'Sanción de la Procuraduría contra Alonso Salazar fue desproporcionada'

El Consejo de Estado tumbó la destitución e inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos interpuesta al exalcalde de Medellín.

El magistrado Gustavo Gómez Aranguren, explicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró sanción disciplinaria de la Procuraduría General contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar por presunta participación en política fue “desproporcionada”.

“El contraste de la conducta desarrollada por el funcionario y la descripción que está prevista en la ley pues no correspondió, y pues lógicamente se viene un efecto complementario y es la inexactitud en la medida de destitución con inhabilidad y lo que realmente había sucedido”, precisó.

“El contraste de la conducta desarrollada por el funcionario y la descripción que está prevista en la ley pues no correspondió, y pues lógicamente se viene un efecto complementario y es la inexactitud en la medida de destitución con inhabilidad y lo que realmente había sucedido”, precisó.

Agrego además que se debe tener en cuenta que nadie está por encima de la ley. “Uno de los grandes logros del Estado neoliberal que nos rige es que no haya inmunidades de poder, el presidente de la República es el ciudadano más obligado por el orden jurídico, los jueces de la República tenemos controles, aquí nadie está por fuera de la ley”.

Finalmente hizo la aclaración que la decisión tomada no sienta ninguna jurisprudencia, esto debido a los comentarios que se han hecho en el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego quien fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.

En diálogo con Blu Radio, el exmandatario antioqueño manifestó que sus denuncias hacían referencia a una información que había recibido por parte de la ciudadanía frente al apoyo que le estarían otorgando los paramilitares a la campaña de Luis Pérez a la alcaldía de Medellín, así como a otros concejales de la ciudad.

En este sentido aseguró que pese a que presentó estas quejas ante la Procuraduría General y otras autoridades no se tomaron las medidas respectivas. “Estoy muy contento por el tema ético, estoy feliz de haber actuado en coherencia. No hubo errores administrativos, sino por cómo enfrentamos la criminalidad y cuál es la responsabilidad del Alcalde".

“No es para dramatizar”

El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado manifestó que no hay que “dramatizar” la decisión del Consejo de Estado ya que es “frecuente” que este tipo de situaciones se presente en el ordenamiento jurídico colombiano.

“Es frecuente que la jurisdicción contenciosa administrativa que es el juez de los actos administrativos profiera decisiones revocando o modificando las decisiones que en diferente materia se profieran. No es para dramatizar sino que la Procuraduría lo recibe y la acata plenamente”, precisó.

El jefe del Ministerio Público explicó además que no se puede descartar que se tome una decisión similar en el caso del exalcalde de Bogotá. “Desde luego todos los actos administrativos tienen control de legalidad, pueden estar incursos en desviación de poder, desconocimiento del derecho de audiencias y defensas, no me extraña la decisión”.

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