FCF, Ticketshop y Ticket Ya, sancionadas con $18.300 millones por reventa de boletas

La Superintendencia de Industria y Comercio asegura que hubo competencia desleal en el caso de reventa de boletas.

Foto: Archivo

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dio a conocer hoy su decisión en la investigación por la reventa de boletas de los partidos de la eliminatoria del Mundial de Rusia 2018, en la que eran procesados directivos de las empresas Ticketshop y Ticket Ya y de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). En la decisión de la SIC, que se anunció en una rueda de prensa, se declararon como responsables a 17 personas naturales y tres agentes del mercado. Entre ellos se encuentra empresarios vinculados a la empresa Ticket Ya: Elías Yamhure, Rodrigo Rendón Ruiz, Alberto Romero y Roberto Saer Daccarett. Y directivos e exdirectivos de la FCF: Ramón Jesurún, actual presidente; Álvaro González, Elkin Arce Mena y Claudio Cogollo, miembros del Comité Ejecutivo de la FCF; sus exdirectivos Luis Bedoya, Jorge Perdomo y Juan Alejandro Hernández; el director jurídico, Andrés Tamayo, y el exgerente administrativo, Rodrigo José Cobo. (Lea aquí la respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol al fallo de la SIC)

Los directivos de Ticketshop y quienes se convirtieron en delatores, César Carreño e Iván Arce, también fueron sancionados pero fueron exoneradores de la sanción debido a su colaboración. La investigación contra Rodrigo Rendón Cano, expresidente del Real Cartagena y quien habría sido la cabeza de la maniobra de competencia desleal, fue archivada debido a que falleció el año pasado. El superintendente de industria y comercio, Andrés Barreto, fue el que tomó la decisión de primera instancia y acogió el informe motivado que su delegado para asuntos de competencia desleal elaboró el año pasado y que sugería también declarar responsables a los investigados. (Lea aquí: “Jamás vendí una boleta”: la declaración de Rodrigo Rendón Cano en la SIC)

Las pesquisas de la SIC por la reventa de boletas de la eliminatoria del Mundial de Rusia 2018 se iniciaron en agosto de 2017, después de que los aficionados del fútbol se quejaran en redes sociales de no poder comprar por internet ni una entrada para el partido que la Selección Colombia disputaría con Brasil en Barranquilla. Los usuarios intentaron acceder a la página web de Ticketshop, operador de la boletería, incluso antes de la hora anunciada para la apertura de la venta, pero las boletas estaban agotadas.

La Superintendencia de Industria y Comercio puso la lupa en estas operaciones y, en un primer momento, sancionó a Ticketshop por publicidad engañosa. La entidad fue más allá de analizar las quejas de los aficionados y abrió un segundo expediente por competencia desleal, en el que además, empezaron a ser investigados la empresa de boletería Ticket Ya, sus directivos y altos mandos de la Federación Colombiana de Fútbol. Sobre esa segunda línea de investigación es que se pronuncia hoy la SIC. (Lea aquí: El coletazo de la reventa de boletas en la Federación Colombiana de Fútbol)

El punto de partida de las investigaciones de la SIC se logró gracias a las declaraciones de los directivos de Ticketshop, César Ronaldo Carreño Castañeda e Iván Darío Arce Gutiérrez, quienes aceptaron irregularidades en el contrato de la boletería para la eliminatoria de Rusia 2018 y se convirtieron en delatores. Según los empresarios de Ticketshop, todo empezó cuando uno de ellos recibió una llamada de Rodrigo Rendón Cano, exdirectivo del Real Cartagena para que entrara en el negocio.

La maniobra consistía en que Ticketshop se presentara a la invitación de la FCF para otorgar el contrato de boletería, pero en realidad la empresa que manejaría el negocio tras bambalinas sería Ticket Ya, empresa vinculada a Rodrigo Rendón Cano, los empresarios Elías Yamhure y Medardo Alberto Romero. El 6 de agosto de 2015, la FCF publicó en su página web la invitación a cotizar, y dos semanas después, la FCF otorgó el contrato con derechos exclusivos a Ticketshop por $40.124 millones. (Lea aquí: La reventa masiva de la eliminatoria a Rusia 2018)

Ticketshop desvió una cuota de boletería con destino a los socios de Ticket Ya. César Carreño admitió que en cada partido la cuota era entre 3.000 y 5.000 boletas. En apariencia, era para clientes corporativos o cortesías, pero los socios de Ticketshop sabían que también eran para la reventa. En conclusión, entre Ticketshop y Ticket Ya se concertó un acuerdo contrario a la libre competencia económica para asegurar el derecho exclusivo de la venta, comercialización y distribución de la boletería.

