SAE desalojará a ocupantes irregulares de más de 1.600 bienes incautados

La SAE administra bienes incautados en procesos judiciales a, por ejemplo, narcotraficantes. / Cortesía

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados, por ejemplo, a narcotraficantes sometidos a procesos de extinción de dominio, inició una ofensiva contra las personas a quienes contrata para custodiar esos inmuebles. Este cargo recibe el nombre de depositario y, en los últimos cinco años, la entidad ha removido de su cargo a más de 400 por aparentes irregularidades en el manejo. Además, para el año entrante tiene agendadas 1.600 diligencias de desalojo a bienes que están siendo ocupados irregularmente.

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Según informó la SAE, estas personas tenían a su cargo más de 13.000 bienes de todo tipo, pero la entidad implementó unos procesos de control a través de los cuales encontró irregularidades llevó, ahora, a manos de la justicia. Bien sea por perjuicios ocasionados durante la tenencia de las propiedades, por negligencia en la gestión o porque se dejaron de percibir las productividades que, por ejemplo, podría generar una empresa intervenida, la entidad demandó ante diferentes instancias a sus depositarios y las pretensiones de esos procesos ascienden a $80.000 millones.

La entidad contó que parte del proceso que los llevó a encender las alarmas sobre posibles irregularidades fue un cambio en el funcionamiento interno en 2015. Ese año, decidieron que la SAE centralizaría la información de todos los contratos de arrendamiento de bienes que estaban bajo su control. “Lo anterior permitió que el recaudo por arrendamientos pasara de $60 mil millones en 2015 a $80 mil millones en 2017”, señaló la sociedad, que desde comienzos de la década reemplazó a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en el manejo de este tipo de activos.

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Una vez hicieron este cambio en la administración de la información, notaron que algo podría andar mal en la gestión de los depositarios. “El cambio del sistema del recaudo ejecutado por la Entidad se evidenció que los depositarios no realizaban las transferencias al Frisco e irregularidades en la contratación en arrendamiento de los activos, que ya se encuentran denunciadas ante las instancias judiciales”, agregó la SAE.

Pero otro de los líos que ha tenido que enfrentar la sociedad por el manejo que le dan los depositarios a las propiedades es que desconocidos llegan a ocupar los bienes de manera irregular. Según dijo la entidad, el 51% de los inmuebles que están en su poder están en esta condición, lo que obliga a iniciar dispendiosos procesos de desalojo. “Los ocupantes son generalmente los infractores o sus familiares, testaferros; y personas que alegan tener un contrato de arriendo con los vinculados al proceso o ser terceros de buena fe”.

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Sin embargo, en el campo el panorama es más complejo. La SAE se ha encontrado con invasiones irregulares ocasionadas por bandas de “tierreros”. Es decir, personas que venden las tierras sin ser los propietarios, lo que a su vez trae carteles de supuestos recuperadores de activos y el drama de familias que aseguran tener derechos sobre la tierra, pero que fueron estafadas.

Aunque desde 2017 la SAE tiene facultades de policía para recuperar activos, lo que significa que puede emitir resoluciones de desalojo, se trata de un proceso “complejo, demorado y costoso”. Según la propia entidad, “la coordinación con las autoridades que deben estar presentes durante la diligencia (Policía y Ministerio Público, por ejemplo) toma meses, al tiempo que la entidad debe resolver acciones legales que se interponen con el objeto de suspenderlas y dilatarlas. En 2019, 1 de cada 3 diligencias fue suspendida por orden judicial”.

De manos de la extinta DNE, la SAE recibió 8.953 bienes ocupados de manera irregular y la Fiscalía les ha entregado otros 3.000 bienes con la misma problemática, lo que ha sido un reto. Aunque desde 2017 han emitido 6.000 resoluciones de desalojo y han recuperado 1.795 inmuebles en los últimos tres años, todavía no es suficiente. Por ende, para 2020, le propusieron a la Fiscalía hacer, en conjunto las diligencias de secuestro del bien y desalojo, como mecanismo de prevención, pero, asimismo, la entidad ya tiene programados 1.600 procedimientos en los que buscará desocupar los bienes en posesión irregular.