Samuel Moreno no acepta cargos de la Fiscalía

La audiencia que se realizaba este lunes fue suspendida hasta el martes de esta misma semana.

El fiscal tercero delegado ante la Corte manifestó que el suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas que éste hizo una especie de pacto con los mayores contratistas de la ciudad para que financiaran su campaña en 2007 a cambio de beneficios.

En la imputación se detalló el acuerdo hecho por Moreno Rojas y los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapias para que le dieran dinero para su campaña a cambio de "dejarlos manejar el Instituto de Desarrollo Urbano" si era elegido alcalde.

"Usted no era ajeno al proceso de contratación, es verdad que no firmó ninguno, pero si estuvo inmiscuido en cada detalle del proceso", señaló el Fiscal.

Señaló que en junio de 2011 el ex subdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez Julio explicó que a los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapias manejaron, cada uno por dos años, el Instituto bajo la supervisión jurídica del abogado Álvaro Dávila, “como se los prometió Moreno Rojas en su campaña”.

El fiscal manifestó que existió “una relación de negocios entre los Nule y los hermanos Moreno Rojas, la cual se concretó en una reunión en Miami, Estados Unidos, cuando se acordaron la entrega de comisiones a cambo de la entrega de contratos”.

Los compromisos del alcalde

Durante su campaña política Samuel Moreno Rojas se comprometió a entregarles beneficios a un grupo de contratistas que incluían, según la Fiscalía, la entrega sin mayores problemas de entrega multimillonarios contratos viales entre los que se encontraban los de reparación de la malla vial, valorización y la fase III de Transmilenio. 

“Usted (refriéndose a Samuel Moreno) benefició las empresas del señor Julio Gómez y su familia”, señaló el fiscal haciendo hincapié en el hecho de que las propuestas presentadas por el contratista no cumplían con los requerimientos técnicos y pese a ello le fueron entregados. 

“Los caminos siempre van a conducir al mismo lado”, mostró el fiscal explicando el organigrama de la contratación en Bogotá, en la cual siempre eran los mismos nombres con diferentes empresas los que recibieron los contratos.

A lo largo de la audiencia el fiscal reiteró que “es inadmisible pensar” que el alcalde de Bogotá “era ajeno a los contratos” puesto que los diferentes testimonios y documentos recolectados a lo largo de la investigación demostrando que se presentó cierta injerencia en el IDU.