Restitución, por las buenas o por las malas

El Espectador documentó algunos de los problemas que enfrentan comunidades del Urabá antioqueño y chocoano en su cruzada por el retorno.

Manuel Oviedo en el predio que reclama como suyo, con los restos de la casa que le quemaron en medio de un desalojo el pasado 10 de febrero. Nelson Sierra
Tierras reclamadas hasta por cuatro propietarios, predios privados dentro de títulos colectivos, enfrentamientos violentos entre reclamantes y poseedores, presencia de grupos armados, proyectos productivos que se oponen a las tradiciones de las comunidades y gente “pescando en río revuelto” son algunos de los enredos que enfrenta el proceso de restitución de tierras en el que hoy parece haber más oscuridad que luz para los desplazados, los mismos que hace cuatro años con la firma de la ley creyeron con entusiasmo que volver a sus tierras era una realidad viable, pronta y feliz.
 
Uno de los asuntos más problemáticos y que está creciendo en proporción al tiempo que está tomando la restitución es el de las invasiones de los campesinos, quienes argumentando que los años que han estado por fuera, ni la salud, ni la juventud, ni la energía para trabajar la tierra les serán devueltas y que esperar ya no es una opción, están intentando recuperar lo suyo por las buenas o por las malas. Urabá, por ejemplo, una de las regiones emblemáticas del despojo, se está convirtiendo en una bomba de tiempo, toda vez que las reclamaciones de la tierra están pasando del papel a los hechos y de las amenazas a las agresiones.
 
Invasión y desalojos violentos
 
Manuel Oviedo salió de su finca el 13 de septiembre de 1996 cuando mataron a uno de sus hermanos. Mientras él y su familia fueron al funeral en Mutatá (Antioquia), los paramilitares cercaron la propiedad y no les permitieron regresar. Ese día, Manuel y su familia se sumaron a la lista de desplazados que salieron de la cuenca de La Larga y Tumaradó en 1996 por cuenta de la llegada de Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, y su grupo paramilitar El grupo de los 40 -facción de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), lideradas por los hermanos Castaño-.
 
En 2008, motivado por la desmovilización de las autodefensas decidió regresar, pero cuando llegó alguien le dijo que ese predio era propiedad privada y ahora pertenecía a Fabio Moreno. Según explicó Manuel, en una reunión que sostuvo con Juan Carlos Moreno, hijo de Fabio Moreno, éste reconoció que nunca le habían comprado su finca y le dijo que podía regresar a ella. Oviedo regresó, pero días después la Policía lo desalojó. Desde entonces entra a la finca cuando puede, construye un rancho de palos y plástico y sale cada vez que los trabajadores de la finca o la Fuerza Pública lo desalojan.
 
La última vez que eso pasó fue el 10 de febrero de este año, cuando luego de estar dos semanas en su tierra tuvo que salir corriendo de Monteverde junto con otras 13 familias que se habían instalado también en lo que reclaman como suyo. La denuncia que interpusieron al siguiente día precisaba que el desalojo lo habían hecho unos 80 hombres encapuchados, muchos de ellos a caballo y casi todos armados, algunos con pistolas o machetes.
 
Unos días atrás Juan Carlos Moreno le había ofrecido conseguirle un trabajo en el pueblo a cambio de irse junto con las demás familias invasoras con las que había llegado. Manuel se negó y la respuesta fue violenta.
 
El 6 de abril otros hechos relacionados con la misma finca fueron denunciados ante la Fiscalía. Unos 500 reclamantes de tierras se dirigían a la finca Monteverde en una manifestación pacífica cuando fueron interceptados por hombres armados con rifles de paintball, gases pimienta, palos y machetes. Cinco campesinos resultaron heridos.
 
Cuando Manuel se registró en la Unidad de Restitución pensó que su caso iba a ser resuelto con prontitud, pues a diferencia de muchos campesinos que bajo presión vendieron sus fincas, él nunca lo hizo. De hecho, cuando volvió a la región en 2008 y al año siguiente pagó impuesto predial de su finca, aun cuando no podía entrar a ella. No obstante, en 2010, cuando quiso pagar la factura del impuesto se enteró que su finca ya no estaba a su nombre y aparecía como propiedad de la empresa Todo Tiempo S. A., de la que son representantes legales Blanca Elvia Pérez de Moreno, esposa de Fabio Moreno, y Juan Carlos Moreno, su hijo. Según Manuel, en la oficina de Planeación le dijeron que su finca había sido englobada en Monteverde, una finca que tiene más de 1.000 hectáreas y que ha sido dispuesta para la siembra de palma de aceite y la cría de ganado.
 
