Escándalo de corrupción en la justicia

"Ricaurte y Bustos jamás incidieron en las decisiones de la Fiscalía": Eduardo Montealegre

El período de Montealegre empieza a estar en el ojo del huracán a medida que las investigaciones avanzan. Él asegura que en su administración jamás se dio la orden de “engavetar” un proceso.

Eduardo Montealegre terminó su período como fiscal general en marzo de 2016. / Gustavo Torrijos - El Espectador

¿Es cierto que el exmagistrado Leonidas Bustos le recomendó a Gustavo Moreno y por eso terminó con un contrato de $139 millones en 2015, en su administración?

Yo tenía referencias del señor Moreno porque él hizo un trabajo muy serio de la casación penal en un libro. No lo conocía personalmente, pero empezaba a reconocerse como una persona de formación seria. Creo que estudió en la Libre, es posible que yo haya consultado y pedido referencias, no sé si a Bustos o a Ricaurte. Así fue que él entró a la Fiscalía. Nunca tuvo una asesoría directa en mi despacho ni ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, hacía talleres con los fiscales. Nunca me entrevisté con Moreno, creo que alguna vez en un acto público lo vi. Tampoco formó parte de mi círculo de asesores cercanos. No culminó su contrato porque cuando estaba de asesor nos dimos cuenta de que tenía casos como defensor en la Fiscalía y podía haber un conflicto de intereses, el contrato finalizó por mutuo acuerdo.

(En contexto: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

¿Por qué consultó a Bustos o a Ricaurte sobre este tema?

Si recuerdo bien, Moreno estudió en la Libre. Por ahí fue que tuve que haber consultado y Bustos ha sido profesor de la Libre, pero no tengo preciso a quién le pregunté.

Moreno, además, pocos meses antes de ingresar a la Fiscalía, quedó a cargo de una denuncia en su contra en la Comisión de Acusación, una coincidencia cuando menos incómoda. ¿Usted lo sabía?

Jamás tuve conocimiento. Me vine a enterar este año cuando hace poco salió en noticias y me enteré de que había conocido, creo, una denuncia de Jorge Pretelt en mi contra. No sé si ocultó esa información a propósito cuando entró a la Fiscalía.

(¿Hasta dónde llegó la corrupción en la justicia?)

Dicen que Bustos fue clave para su elección como fiscal. ¿Fue así?

Yo conozco a Bustos desde años juveniles, estudiamos el bachillerato en el colegio San Simón de Ibagué. Él iba un poco más adelante que yo y hemos tenido una amistad de más de 40 años. En la Corte Suprema obtuve una votación de unos 16 votos, muy seguramente él votó por mí.

Si eran tan amigos, ¿no debió haberse declarado impedido para votar por usted?

Hay una amistad vieja del colegio, pero no íntima, como dice la norma legal para declararse impedido. La estrategia de elección fue mi presentación ante la Corte.

Fuentes de la Corte aseguran que usted no salía del despacho de Bustos...

Durante mi período como fiscal, Leonidas fue dos veces presidente de la Sala Penal (en 2012 y 2013) y presidente de la Corte (2015). La mayoría de la interlocución la hice institucionalmente. Tuve muchísimos contactos con Bustos porque con la Sala Penal hicimos muchos proyectos. Duramos casi dos años trabajando, por ejemplo, en el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal. El Congreso no alcanzó a terminar ese proceso, lo que van a presentar ahora para las bacrim tiene relación con nuestro trabajo. Yo tenía todas las propuestas para la reestructuración de la Fiscalía y le informé a Bustos cuando era presidente, les iba contando permanentemente. También le planteé a la Sala Penal la idea de fortalecer su capacidad de investigación. Tuve muchísimos contactos con él, sí, pero como magistrado y presidente.

(“Es triste que, al parecer, la justicia se venda al mejor postor”: jueza que envió a la cárcel a Ricaurte)

La hipótesis hoy es que Bustos se hizo poderoso usando la Fiscalía suya como un fortín burocrático.

Eso no es verdad. Lo desmiento categóricamente. Yo, por ejemplo, fortalecí la policía judicial para que fueran funcionarios que le dieran la total confianza a la Corte Suprema, pero no tenía ningún contacto con ellos en materia de ejecución de los temas de la Corte. Cero contacto, a pesar de que eran funcionarios de la Fiscalía. Eran personas que debían recibir órdenes directas de los magistrados. En la Fiscalía recibí muchísimas hojas de vida, es posible que en algunas de ellas estuviera algún magistrado de la Corte como referencia. Para nosotros, era un indicio de honestidad y transparencia. Es posible entonces que haya consultado hojas de vida con algún magistrado, pero ninguno tenía cuotas en la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Eso es absolutamente falso. Quiero ser categórico en eso. Ningún magistrado de la Corte me exigió cuota alguna. Incluyendo a Ricaurte y Bustos, fueron muy respetuosos. Jamás incidieron en los nombramientos o en las decisiones de la Fiscalía.

Tenemos algunos nombres de quienes serían cuota de Bustos o de la Corte Suprema durante su Fiscalía. Nos indica, por favor, ¿cómo los escogió para su equipo?

