Revocan beneficio de libertad a exfuncionarios de la Alcaldía de Cartago

La decisión fue tomada por un juez que ordenó la captura del exalcalde de Cartago, Germán González Osorio, y otros tres de sus exfuncionarios, para que cumplan con la medida de aseguramiento en centro carcelario. Son investigados por corrupción.

Además de revocar el beneficio, el juez ordenó medida de aseguramiento y orden de captura para los exfuncionarios. Archivo

Este viernes un juez de Cali decidió revocar el beneficio de libertad que le había sido concedido a cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Cartago (Valle del Cauca), también ordenó su captura. Se trata del exalcalde de Cartago, Germán González Osorio, la exsecretaria de Hacienda y actual diputada de la asamblea de Valle del Cauca, Martha Lucía Vélez, el extesorero y exsecretario de Hacienda Municipal, Luis Fernando Adarve Villa y el auxiliar administrativo de la Tesorería de Cartago, Carlos Alberto Franco Palacio.

Desde mayo del año pasado el ente investigativo anunció que  se detectó una supuesta apropiación de $10.939’000.000 millones para el periodo 2008-2011. “Los dineros estaban destinados para el Plan Municipal de Aguas, que fue tramitado a través de un proyecto de acuerdo que le otorgó facultades al entonces alcalde para adquirir un préstamo por $31.000’000.000 millones”, aseguró la Fiscalía.

Durante cuatro meses el ente investigativo aseguró haber recolectado el suficiente material probatorio con evidencias físicas para determinar que hubo un peculado por apropiación “en el entendido que los $10.939’000.000 fueron trasladados a una cuenta de recursos propios del municipio de Cartago y pagados por ventanilla a particulares con supuestas autorizaciones del área financiera, sin los respectivos soportes fiscales ni contractuales”.

Producto de la investigación, miembros de la Dijín también realizaron, en mayo de 2017, 25 capturas (20 particulares y cinco exfuncionarios), entre los cuales 19 de ellos aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía, por lo que quedaron vinculados a la investigación, les impusieron medida de aseguramiento no privativa de la libertad, con el compromiso para no salir del país y presentarse cada vez que lo requieran las autoridades.

 

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