Rojas”. Afirma además que US$40 mil se deben destinar a favor de los hermanos de las víctimas y US$80 mil a favor de las madres, padres, hijos, cónyuges y compañeros permanentes de las víctimas del holocausto.

El problema radica, aseguran los abogados de los afectados, en que el Ministerio de Defensa está interpretando ese párrafo como si ese monto de dinero se tuviera que repartir entre todos y no uno para esposa, hijo, mamá o hermano de cada familia. Este diario consultó a varios abogados expertos en reparación de víctimas y aseguraron que el párrafo de la Corte resulta confuso pues, si se tienen en cuenta el contexto y antecedentes de la propia Corte IDH, no es usual que un organismo internacional de la talla de este tribunal condene por tan poco dinero.

Para ser más puntuales, en el caso de los hermanos, por ejemplo, el monto que les está asignando el Ministerio de Defensa es de US$869, es decir, casi $2’500.000 o cuatro salarios mínimos. Si la cifra se traslada a la jurisprudencia colombiana, es casi imposible encontrar una condena a la Nación por ese monto. Lo normal, dice el Consejo de Estado, es que sean por lo menos 30 salarios mínimos cuando se trata de hermanos de víctimas. “Quizás hay un error en la redacción del fallo de la Corte IDH”, explicó un experto en el tema de reparación.

El mismo caso sucede con los padres, hijos y esposas de Carlos Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Beltrán, Gloria Lizarazo, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Irma Franco y Ana Rosa Castiblanco, los once desaparecidos del Palacio de Justicia mencionados por la Corte IDH. Para Juan Francisco Lanao, hijo de Gloria Anzola, se trata de un acto de revictimización y de un proceso de liquidación que se está haciendo de forma irregular.

El reclamo de las víctimas

“Esto es pasar por encima de la dignidad de las víctimas y revivir el sufrimiento de todas en este caso”, le dijo Lanao a El Espectador. La misma posición la mantiene René Guarín, hermano de Cristina Guarín, cuyos restos fueron devueltos a su familia solo este año. Guarín recuerda que esta diferencia en la interpretación ya se había dado en la Corte IDH hace un tiempo y había quedado claro que las cifras corresponden a cada uno de los familiares. Se refiere al caso de Carlos Luna López, defensor de derechos humanos y medio ambiente de Honduras asesinado 1998, cuya familia presentó el caso en la Corte IDH y el Estado fue condenado por su responsabilidad.

El hijo de Carlos Luna López envió una carta a la Corte pidiéndole que explicara más a fondo cómo debían hacer las indemnizaciones a su familia pues, si se dividía los montos de dinero a todos los hermanos y familiares, como es el caso de Colombia y el Palacio de Justicia, lo que le correspondería a cada familiar sería una cifra irrisoria. El tribunal le dio la razón a los Luna López y sentó un precedente jurisprudencial para la interpretación de futuras sentencias.

“La posición actual del Ministerio de Defensa deja la duda de que esto no deriva de un error o falta de interpretación, sino que devuelve la sensación de la negligencia, falta de voluntad y consideración del Gobierno en este caso, donde los interrogantes abundan. Deja la sensación de un irrespeto total a la justicia colombiana y de interpretar, como si fuera burla, la sentencia de la Corte IDH”, agrega Juan Francisco Lanao, quien recuerda que no es la primera vez que se presentan problemas con el ministerio que dirige Luis Carlos Villegas.

Para el Colectivo José Alvear Restrepo, quien defiende a más de la mitad de las víctimas, resulta incomprensible las resoluciones que emitió el Ministerio de Defensa. Recuerda además que en las 16 veces que el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte IDH “se ha visto obligado a reparar por acción y omisión a las víctimas y a nadie se le habría ocurrido una perversa interpretación de la sentencia”. Para ellos, aunque se trata de un problema que tiene solución, requiere de la participación de funcionarios con voluntad, buena fe y respeto por las víctimas y sus derechos.

Desde el año pasado, para realizar el proceso de indemnización más ágil y sin atropellos, los familiares de las víctimas le pidieron al Ministerio que explicara los detalles de cómo se iba a realizar el pago. No hubo respuesta durante más de nueve meses. Fue hasta octubre de este año que los abogados de ambas partes y la Cancillería se reunieron en varias oportunidades para establecer los protocolos. Durante los diálogos nunca se habló de la interpretación del Ministerio y por eso fue mayor la sorpresa que se llevaron al ver las resoluciones firmadas por el director de asuntos legales de esa cartera, Carlos Alberto Saboyá.

Durante las reuniones, los abogados de las víctimas le pidieron al Ministerio que no pidiera el proceso de sucesión, una instancia judicial que se realiza para recibir el dinero de las personas ya fallecidas, para hacer los pagos más rápidos y porque era difícil conseguir esos documentos en menos de dos meses. El Ministerio, sin embargo, no cedió y el dinero de las personas ya muertas no se canceló, incluidos los 11 desaparecidos y 22 de sus padres que fallecieron sin encontrar a sus hijos ausentes.

“El Ministerio de Defensa a través de este accionar poco claro no solo contribuye a revictimizar, sino que da una clara señal de que no es una entidad comprometida con la paz y con la reconciliación en Colombia”, añade René Guarín, quien además le contó a este diario que ante la insistencia que han hecho las víctimas, el Ministerio les contestó que a partir del lunes se podría hacer una revisión de las resoluciones que ha emitido, eso sí, después de realizar los pagos.

En la Cancillería hay también preocupación por lo que está sucediendo. Tanto así que le solicitaron a la Corte IDH una aclaración del párrafo en el que se definieron los montos de las indemnizaciones. Aspiran a que antes del viernes reciban un pronunciamiento oficial para cumplir con el plazo para pagar el dinero: el 10 de diciembre, la misma fecha en la que Juan Manuel Santos recibirá el Nobel de Paz en Noruega y se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Desde el lunes, El Espectador intentó hablar con el Ministerio de Defensa y con el delegado de asuntos legales, Carlos Alberto Saboyá. Al cierre esta edición, la respuesta de la entidad fue: “Entenderá que el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa tiene muchas otras cosas que atender y es el tiempo que él disponga”.