Sandra Morelli, contra las cuerdas

Por irregularidades en los contratos de arrendamiento y por la venta de los edificios donde funcionaba la sede de la Contraloría.

La contralora general, Sandra Morelli, siempre ha sostenido que el fiscal general Eduardo Montealegre la persigue. / Archivo

La pelea que han sostenido dos titanes durante el último año se agudizará tras la decisión de la Fiscalía de radicar en los próximos días la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra la contralora general Sandra Morelli. Todo gira en torno a cuatro contratos que firmó la Contraloría —dos de ellos en 2012, otro en 2013 y el último en 2014— y que están relacionados con la polémica que generó el arrendamiento de seis pisos del centro Comercial Gran Estación Fase II por una multimillonaria cifra y la venta a un precio irrisorio de los edificios Colseguros y Crisanto Luque en el centro de Bogotá, donde antes quedaba la sede del ente de control fiscal. Ya lo había advertido la Auditora general de la Nación, Laura Marulanda, en un informe en el que aseguraba que el detrimento patrimonial, en este caso, era de $76.000 millones.

La polémica comenzó el 29 de marzo de 2012, cuando la contralora firmó el contrato 233 con la empresa Proyectos y Valores por $76.433 millones —con la prórroga firmada hace pocos días quedó en $89.733—, con el fin de arrendar unas oficinas en el centro comercial Gran Estación. Miembros de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría (Acontrol) denunciaron en su momento irregularidades en estas maniobras, ya que para ellos no había justificación de que se pagara tanto dinero por tan sólo dos años. Poco tiempo después, con el puño y letra de Morelli, se firmó el contrato 234 para que en ese mismo edificio funcionara la sede de la Auditoría general de la Nación, que paga un arriendo de $196 millones mensuales.

El escándalo inició después de que se conociera que la empresa Proyectos y Desarrollos —constructora del Centro Comercial Gran Estación Fase II— pertenecía al empresario de textiles y construcción Alberto Aroch Mugrabi, un hombre que tiene indagaciones en la Fiscalía por supuesto lavado de activos. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado irregularidad alguna en sus negocios. Pero en medio de las pesquisas, lo que más le provocó dudas a la Fiscalía fue cuando se concretaron las ventas de los edificios donde antiguamente funcionaba la Contraloría.

Antes de que Morelli tomara la decisión de trasladar la sede del ente fiscal, la funcionaria utilizaba frases como: “las instalaciones son un chiste”, “no se puede hablar por celular”, “no hay posibilidad de conectividad”, “las condiciones de seguridad a la entrada y a la salida son patéticas”. A su vez, supuestamente advertía que las edificaciones no eran sismorresistentes y se comprometió a realizar estudios de diagnóstico para determinar si había que adecuar las instalaciones o por el contrario, mudarse a unas nuevas. Finalmente, terminó optando por la segunda opción e iniciaron las investigaciones en la Fiscalía y la Auditoría General.

“Se violó el principio de planeación y economía cuando se vendieron los edificios del centro, que terminaron siendo, prácticamente, regalados ya que su valor era de $35.000 millones y se negociaron por casi $13.000 millones al colector público del Estado Central de Inversiones S. A. (CISA). No se tuvieron en cuenta estudios serios como las condiciones de sismorresistencia por su antigüedad, sino que se basó en informes de la Administración de Riesgos Profesionales (ARP) y la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que decían que las condiciones de los mismos no eran las indicadas para los trabajadores, que no había aire y los tapetes podían provocar enfermedades respiratorias porque podrían tener “ácaros”, además argumentaron que las escaleras eran muy angostas y que no había buena señalización para el caso de una emergencia y posible evacuación”, le dijo a El Espectador uno de los investigadores del caso.

Tras la venta de las sedes, la Fiscalía comenzó a verificar las pautas del contrato. Encontraron que, al parecer, se basaron en estudios técnicos pocos serios ya que para evaluar las ofertas del mercado tomaron, por ejemplo, valores que aparecían en internet como www.metrocuadrado.com. “Bajaron las ofertas de internet y no se podían comparar, ya que en unas los precios se dan por arriendo, en otras por venta y en otros por metro cuadrado funcional”, le explicó una fuente de la Fiscalía a este diario.

Otra de las principales irregularidades que encontraron los investigadores fue una adición de una cláusula a 10 años al contrato original de arrendamiento. En pocas palabras, la contralora Morelli firmó una adhesión en la que decía que si acababa el contrato antes de 2022, la entidad tendría que pagar el 10%, por año que falte, del valor total de las adecuaciones realizadas por el arrendador. Y es que cuando se cerró la negociación, las instalaciones del centro comercial Gran Estación Fase II estaban en obra gris, es decir, sólo existía la instalación de luz y agua. No tenían baños ni oficinas adecuadas, por lo que se pactó que a la empresa Proyectos y Desarrollos se le pagaría por este trabajo.

Para el ente investigador, la Contraloría está pagando por bienes que tendrían que ser parte del contrato natural, ya que de tener que irse de estas instalaciones se tendría que llevar también las divisiones de puestos de trabajo, sanitarios, orinales, lavamanos, puertas, pisos, alfombras, enchapes, sistemas de aire, sistemas de vigilancia y monitoreo ambiental, sistemas de detección y extinción de incendios, sistemas eléctricos, red general de agua a presión y circuito cerrado de televisión.

El presidente de Acontrol, Carlos Saavedra, sostuvo que la Fiscalía les está dando la razón ya que en sus denuncias calificaron como “erróneo y equivocado por parte de la Contraloría salir de sus sedes propias y pagar un arriendo muy costoso. Se pagan $2.5000 millones de arriendo cuando teníamos una sede propia. Los edificios del centro necesitaban remodelación y mantenimiento. Los edificios se debieron vender por el costo real y salir a comprar una sede propia y no botar los recursos”. Agregó que su mayor preocupación es que en 2015 podrían quedarse sin sede ya que el contrato de arrendamiento se acaba y que han buscado opciones pero son muy costosas: “Actualmente en esa zona se están construyendo dos torres que tienen un valor aproximado de $100.000 millones cada una. Esa es la desgracia de hoy de la Contraloría. Puede ser muy bonita la sede, como ella lo dice, pero es estamos en arriendo, los escritorios no son nuestros y nada de lo que está ahí”.

Morelli, en su defensa siempre ha sostenido que todo se trata de una persecución que inició el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, y que fue secundada por la auditora Marulanda. “Yo creo que si el señor fiscal (Montealegre) pudiera pedir que me mataran o matarme, lo haría. Las acusaciones de la Fiscalía son falsas, si tienen pruebas tranquilamente voy diciendo que se las inventaron”, manifestó la contralora en su intervención ayer en el Congreso. Asimismo, en días anteriores sostuvo que su caso está lleno de “imbecilidades porque no saben dónde encontrar el delito (...) Me preguntaron respecto de los temas del edificio, pero al final entonces las preguntas tenían que ver con qué peluquero era el que me peinaba a mí”. Agregó que su caso se convirtió en “un chisme de peluquería”.

La Fiscalía espera que la audiencia se realice la próxima semana. Al parecer, los delitos que le imputarán serán: contratos sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación en favor de terceros. Sin embargo, no descartan la posibilidad de procesarla por falsedad en documento e interés indebido en la celebración de contratos. Además, el ente investigador no solicitaría la media de aseguramiento sino que buscaría la forma de que Morelli no pueda salir del país para evitar una posible fuga.