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Junio será un mes agitado para el caso de corrupción que sacudió al continente latinoamericano, más conocido como el caso Odebrecht. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció un listado de imputaciones y otras diligencias judiciales que se vienen en las líneas de investigación que ya se conocen: el contrato de la Ruta del Sol II, la adición del tramo Ocaña-Gamarra, el destino de los dineros por sobornos que ingresaron al país, el crédito del Banco Agrario para el proyecto Navelena y la financiación de campañas presidenciales.
La noticia del día corrió por cuenta del anuncio de que Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá condenado por el carrusel de la contratación, será imputado por el caso Odebrecht por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Igualmente le imputarán al contratista del Distrito Orlando Fajardo peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer. Y a Jaime Buenaventura Quintero, representante legal de Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe S.A.S (Contelac), falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. La investigación que arrancará contra ellos tres tiene que ver con las irregularidades advertidas en la adjudicación a Odebrecht del contrato Tunjuelo-Canoas.
Con respecto a las demás imputaciones que vienen, todas estaban ya cantadas: el 5 de junio será el turno para José Elías Melo Acosta, a quien le endilgarán el delito de cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Acosta es el expresidente de Corficolombiana, socia de Odebrecht en la concesión de Ruta del Sol II. La Fiscalía va a investigar formalmente si la empresa Estudios y Proyectos del Sol (de Corficolombiana) participó en el esquema de sobornos -que la gente de Odebrecht ya aceptó- para conseguir esa adjudicación y quedar a cargo de la rehabilitación o construcción de 528 kilómetros desde Cundinamarca hasta Cesar.
El mismo día, 5 de junio, está programada la audiencia de acusación y allanamiento de cargos de Enrique Ghisays, quien admitió que junto a su hermano Eduardo Ghisays creó la empresa Lurion Trading en Panamá para ayudarle al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales. De esa manera fue que García Morales, quien dirigía el Instituto Nacional de Concesiones (Inco, ahora ANI), ingresó al país los US$6,5 millones que le pagó Odebrecht a cambio de la adjudicación de la Ruta del Sol II. A Eduardo Ghisays, por su parte, le imputarán cargos este 9 de junio, aunque esa audiencia estaba anunciada desde principios de marzo.
Siete días más tarde, el 12 de junio, el turno será para el exconsejero presidencial Miguel Peñaloza: habrá ampliación de su interrogatorio, dijo la Fiscalía, "a propósito de la irregular adjudicación de la Ruta del Sol II". En esa misma fecha se les imputarán cargos a Marcela Ferrán e Irliana Barahona, vicepresidenta de crédito y cartera y gerente de crédito y cartera (e) del Banco Agrario. Esta decisión tiene que ver con que la Fiscalía sigue indagando en qué condiciones el Banco Agrario le prestó $120.000 millones a Odebrecht para el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, Navelena, a pesar de los números en rojo que la constructora brasileña ya arrojaba.
Por último, aunque no menos importante, el fiscal confirmó que su homólogo en Brasil le solicitó al Supremo Tribunal Federal de ese país, como ya estaba anunciado, que suspenda la confidencialidad sobre las declaraciones que más de 77 directivos y empleados de Odebrecht le han entregado a la justicia brasileña, conocidas como "las confesiones del fin del mundo". A partir de este 1º de junio, la Fiscalía colombiana y sus pares en el continente podrán acceder a las pruebas de la justicia brasileña en el caso Odebrecht, siempre y cuando "se mantenga la confidencialidad de dichas declaraciones" para no afectar otras investigaciones. El fiscal Martínez indicó que la solicitud de esas evidencias ya se hizo formalmente.