En su momento, la SIC reveló que este pacto habría contado con aval de algunos directivos de la FCF que habrían acordado previamente la adjudicación del contrato, pese a que en la invitación a cotizar se prometió elegir al mejor proponente. La SIC recalcó en uno de los documentos del expediente que “el proceso (de contratación) que adelantó la FCF fue artificioso, pues fue diseñado y realizado para aparentar la existencia de un proceso transparente y abierto a la participación de todos los competidores del mercado de boletería”. (Lea aquí: SIC multa con $740 millones a Ticket Shop por publicidad engañosa)

“La FCF, junto con los demás investigados, construyó un falso escenario de competencia entre los operadores de boletería(…) La FCF no solamente contribuyó activamente a manipular el proceso de contratación del operador de la boletería que posteriormente la revendería, sino que también, con su comportamiento y bajo su vigilancia, se materializó la desviación masiva de boletas para la reventa por parte del operador escogido por esa entidad”, agregó la SIC hace un par de meses.

Desde el comienzo, el proceso sancionatorio llevado a cabo por la SIC ha creado tensiones entre la Federación Colombiana de Fútbol y la SIC. Primero, la FCF interpuso una tutela pidiendo a un juez que le prohibiera a la SIC dar información pública sobre el proceso de la reventa y alegó que quería evitar el prejuzgamiento mediático. La SIC criticó esta actuación y respondió que defendería el derecho de colombianos a estar informados y a la libertad de prensa”. Días después la FCF retiró la tutela.

Luego, la FCF y los socios de Ticket Ya recusaron a los investigadores. Recientemente, Ramón Jesurún, presidente de la FCF, se quejó ante el Consejo Superior de la Judicatura para que se investigara a Andrés Barreto, superintendente de industria y comercio; Pablo Felipe Robledo, su antecesor; y Juan Pablo Herrera Saavedra, superintendente delegado para la protección de la competencia. Los tres funcionarios fueron citados a rendir una versión libre. Robledo el 16 de julio, Barreto el 30 de julio y Herrera el 13 de agosto.

En medio de las tensiones entre la SIC y la FCF, esta última también anunció que la disputa ya tomó rumbo internacional, pues decidió acudir a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para exponer su inconformidad. La FCF argumenta que la Superindustria no ha incorporado las recomendaciones que hizo en 2016 la OCDE a Colombia en materia de competencia, y que el expediente de la reventa de boletería es un claro ejemplo.

“Se considera legítimo que la FCF acuda ante la organización internacional, a título de sugerencia, y ponga de conocimiento que, en materia de derecho de la competencia, no se estarían adoptando ni respetando las recomendaciones formuladas en 2016. Lo anterior, con la finalidad de que la OCDE, si encuentra mérito, realice las averiguaciones pertinentes e inste al Gobierno de Colombia al respeto y la adopción de las directrices en esta materia”, se lee en la misiva dirigida por la FCF a la OCDE.

Este es el listado completo de las personas sancionadas hoy por la SIC

El capítulo penal

Además de la SIC, la Fiscalía también le puso lupa a la reventa de boletas a comienzos de 2019. En el capítulo penal, los directivos de Ticketshop aceptaron cargos y se convirtieron en colaboradores de la justicia. César Ronaldo Carreño e Iván Darío Arce aceptaron cargos por agiotaje (especulación para modificar los precios de los productos), concierto para delinquir y ofrecimiento engañoso de productos y servicios. Ambos aceptaron cargos y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Están a la espera de conocer su sentencia.

A finales del año pasado, la Fiscalía imputó cargos a Elías Yamhure y Medardo Romero, empresarios de Ticket Ya. Rodrigo Rendón Cano, expresidente del Real Cartagena vinculado a Ticket Ya, también fue citado a imputación de cargos, pero murió antes de que se realizara la diligencia. En medio de las audiencias, la Fiscalía dio a conocer que adelanta indagación contra varios miembros y exmiembros de la FCF que dieron el visto bueno al contrato con el que Ticketshop se quedó con el manejo de la boletería.

El fiscal del caso reveló que César Carreño manifestó en interrogatorio que el 19 de agosto de 2015, cuando la FCF adjudicó el contrato a Ticketshop, escuchó una conversación entre Rendón, Yamhure y Romero (de Ticket Ya) en la que mencionaron un pago de $3.000 millones, suma que debían transportar a una casa en Altos de Yerbabuena y correspondía al contrato de la FCF. Para ello, según la declaración, los socios de Ticket Ya pidieron prestado un carro blindado para transportar la suma en efectivo.

Para apoyar su versión, la Fiscalía citó a Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor y miembro suplente en la junta directiva de la FCF en la época de los hechos. Este dijo a la justicia que en 2017 Rodrigo Rendón se le acercó para convencerlo de renovar el contrato de la boletería con Ticketshop. “Va a haber una plata para usted”, le dijo. Minutos después, Rendón le habría contado que, para la adjudicación del contrato, entregaron $1.000 millones a “Lucho (Luis Bedoya), Ramón (Ramón Jesurún) y el Chiquito (Álvaro González)”, para un total de $3.000 millones.

Aunque ya hay cargos admitidos por parte de Ticketshop, la cúpula del fútbol colombiano niega cualquier vínculo con la reventa de boletas. Por lo pronto, la SIC definió hoy el primer capítulo de la reventa de boletas, que seguramente tendrá revancha con la apelación de la decisión. El segundo capítulo, que le concierne a la justicia penal, sigue en manos de la Fiscalía y avanza a paso lento.