Rosario de crímenes impunes de 'Timochenko'

Tiene 117 órdenes de captura.

Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’. / Archivo

Cuando en La Habana (Cuba) se cerraba el ciclo 21 de los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, a 2.237 kilómetros de distancia, en Bogotá, el Consejo de Estado profería una nueva condena contra este grupo armado ilegal y pedía que su máximo comandante Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’ fuera denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Apenas terminaba de repuntar la mañana del jueves y ya ‘Timoleón Jiménez’, su otro alias, acumulaba otra sentencia más para un total de 12 condenas que tiene desde 2006. Entre la lista de delitos que pesan sobre su fama se cuentan múltiples homicidios agravados, secuestro extorsivo, rebelión, terrorismo, daño en bien ajeno, lesiones personales y hurto calificado. Un rosario de crímenes impunes que ostenta más de 117 órdenes de captura y responde a su larga vinculación con la guerrilla más antigua de América Latina.

En lo que va corrido del 2014, su nombre ha salido a relucir en las primeras planas de los medios por diversos asuntos. Hace menos de un mes el copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Juan Carlos Martínez, propuso que el principal líder del grupo subversivo fuera incluido en la mesa de negociaciones para acelerar el proceso de paz. Y sólo 28 días antes, el 14 de enero, un juzgado de Valledupar (Cesar) lo condenó a 38 años de prisión por el secuestro y asesinato de la exministra Consuelo Araujo Noguera, ocurrido en septiembre de 2001. La decisión también cobija al ya fallecido Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’, y el negociador en La Habana Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.

En 2013 ‘Timochenko’ fue condenado, junto con otros 22 guerrilleros de las Farc, por el atentado perpetrado en 2005 en el municipio de Puerto Rico (Meta), que dejó 30 personas heridas y 4 muertos, cuando un artefacto explotó en una embarcación que viajaba por el río Arari. Decisión que tres meses después, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme con una pena de 31 años, que también incluye a los negociadores ‘Iván Márquez’ y ‘Pablo Catatumbo’. Treinta días después, un juez especializado de Bogotá profirió una sentencia de 40 años contra la cúpula de la guerrilla por la explosión de una bicicleta bomba, ubicada frente a un restaurante cercano a una estación de Policía en la capital del país, que el 25 de enero de 2002 segó la vida de cuatro policías, una menor de edad y su madre.

En julio de 2012 el Tribunal Superior de Neiva le confirmó a ‘Timochenko’ la sentencia de 34 años por el ataque que se perpetró en Gigante (Huila) en el año 1999, cuando la columna móvil Teófilo Forero entró al pueblo disparando y lanzando explosivos indiscriminadamente, mientras 300 personas se encontraban rezando en la Iglesia del municipio. Una acción que dejó tres muertos y nueve heridos. De hecho, ese mismo año la Fiscalía reveló que contra el máximo jefe de las Farc existían hasta ese momento 33 investigaciones penales: 22 por homicidio, siete por rebelión, siete por homicidio, tres por secuestro extorsivo y una más por toma de rehenes.

En el 2011, se sumaron 27 años a la carga condenatoria que pesa sobre ‘Timoleón Jiménez’, por el secuestro de la excongresista Consuelo González de Perdomo, quien fue privada de su libertad en 2001 cuando viajaba de Pitalito hacia Neiva (Huila). Entre 2010 y 2006, el jefe guerrillero acumuló cinco sentencias más: 40 años por un ataque a una estación de Policía; 10 años por obligar a un conductor a manejar una volqueta cargada de explosivos; 57 años por el atentado perpetrado en el Meta en el 2005; 40 años por la masacre de Tierralta (Córdoba) cuando fueron asesinadas 22 personas; y, finalmente, 40 años por el secuestro y muerte del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, del exministro Gilberto Echeverri y de ocho militares.

Un rosario de sentencias que están sin cumplirse porque ‘Timochenko’ sigue resguardado comandando la guerrilla que hoy negocia una posible desmovilización. Su responsabilidad en los hechos ya fue comprobada por las autoridades judiciales; sin embargo, en estos momentos esas decisiones parecen letra muerta. Ahora queda esperar la respuesta del gobierno frente a la petición del Consejo de Estado que se manifestó por un crimen más en el que el jefe guerrillero tuvo incidencia.
 

 

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