Listo, vamos nombre por nombre.

Julio César Martínez, a quien usted delegó fiscal delegado ante la Corte en 2014.

Lo conocía de muchos años atrás, no recuerdo por qué.

Eberto Salomón Rodríguez, fiscal delegado ante la Corte, y su esposa, Patricia Ladino, fiscal delegada ante tribunal.

Me parece que ya estaba en la Fiscalía. No estoy seguro. Tenía una hoja de vida muy importante, se mantuvo en mi administración porque era un hombre muy serio.

Alfredo Betín, fiscal delegado ante la Corte.

Él ya estaba en la Fiscalía y una de mis políticas casi el 50 % de los nombramientos que hice fueron ascensos. Promoví a muchas personas. Descubrí muchos talentos. Ascendí a cientos de personas como política para generar un equilibrio con la gente que ya estaba, me parece que por eso llegó a ser delegado ante la Corte.

La Fiscalía dice ahora que el exfiscal Alfredo Betín “engavetó” procesos del exgobernador Juan Carlos Abadía. Y eso habría ocurrido en su administración.

Desde que me retiré, jamás he opinado sobre las decisiones de la Fiscalía. He sido muy respetuoso de sus decisiones y quiero seguir con la misma política por respeto a mi sucesor. Sobre este tema, diré que teníamos anualmente cerca de dos millones de casos. Me vine a enterar ahorita por los medios sobre del tema de Abadía. Jamás hubo una instrucción de mi parte para que se “engavetara” ningún caso.

¿Alguno de los coordinadores de fiscales delegados ante la Corte alcanzó a emitir alguna alerta al respecto?

No recuerdo ninguna alerta. Pero sí pongo las manos al fuego por la transparencia de mi administración.

Otro nombre es Raúl Acero, fiscal delegado ante la Corte que compró un BMW que en realidad era de José Leonidas Bustos, y que luego, al parecer, el exmagistrado le dio a Gustavo Moreno.

Él había trabajado antes en la Fiscalía. Creo que después de su ingreso a la Fiscalía fue declarado insubsistente por Jorge Perdomo, porque en consideración de Perdomo no estaba dando el rendimiento que se exigía como delegado de la Corte.

José Eduardo Saavedra, quien fue director del CTI de Bogotá.

Lo conocí porque era un buen juez de ejecución de penas. Tenía buenas referencias y era una persona que había trabajado mucho el tema de policía judicial. Siempre tuve un buen concepto de Saavedra.

¿Cuál era su relación con Francisco Ricaurte?

Lo conocí antes de ser fiscal, hace unos 15 años, él era magistrado auxiliar en la Corte Suprema en materia laboral y yo era magistrado de la Corte Constitucional y conocía a colegas de otras cortes. Siempre fui buen amigo con Ricaurte, de mucho respeto, aunque no era una amistad íntima.

¿Qué piensa de ver a Ricaurte detenido en una cárcel y a Bustos con la reputación por el piso, por cuenta de este escándalo?

Desde el punto de vista humano, deseo que se pueda demostrar su inocencia ante la justicia. Jamás tuve la más mínima sospecho de actuaciones indebidas de magistrados. La mejor noticia para Colombia sería conocer y probar que estamos ante magistrados probos. Si hubiera tenido información de que algún magistrado actuó por fuera de la ley, hubiera hecho lo mismo que hice con los magistrados Jorge Pretelt y Henry Villarraga.

Si los magistrados no le enviaron hojas de vida a la Fiscalía, ¿quién sí lo hizo?

Llegaban muchas hojas de vida del Congreso. Me acuerdo de un caso muy específico: del senador Luis Fernando Velasco. Envió más de 25 hojas de vida y se molestó porque no se las nombré. Ahí comenzaron sus ataques contra mí, se volvió mi enemigo. Ahora es asesor de ética y precandidato (a la Presidencia). También recibí hojas de vida de otras personas del gobierno, como el entonces ministro de Justicia (Alfonso) Gómez Méndez, eran más de 20. No me acuerdo si las nombré, a lo mejor fueron buenas, no me acuerdo. Mucha gente recomienda. Mucha gente tira la piedra y esconde la mano.

La Fiscalía señala hoy que la red de corrupción de Bustos y Ricaurte habría llegado hasta su Fiscalía.

Si la Fiscalía está mostrando evidencias, yo respeto mucho esas actuaciones. No las voy a cuestionar, las respeto. Lo único que puedo decir es que cuando yo tuve conocimiento de actos de corrupción dentro de la Fiscalía, declaré insubsistencias y compulsé copias. Lo hice, por ejemplo, con el exfiscal Róbinson Sanabria, que estaba invocando mi nombre para dar órdenes. El caso está en juicio. Perdomo hizo lo mismo en el caso de la captura del gobernador de Cundinamarca (Álvaro Cruz), había alguien pidiendo dinero en su nombre. La labor judicial de luchar contra la corrupción es una obra que yo empecé y que ha continuado el fiscal Martínez.

 

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