Respaldo a diálogos con las Farc

En Ginebra, Suiza, varios países aplaudieron la iniciativa de buscar una solución del conflicto armado.

Delegación de Colombia en Suiza, compuesta por, entre otros, el vicepresidente Angelino Garzón (centro). / Cortesía: Arte Positivo
Delegación de Colombia en Suiza, compuesta por, entre otros, el vicepresidente Angelino Garzón (centro). / Cortesía: Arte Positivo

Avances sobre el conflicto, violencia contra la mujer, fuero militar, impunidad y situación de los defensores de derechos humanos: esos, podría decirse, fueron los temas que reinaron durante el segundo Examen Periódico Universal (EPU) que presentó Colombia ante el foro de las Naciones Unidas. Los diálogos con la guerrilla fueron respaldados por casi todos los 81 países que habían solicitado intervenir en este espacio: en 2008 al Estado colombiano se le recomendó trabajar en la búsqueda de la paz y eso, afirmaron los representantes de la administración Santos, es lo que se está haciendo.

La mayoría de países avalaron la promulgación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras pues, como se había discutido en el primer EPU cuatro años atrás, esta medida era fundamental para avanzar en la protección de quienes han sufrido el azote de la violencia. “Reiteramos que nos gustaría conocer la experiencia de países que estén reparando a las víctimas sin haber logrado la paz. Necesitamos conocerlas urgentemente para que sirvan como ejemplo”, expresó quien encabezaba la misión colombiana, el vicepresidente Angelino Garzón.

Países africanos, europeos, asiáticos y americanos, al unísono, le desearon a Colombia el mejor de los finales en cuanto a los diálogos en La Habana. El ministro del interior, Fernando Carrillo, lo asumió como el espaldarazo de la comunidad internacional: “Este, por supuesto, no es un argumento para dormirse en los laureles, sino para seguir adelante con muchísima más fuerza”, resaltó el alto funcionario ante periodistas. Carrillo, además, expresó que “no hubo mucho énfasis” en el tema de la reforma al fuero militar y que a este tema le faltaba otra discusión en el Congreso y pasar por control constitucional.

Sin embargo, desde antes de que la misión colombiana llegara a Ginebra, ya se decía en el Palacio de las Naciones Unidas que este tema inquietaba. Y bastante. Así lo dejaron saber 14 delegados, en su mayoría de potencias como el Reino Unido, Francia, Países Bajos, Alemania, Suecia o Australia. El llamado fue uno: que se evite a toda costa que la reforma al fuero, de cualquier manera, abra la puerta a la impunidad en las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales. Este tipo de crímenes había sido objeto de gran preocupación en el primer EPU colombiano y así quedó plasmado en las actas finales.

El gobierno colombiano resaltó que, según el último informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, en 2011 no se habían presentado denuncias por falsos positivos en el país. Representantes como el de Polonia, sin embargo, replicaron: “El relator especial para las ejecuciones arbitrarias o sumarias indicó en su reporte de mayo 11 de 2012 que las ejecuciones extrajudiciales continúan y que el progreso de las investigaciones es insuficiente. Quisiéramos saber las medidas adicionales que Colombia piensa tomar para remediar esa situación”.

La violencia contra la mujer, tanto en el marco del conflicto como fuera de él, fue otra de las preocupaciones que los delegados ante la ONU le trasladaron al gobierno colombiano. De España a Indonesia, de Sudáfrica a Honduras, de Australia a Irlanda: a la comunidad internacional le consterna la sistemática violencia que se ejecuta en el país contra las mujeres en distintos espacios: desplazadas, indígenas, defensoras de derechos humanos, por parte de actores armados. La meta es erradicar esta cruel práctica por completo

De hecho, Brasil y Hungría le pidieron a Colombia que invitara a la relatora especial de la violencia contra la mujer, con el fin de documentar este panorama. Acabado el evento, el ministro Carrillo no se mostró negativo ante la propuesta y aseguró: “Nosotros hemos montado una política pública integral de género. El énfasis de la Fiscalía del futuro va a estar en las violaciones de derechos humanos y en la defensa de la mujer. Por supuesto, indiscutiblemente seguimos con muchos retos, pero el balance es muy satisfactorio frente a lo que se había visto en otros años”.

Casi todas las delegaciones iniciaron sus intervenciones aplaudiendo la Ley de Justicia y Paz. Pero muchas de ellas, a renglón seguido, señalaban otra palabra: impunidad. Impunidad sobre casos de amenazas o asesinatos a defensores de derechos humanos y sindicalistas; impunidad sobre casos de mujeres agredidas; impunidad sobre el reclutamiento forzado de menores en el conflicto. Principalmente este último punto: “Estamos profundamente preocupados con el extenso reclutamiento y uso de niños por actores armados no estatales”, dijo el representante de  Austria.

No deja de llamar la atención que fueron los países del vecindario los que más se abstuvieron de manifestarse sobre asuntos políticos espinosos. Ecuador recomendó firmar una convención de 1961 “para reducir los casos de apatridia”; “Nicaragua felicita al país por su política de seguridad alimentaria y nutricional”; Chile sugirió “disminuir la brecha en la tasa de participación femenina en el mercado del trabajo”; Venezuela exhortó a Colombia a “seguir consolidando sus acertados planes para la reducción de la pobreza”. Y así siguió la lista de los latinoamericanos.

Se discutieron otros asuntos técnicos en materia de derechos humanos de protocolos y convenciones y, además, un número abundante de países habló de la problemática de la trata de personas. En palabras de uno de los diplomáticos colombianos, esas menciones se explican así: “Hace 15 días estuvimos discutiendo ese mismo tema aquí en Naciones Unidas y nos felicitaron. Eso quiere decir que la imagen del Estado colombiano ante la comunidad internacional está cambiando, que ya son otras cosas las que se discuten del país. No es que la trata no importe, sino que las discusiones de antes sobre Colombia eran otra historia”.

¿Qué es el Examen Periódico Universal?

El Examen Periódico Universal es un sistema instituido en 2006 por el entonces recién creado Consejo de Derechos Humanos. Es un mecanismo mediante el cual el Consejo vigila el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de cada uno de los 192 estados miembros. Todos los países del sistema de las Naciones Unidas tienen que pasar por este ‘paredón’ de derechos humanos y, en respuesta, reciben recomendaciones de otros países miembros. Consejos que pueden ser aceptados o no por el país examinado.

Cada año, 42 países presentan su Examen Periódico Universal. El único estado que hasta el momento ha incumplido su cita es Israel, en enero de este año, luego de suspender relaciones con el Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2012. Colombia pasó al banquillo por primera vez en 2008 y ayer lo volvió a hacer.