Reparos del Estado colombiano a la sentencia de la Corte IDH sobre Petro

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La Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica analizaron los efectos de la decisión del tribunal internacional y preparan un documento para que se tenga en cuenta la constitucionalidad de Colombia en procesos contra funcionarios públicos.

Luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, las alarmas se prendieron en la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Para las entidades el fallo de la Corte IDH tendría como efecto posibles beneficios que los “corruptos” podrían aprovechar a su favor. El Ministerio Público aseguró que ya preparan un documento que presentarán a la tribunal interamericano.

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El pasado 18 de agosto, siete años después de que el entonces procurador general Alejandro Ordóñez destituyera como alcalde de Bogotá a Gustavo Petro, la Corte IDH concluyó que a Petro se le vulneraron sus derechos políticos. Así las cosas, el país deberá modificar las normas y así garantizar que ningún otro funcionario elegido por voto popular sea sancionado con la destitución del cargo por cualquier entidad que no sea judicial. La decisión dejaría maniatadas a organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.

Tras conocer la decisión de la Corte IDH, las entidades ya trabajan en la construcción de “los instrumentos necesarios para que la sentencia en el caso de senador Gustavo Petro contra el Estado colombiano no le abra las puertas a los corruptos”, dice la comunicación.

La situación no es para menos. Según el Ministerio Público, “la Corte IDH exige una serie de reformas a las facultades de la Procuraduría, haciendo caso omiso de la tradición constitucional y de la jurisprudencia colombiana”. Estos requerimientos tienen que ver con al cambio de las reglas de juego en los procesos disciplinarios en contra de funcionarios público elegidos en las urnas e involucrados en delitos de corrupción. Pero, para las entidades. las sanciones disciplinarias no sería lo único que cambiaría tras las exigencias de la Corte IDH.

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Para Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, la afectación a los derechos fundamentales y la obstrucción a la justicia les preocupa. Por esta razón, el procurador Fernando Carrillo Flórez y la viceprocuradora, Adriana Herrera Beltrán se reunieron con el director de la Agencia, Camilo Gómez Álzate y el Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez, para sentar las bases del recurso que llevarán hasta la Corte IDH.

De acuerdo con la comunicación de la Procuraduría, se planteará “la revisión de instrumentos jurídicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el control de convencionalidad frente a otros tratados suscritos por Colombia”.

Sobre el hecho, el Concejo Nacional Electoral ya tomó cartas en el asunto y aseguró que estudiará eventuales modificaciones a sus procedimientos. “Se busca actuar conforme al principio de convencionalidad y así dar cumplimiento al citado fallo, mientras que el Congreso de la República hace las reformas legales, explicó el presidente del organismo, Hernán Penagos.

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