En marzo de 2014, funcionarios de la Unidad de Restitución visitaron y midieron los predios de Monteverde. El 12 de enero de este año Manuel fue a la oficina de la Unidad a preguntar por su proceso, y según él lo que le respondieron fue desalentador: “Don Manuel, esté tranquilo, faltan seis años para que la Unidad termine de restituir toda la tierra y cuando lo hagan le van a dar a usted entre $6 y $7 millones para que no entre a su finca con las manos vacías”. Él contestó que no le interesa la plata, que él sólo quiere la tierra. Por eso decidió regresar y dice que seguirá intentando entrar a su finca. Dice también que está dispuesto a morir por su tierra, porque ella es la que le da la comida y porque eso es lo único que les va a dejar a sus hijos.
 
Retorno sin acompañamiento
 
Si bien en el país sólo se han emitido poco más de 1.000 sentencias de restitución, hay algunas personas, que a diferencia de la situación dramática que ha tenido que vivir Manuel Oviedo y sus vecinos cercanos de Bajirá y Nuevo Oriente, hay otras personas como José María Calle, cuya propiedad queda en el corregimiento de Macondo, en la cuenca de La Larga y Tumaradó, que han podido retornar, y a pesar de no tener aún el fallo de un juez que los respalde, han conseguido establecerse en la tierra que reclaman como suya.
 
José María Calle llegó en 1972 a Macondo, en el 85 el Incora le otorgó un título de propiedad y en el 96 abandonó su finca, Bonaire, luego de que le mataran a un hermano y dos cuñados. Calle se fue primero para Riosucio (Chocó) y luego para Cartagena. Allá recibió la llamada en la que le explicaban que podía reclamar en un banco la suma de $11 millones por la que le compraban su finca de 34 hectáreas. Jorge Mario Ruiz le compró Bonaire sin que él la estuviera vendiendo. Calle recibió la plata, pero nunca firmó ningún documento por la venta.
 
En 2008, cuando regresó, pensó que su salvación sería que legalmente nunca había entregado la propiedad. Pero desafortunadamente, por los mismos varicuetos administrativos con los que muchos predios en Urabá cambiaron de dueño ilegalmente, su finca ahora aparece a nombre de José Vicente Cantero, un hombre que fue detenido junto a su esposa, Ledys Sierra Flórez, en diciembre de 2013 y quienes están siendo procesados por los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
 
Cuando supo que el proceso podría tardar años, decidió retornar por sus propios medios. Lo hizo en 2009, pero fue desalojado por el inspector de policía de Currulao en 2012. En 2013 volvió, le dijo al administrador de la finca que le tenía que dejar libre la mitad de la casa. A los pocos días lo llamaron y lo amenazaron, entonces se fue. Pero regresó el 2 de abril de 2014. Con la misma decisión de antes le dijo al mayordomo que se tenía que ir. José María con algunos amigos le empacaron todo al mayordomo, lo sacaron para la carretera y desde ese día él vive ahí con su esposa y algunos de sus hijos.
 
Según Carlos Páez, líder de la asociación Tierra y Vida, el proceso de José María estaba casi listo y la restitución oficial estaba cerca, pues Macondo fue microfocalizado en 2014. No obstante, hace poco la decisión de un juez sobre cinco casos de restitución en la misma región expuso otra situación compleja. Los fallos fueron favorables a los reclamantes, pero indicaron que la tierra no sería devuelta a ellos por estar en una zona de reserva forestal y serían entregados en forma de compensación, dinero o tierra, pero en otro lugar. Los beneficiados impugnaron el fallo y ahora se espera que los conceptos de Coechocó y Corpourabá determinen si a esa zona se le dará el trato de reserva o podrá ser entregada a sus antiguos propietarios. 
 
En Macondo, 268 predios están siendo reclamados. Más de 170 familias han retornado sin acompañamiento de las autoridades y, según Carlos Páez y José María Calle, lo seguirán haciendo hasta que el Gobierno tome decisiones de fondo y procure la restitución tal como había sido prometida.
 
Líos administrativos de La Larga y Tumaradó

La Larga y Tumaradó es una de las cuencas del Bajo Atrato chocoano que protagoniza no sólo alarmantes contiendas entre ocupantes y reclamantes de la tierra, sino graves problemas administrativos que han impedido la evolución del proceso de restitución. El territorio, con una extensión de 107.064 hectáreas, fue adjudicado por el Incora a través de un título colectivo en el año 2000 a una comunidad negra.

No obstante, la emisión del título colectivo se dio sin tener en cuenta la existencia de títulos individuales que habían sido entregados por el mismo Incora años atrás. Además, la entrega del mismo se dio en el momento en que casi toda la población de la cuenca había sido desplazada por los paramilitares.

A este lío se le suma también el que una gran extensión de la cuenca fue declarada reserva forestal en 1962, lo que quiere decir que nunca debió ser entregada ni a particulares ni a comunidades, algo que omitió el Incora durante las décadas del 70, 80 y 90, cuando se adjudicaron casi todos los baldíos de la cuenca.