Las salidas de Justicia y Paz

Conocedores de los procesos de justicia transicional en el mundo hablaron del caso colombiano. Los desafíos que se deben afrontar para que este mecanismo de verdad y reparación salga adelante.

Luego de que el presidente Juan Manuel Santos y la Corte Suprema de Justicia se reunieran para hablar sobre la necesidad de reformar y volver más eficaz el proceso de Justicia y Paz, de cara a pensar un escenario de paz en el futuro, tres expertos internacionales en esta clase de mecanismos de justicia transicional conversaron con El Espectador sobre las salidas y reestructuraciones que consideran necesarias para que este proceso, creado para afrontar la desmovilización de más de 30.000 paramilitares, salga a flote.

Esto en medio de las críticas, los recientes escándalos que señalan que en esta desmovilización no están todos los que son ni son todos los que están y el escepticismo porque cuenta solamente con cuatro sentencias parciales luego de seis años de creación.

El argentino Carlos Lisandro Pellegrini, asesor en la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura, de la Procuración General de la Nación, cuenta que Colombia tiene el peor escenario para desarrollar un proceso de justicia transicional.

“En Argentina, el terrorismo de Estado, como le decimos nosotros a la época de la dictadura, terminó en el 83, y aún hoy nos cuesta llevar a juicio a personas representativas de ese momento, porque siguen investidas de poder. La justicia transicional en general llega en las ruinas del conflicto. Por eso, para Colombia, continuar con el conflicto exacerba todos los factores de riesgo y todas las dificultades”.

Para Pellegrini, otro tema que Colombia debe tener en cuenta es que, por ejemplo, en Argentina hubo muchos casos que no se movían porque estaban en manos de jueces que, de alguna manera, habían estado vinculados con la dictadura. Eso implicó que muchos recursos estuvieran indicados a remover a esos jueces que obstaculizaban deliberadamente la evolución de los casos.

“Todo implicó duplicar los recursos humanos y una estructura material, y fue allí cuando se vieron concretamente los resultados. Por ejemplo, a la instancia que tenía tres tribunales se le nombraron otros tres para que, de manera paralela, adelantaran esos juicios de la dictadura”, agregó Pellegrini.

En cuanto al proceso de Justicia y Paz, Pellegrini tiene claro que otro aspecto que debe cambiar es el hecho de que las investigaciones están muy ceñidas a las versiones libres confesadas por los postulados. “Las investigaciones tienen que ser independientes al contenido de la versión, para que la verdad histórica no quede contada sólo por los victimarios”.

Por su parte, el profesor alemán Kai Ambos, director del Departamento de Derecho Penal Extranjero e Internacional del Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Gotinga (Alemania), habla del tema con escepticismo. Para él uno de los grandes problemas que enfrenta Justicia y Paz es la suerte de los cerca de 19.000 desmovilizados rasos que siguen hoy en un limbo jurídico. “Hay que tratar por todos los medios de que no se reintegren al conflicto armado. Por eso no creo que la Corte Constitucional de un país pueda aplicar la Constitución de manera abstracta, ignorando la realidad. La Corte creó un problema tremendo para el legislador y para la sociedad. Por eso hay que priorizar y seleccionar los casos. Y aunque queden por fuera casos impunes hay que recordar que la impunidad es parte de la realidad. La Fiscalía tiene que perseguir el delito más grave: el de los comandantes”.

Kai Ambos deja claro que la ley 975 de 2005 es una ley inteligente, pero su problema es la aplicación. “Lo que siempre se ha criticado, por ejemplo, es que la Fiscalía nunca ha tomado en serio el tema de la estrategia. La Fiscalía debe definir una pirámide de persecución, por ejemplo. La nueva fiscal debió resolver esa estrategia cuando entró. Pero no lo hizo”, afirmó el profesor.

Este tipo de propuestas están consignadas en el libro Una mejor aplicación de la ley 975, pero no han sido tomadas en cuenta, afirma Kai Ambos, quien terminó con una frase lapidaria: “Así como están las cosas, la Ley de Justicia y Paz va a dar nuevas condenas, pero muchas de ellas van a ser irrelevantes. En ese sentido es una posibilidad perdida, y si la Fiscalía, que es la instrucción eje del proceso, no entiende eso pronto, soy muy escéptico de que pueda servir de algo”.

Desde una postura crítica habla también el inglés Paul Seils, vicepresidente de Programa del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), quien sostiene que la Ley de Justicia y Paz tiene que judicializar a los máximos responsables: “Y ellos no son solamente Salvatore Mancuso y Hébert Veloza García, alias H.H., o Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Estamos hablando de la gente que dirigía en un sentido real las operaciones del aparato paramilitar, que pudieron pertenecer a una junta directiva o a una estructura formal de financiación. Ha habido muchos postulados que hablan de delitos que no conocieron realmente, sólo para permanecer en el proceso y tener los beneficios”.

Lo importante, según Seils, no es demostrar simplemente que los jefes paramilitares dieron órdenes para asesinar. “Lo que puede cambiar la confianza del país es un proceso que asegure que el fenómeno paramilitar no se repita. Eso no se puede hacer con una visión estrecha del fenómeno. Por eso la investigación y la presentación de pruebas tienen que describirlo. De lo contrario el concepto es muy débil”.

Por otro lado, Seils reconoce que la Fiscalía está sobrecargada en Colombia: “No tienen recursos, no tienen el peritaje para hacerlo y tienen condiciones cada vez más hostiles para llevar a cabo sus actividades. Para estos procesos de justicia transicional normalmente se ha creado un tribunal superior que se encarga sólo de eso”.

Lo cierto es que para estos tres expertos internacionales la Ley de Justicia y Paz necesita un salvavidas urgente: una reforma que integre la estrategia para que su aplicación sea eficaz, para que haya justicia y quede una memoria del fenómeno paramilitar que no permita que esta historia se repita en el país.