Resultó inocente frente al “robo del siglo”, pero fallo para repararlo no aparece

Marco Emilio Zabala Jaimes, exgerente del Banco de la República en Valledupar. / Óscar Pérez - El Espectador

Marco Emilio Zabala lleva un cuarto de siglo esperando justicia. Hacia la una de la tarde del lunes 17 de octubre de 1994, a su casa en Valledupar llegaron a avisarle que habían robado el Banco de la República, donde oficiaba como gerente. Un año después cayó preso, señalado como uno de los responsables del hurto de $24.072 millones. Duró casi tres años detenido, pero resultó absuelto. Luego de 22 años, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía por la privación ilícita de su libertad, pero ahora lleva dos más en busca de su expediente para que lo indemnicen.

Esta insólita historia judicial empieza incluso tiempo antes del “robo del siglo”, como se conoció al millonario hurto que se fraguó en la bóveda de reserva del Banco de la República en Valledupar. Con algunos meses de intervalo, cuando Marco Emilio Zabala recibió la propuesta de ocupar la gerencia del banco en la capital del Cesar, ya llevaba 16 años de trabajo en la entidad estatal. Aceptó a regañadientes, pues no quería alejarse de Bogotá por razones familiares. Se posesionó el 1° de noviembre de 1993 y antes de un año ya estaba en el ojo del huracán del escándalo.

Por cosas del azar, días antes del robo se dañó el aire acondicionado del banco y, a pesar de que se encontraba incapacitado por otitis severa, Zabala ordenó restablecerlo con la mayor celeridad. El sábado 15 de octubre quedó superado el problema técnico, y hacia las seis y media de la mañana del día siguiente llegaron los ladrones que, con la complicidad de un funcionario de seguridad y durante casi 24 horas, perpetraron el hurto. El lunes 17, festivo, uno de los vigilantes, que fue amarrado en el sótano, se logró zafar de sus ataduras y dio aviso a las autoridades.

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Como era lógico, la Fiscalía solicitó la versión de Zabala, quien en menos de un mes ya tenía el agua al cuello. El 21 de octubre de 1994 fue citado a rendir indagatoria. Al día siguiente, el Banco de la República le canceló su contrato de trabajo y, durante un debate de control político en el Congreso, el entonces gerente general del banco, Miguel Urrutia, anunció que ya había destituido a los responsables del millonario hurto. Su apartamento en Bogotá fue embargado y buscando dinero para pagar un abogado, vendió su carro y se asentó en la casa de sus suegros.

En adelante, mientras trataba de rehacer su vida laboral como contador independiente, todas las semanas acudía al despacho del fiscal 69 de la Unidad de Delitos Financieros, Mariano Pérez, para indagar cómo iba el caso. En cada visita, con un par de palmadas en la espalda, el fiscal le decía: “Su situación no está resuelta, pero tranquilo que contra usted no hay nada”. No obstante, el 31 de octubre de 1995, un grupo de la Dijín irrumpió en una oficina que había abierto en el sector de Palermo, en Bogotá, y concretó su captura.

Lo remitieron a la Dijín y lo encerraron en un calabozo. Apenas al final de la tarde lo dejaron ejercer su derecho a hacer una llamada telefónica. En la mañana del día 1° de noviembre, un policía llegó a decirle que había llegado su hora de sol, pero cuando salía de la celda advirtió que lo esperaba un enjambre de periodistas con cámaras. Zabala entendió que lo iban a presentar ante los medios y se negó a salir. “Entonces, desde ahora pierde su hora de sol”, replicó el investigador judicial.

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En poco tiempo, investigado por hurto agravado y calificado, y señalado por los medios de comunicación, fue trasladado a la cárcel La Modelo. El argumento de la Fiscalía fue que Zabala les había colaborado a los ladrones arreglando el aire acondicionado del banco. Él hoy afirma que lo metieron preso por cumplir con su deber. Duró 10 meses y cinco días encarcelado, con todas los riesgos y azares del sistema penitenciario colombiano. Cuando el caso pasó a un juzgado, su suerte empezó a cambiar.

Primero logró el beneficio de la detención domiciliaria, que se prolongó durante 21 meses, y luego, el 20 de marzo de 1998, fue absuelto tras comprobarse su total inocencia. Entonces empezó la segunda etapa de su viacrucis jurídico: sin trabajo, estigmatizado, pagando abogados para pelear también con la Procuraduría, la Superbancaria y el Banco, y sujeto a que todo proceso de posible vinculación laboral terminara siempre abruptamente con un comentario: “Ah, usted es el del problema del robo”.

Laboró dos años en una empresa de outsourcing como asistente administrativo y luego hizo un curso patrocinado por la Federación de Molineros y la Universidad de la Sabana y montó una panadería. Hacia 2003, el excontador de la Nación Édgar Nieto lo vinculó a su oficina, y durante varios años alternó sus laborales con la docencia en la Universidad Central y la Grancolombia. Una década después del robo, ganó su primera pelea: la justicia admitió que había sido despedido sin justa causa.

Ese triunfo jurídico le permitió acceder a una pensión, eso sí, después de una larga pelea judicial en la que perdió otras prerrogativas. Entre tanto, Zabala, después de sortear con éxito otros litigios, quedó librando la pelea de su demanda contra el Estado por la privación ilícita de su libertad. Con un obstáculo más: como los hechos habían sucedido en Valledupar, se vio forzado a presentar la demanda ante el tribunal administrativo de esa ciudad, con los gastos adicionales para llevar el proceso.

Al final, una sala de descongestión para los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar falló en su contra, argumentando que la Fiscalía no había obrado de manera apresurada, ni caprichosa, ni descabellada, ni sensacionalista, porque sí existían indicios para encarcelarlo. Zabala Jaimes apeló la decisión y tuvo que esperar otra década, hasta el 1° de agosto de 2016, para que la sección tercera del Consejo de Estado reconociera el craso error de la Fiscalía.

Sin embargo, al calcular el monto de la condena, si bien el Consejo de Estado admitió el pago por perjuicios morales y el daño emergente, cometió un error en el cálculo del lucro cesante, es decir, el dinero que dejó de recibir a raíz del despido injusto y su tiempo en la cárcel. Ese detalle determinó que el expediente volviera al Tribunal del Cesar. Zabala pensó que era un asunto de trámite de pocos días y que pronto él y su familia iban a ser por fin indemnizados. Pero lleva un año y medio librando otra pelea.

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Nadie se lo explica formalmente, pero su expediente está embolatado. Se sabe que llegó al Tribunal del Cesar y que de ahí lo devolvieron a Bogotá con el error técnico resuelto. A él mismo le ha tocado verificar que a través de la empresa 472 de los Servicios Postales Nacionales lo remitieron a la capital, pero con otro yerro: lo mandaron a la Corte Constitucional. El último registro señala que el 9 de octubre de 2017 fue recibido en correspondencia externa del alto tribunal y remitido a la Secretaría.

Varias veces Zabala ha acudido a este despacho, y la respuesta es que seguramente está entre decenas de tutelas por radicar que semanalmente llegan a la Corte Constitucional para su opcional revisión. Ya presentó un derecho de petición para que el alto tribunal certifique si el expediente llegó por error o definitivamente está extraviado. Pero tampoco obtiene respuesta. Con sobredosis de paciencia, sigue esperando una respuesta para ver si algún día puede cobrarle a la Fiscalía la injusticia que se cometió contra él hace 24 años.