'A salir del clóset psicoactivo'

El Gobierno se alista para presentar ante el Congreso un nuevo estatuto de estupefacientes, en el que se estipulan fuertes penas de cárcel para los consumidores.

En 2009, el Congreso colombiano determinó que, con excepción de las prescripciones médicas, quedaba prohibido el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Pero hace unos meses, al aprobarse la Ley de Seguridad Ciudadana, se estipuló además que consumir narcóticos se traduce en cárcel. Y a esta norma se le sumaría la introducción de un nuevo estatuto antidrogas, que el Gobierno prepara por estos días para presentar ante el Congreso, y que preocupa seriamente a expertos y algunos sectores de la sociedad civil, pues la propuesta apuntaría a reforzar contundentemente la idea de que ante el consumo de drogas sólo se puede responder con prisión.

En el proyecto gubernamental, conocido por EL ESPECTADOR, se enuncian varios cambios al Código Penal. Algunos significan el aumento de penas y multas a delitos que ya existían, como el tráfico, almacenamiento o venta de drogas ilícitas. Se agregó que se castigará a quien use correos o redes globales para promover la distribución o el consumo de drogas. Sin embargo, ahora que la dosis personal está prohibida, las nuevas reglas de juego indican que incluso aquel que decida consumir alguna sustancia psicoactiva en un entorno privado, sin afectar a terceros, también podría ser procesado penalmente. El nuevo estatuto dispone, entre otras cosas, que una persona podría ser sentenciado por hasta 18 años de prisión por destinar el uso de un inmueble para el uso de sustancias psicoactivas.

En medio de la prohibición de la dosis personal, y que en el estatuto se invitan a todos los colombianos a reportar el uso de drogas, este tipo de medidas indicarían que una persona podría ir a la cárcel hasta por recurrir a los estupefacientes en la sala de su casa. Incluso los dueños de restaurantes, bares y demás lugares abiertos al público estarían en la obligación de denunciar a las autoridades a quienes consuman sustancias psicoactivas en sus recintos. “El problema es que Colombia va para un lado y las tendencias mundiales para el otro. Nos estamos quedando solos, pues, al parecer, esta perspectiva de combatir el narcotráfico sólo la comparte Estados Unidos”, sostiene Julián Quintero.

Él hace parte de un grupo de ciudadanos que está convocando contrapropuestas, desde la sociedad civil, para abordar la problemática tanto del narcotráfico como del consumo personal. “Si no quieren que los consumidores hagan parte de la cadena del narcotráfico, se debería permitir entonces cultivos en los hogares, como ocurre en varias partes del mundo. Pero que quede claro: nosotros lo que queremos es la regularización. Que el Estado ejerza en monopolio. Que la prevención sea integral, no que se tilde a los consumidores de delincuentes, porque eso no aporta nada”, señaló Quintero. El estatuto también prohíbe explícitamente a las madres el consumo de drogas durante la época de gestación o de lactancia. No es claro si ellas también irían a prisión por consumo de drogas.

Hace dos días, Quintero y varias organizaciones entregaron al Ministerio de Justicia un documento en el que piden una política de prevención que se enfoque, principalmente, hacia la integración social, en vez de resaltar las consecuencias punitivas del consumo personal de drogas.

Políticas de ayer y de hoy

Aunque fue el gobierno Uribe el que promovió la prohibición de la dosis personal, también fue en esta administración que se generó la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, que a juicio de algunos expertos es una brújula de gran utilidad en este asunto. “Eso demuestra que este es el reino del absurdo. Esa política se creó participativamente, intervinieron ONG, gobiernos locales, regionales y el nacional; es una política moderna, integral, de enorme coherencia técnica y científica. Pero el exministro Diego Palacio no la asumió como propia, y resulta que el tema de las drogas nada tiene que ver con ideologías permisivas sino con razones pragmáticas”, asegura Carlos Carvajal, quien fue consultor de las Naciones Unidas en este tema desde hace más de 15 años.

Carvajal advierte que castigar con cárcel el consumo de drogas hace más difícil detectar el problema, por una parte, y genera un costo social mucho más alto. “Uribe impulsó la prohibición por una pelea que casó con el magistrado Carlos Gaviria, cuando éste produjo la sentencia en que se despenalizó la dosis personal. Me parece injusto que la soberbia de un mandatario nos lleve a cometer desatinos contra la sociedad”. Raúl Tovar comparte la posición de Carvajal y sostiene que al prohibir y penalizar el consumo personal de drogas lo que se provoca es una generación de consumidores (que posiblemente no abandonarán las drogas a pesar de las sanciones) totalmente ignorantes con respecto a los riesgos que traen consigo los alucinógenos.

De acuerdo con Tovar, “hoy tenemos frente al alcohol, que es otra sustancia psicoactiva, campañas de consumo responsable. El alcohol tiene control de calidad, hay riesgos de consumo del alcohol y el tabaco. Pero tenemos una legislación que no nos permite profundizar en el tema de las drogas, que nos amarra porque cualquier acción en favor de las personas pueden ser calificadas como promoción de consumo, como por ejemplo repartir jeringas para evitar así el incremento en enfermedades de transmisión sexual”. Tovar es coordinador de Raiss Colombia, una red de 14 organizaciones del país que trabajan con personas consumidoras en reducción de riesgos, tratamientos y rehabilitación.

Expertos consultados por este diario coinciden en que nivelar el consumo personal a la problemática del narcotráfico y seguridad nacional es errado. Ellos, como se consignó en la propuesta que recibió el Ministerio de Justicia, aseveran que la lógica de las estadísticas (más capturas, más procesos, más condenas) no reflejan necesariamente una ventaja para la sociedad.

No es sólo penalización

El Ministerio de Protección Social concibe este nuevo estatuto desde otra orilla. Aldemar Parra, coordinador del programa contra la adicción a las drogas, le explicó a este diario que para el país es conveniente avanzar en un nuevo estatuto antidrogas que destaque la problemática del consumo. “Sólo desde 2007, cuando se trazó la política de reducción de consumo, se evidenció el consumo interno de drogas. El énfasis antes se centraba en el crimen organizado, pero ahora el tema está en la agenda. Este es un problema de carácter social y, principalmente, de salud pública”, sostuvo Parra. Y agregó: “El consumidor no puede ser visto como un delincuente, sino como un sujeto con derechos”.

Los partidos aliados del Gobierno no han recibido aún el borrador del estatuto antidrogas, como se lo confirmaron a este diario los presidentes del Partido de la U y del Partido Conservador. La discusión, no obstante, está en la puerta del Congreso. El representante Iván Cepeda manifestó preocupación sobre asuntos claves de este tema: ¿tiene el Estado la capacidad de ofrecer las rehabilitaciones? ¿Qué significan estas medidas para problemas tan graves como el hacinamiento en las cárceles?

Mientras el debate toma forma, la propuesta de la sociedad civil que se entregó al Ministerio de Justicia hace una invitación: “salir del closet psicoactivo”. “Los consumidores no son enfermos ni delincuentes. Si más gente aceptara abiertamente que consume drogas por placer se entendería que las sustancias psicoactivas no hacen que la gente deje de ser funcional o productiva económica, social y políticamente. Pero medidas como cárceles y multas sólo fomentan la exclusión social”, dice Julián Quintero.

 

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