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El Consejo Superior de la Judicatura, ese que en al menos dos ocasiones el gobierno Santos ha tratado de desaparecer o reformar -luego de una seguidilla de escándalos y cuestionamientos que han puesto en la picota pública a los magistrados que lo integran-, pasó de ser el patito feo de la Rama Judicial a ser uno de los posibles protagonistas del posconflicto por cuenta del nuevo acuerdo con la Farc. Y esa decisión, al parecer, no ha sido de muy buen recibo entre las demás altas cortes.
En el nuevo acuerdo de paz se señala que la Judicatura tiene ahora en sus manos decisiones tan importantes como poner a tres de sus magistrados a que conformen una “Sala Incidental”, el espacio donde, si se implementa el acuerdo, se resolverán los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y cualquier otra jurisdicción, como la ordinaria. Esa Sala Incidental estará integrada además por tres magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz que no tengan injerencia en el caso que presenta el conflicto.
Es una tarea bastante similar a la que tiene hoy la Judicatura frente a la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar. Con este nuevo acuerdo, y la creación de esta Sala -no existía en el acuerdo anterior-, el papel de esa corporación será definitivo para establecer qué casos conocerán los funcionarios de la JEP. Con la salvedad de que si no se ponen de acuerdo en la Sala Incidental, será el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz quien tome la decisión final.
“Me parece una pifia que se le atribuye al Consejo Superior de la Judicatura la competencia para resolver distintos conflictos de jurisdicción que se puedan presentar entre la JEP y la ordinaria, que no es una función menor”, señaló en entrevista con la revista Semana el magistrado Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, mostrando abiertamente su desacuerdo con la inclusión del Consejo Superior de la Judicatura en este tema.
Rojas explicó que los asuntos relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz están relacionados con el conflicto, por ende, son abiertos, ambiguos y pueden tener distintas interpretaciones. Y con base en esa premisa, señaló el magistrado, es inexplicable que la responsabilidad de tomar una decisión de esa importancia -¿quién investiga los hechos del conflicto?- recaiga sobre una corte que no tiene experiencia. “Esa función es una absoluta pifia, debe ser excluida del acuerdo porque no tiene ningún sentido normativo”.
La Judicatura tendrá, además, otra función: coordinar con los responsables del procedimiento de dejación de armas la expedición de las providencias o resoluciones necesarias para no demorar los plazos establecidos para concluir dicho proceso de dejación de armas.
De esta manera, revivió en el panorama político una corte que, durante todo el gobierno Santos, tuvo su reputación por el suelo. En 2012, cuando se tramitó una gran reforma a la justicia, se aprobó la eliminación de la Judicatura. De hecho, se hizo todo el trámite en el Congreso, pero al final, por un enredo con los textos aprobados en la etapa de conciliación, la reforma se cayó. Entonces, por prácticamente un milagro, la Judicatura sobrevivió.
Luego vino el segundo intento: la reforma al equilibrio de poderes. De nuevo el Gobierno propulsó un proyecto de ley que acababa con la Judicatura y que creaba una Comisión Judicial Disciplinaria para que otro órgano asumiera las funciones que la Judicatura tenía en esa materia. Esta vez la tabla de salvación llegó de la Corte Constitucional, que declaró inexequible ese punto de la reforma y dejó a la Judicatura con vida. Ahora, con el nuevo acuerdo, la Judicatura no sólo revive, sino que adquiere un rol importante en el proceso con las Farc. Una tarea que, espera el resto del país, cumpla con toda la responsabilidad del caso si la implementación del acuerdo finalmente se hace realidad.