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La Sección Primera del Consejo de Estado tumbó la decisión judicial que ordenaba continuar el proceso ejecutivo contra el Distrito de Santa Marta por más de $2.400 millones. El caso tiene relación con el litigio con la sociedad Recaudos y Tributos (R y T) y el contrato celerbado para la modernización del sistema tributario en la capital del Magdalena.
Para alto tribunal se presentó una vulneración de los derechos fundamentalesen en el fallo emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena que avaló la supuesta deuda que contrajo esa ciudad durante la ejecución del mencionado contrato.
La Alcaldía de Santa Marta (2011-2015) determinó finalziar unilateralmente dicho contrto. Esta decisión fue demandada por la sociedadque consideró que se le habían vulnerado sus derechos, hecho por el cual pidió continuar con la ejecución del contrato pese a la determinación del alcalde.
La Sala de Revisión de la Corte Constitucional avaló las pretensiones de R y T. Sin embargo, el caso llegó a la Sala Plena del alto tribunal que anuló el fallo de tutela y dejó en firme la terminación del contrato puesto que los particulares no podían manejar el recaudo de los impuestos.
Pese a la decisión, el magistrado ponente de este caso estuvo varios meses con el expediente en su despacho sin emitir el respectivo nuevo fallo. Toda la demora en el trámite conllevó a que la deuda del Distrito de Santa Marta con la sociedad R y T siguiera en aumento.
Con la decisión del Consejo de Estado, la deuda millonaria por la terminación del contrato -que tuvo en probelemas penales y disciplinarios al alcalde- terminó y el Distrito de Santa Marta no tendrá que cancelarla.
El contrato de la discordía
Lo hechos materia de análisis y jurídico iniciaron en el año 2002 cuando la sociedad R y T firmó el contrato con el Distrito, a partir del cual esperaba obtener, además de la contraprestación al cumplimiento de las tareas que le fueron asignadas, el reembolso de los dineros cancelados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El alto tribunal determinó que en este procedimiento se habrían presentado fallas en todo el trámite y procesal que permitió el aumento de la deuda.
Dado que entre enero de 2008 y diciembre de 2010 Santa Marta dejó de cancelar los valores equivalentes al IVA, el contratista presentó una demanda ejecutiva en contra del ente territorial, a fin de obtener el pago por casi $2.400 millones más intereses de mora.
Aunque las pretensiones de esta sociedad no se materializaron en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena emitió un fallo en septiembre del 2016 que ordenaba seguir adelante con la ejecución en contra del Distrito Turístico.
En contra de esta decisión se presentó una acción de tutela que llegó a la Sección Primera del Consejo de Estado que protegió los derechos del ente territorial y dejó sin efectos la sentencia del Tribunal.
Para la corporación, no existía un compromiso inequívoco del Distrito de Santa Marta para cancelar las obligaciones contraídas por el contratista en materia de IVA, por lo que ordenó dictar una nueva sentencia dentro del proceso ejecutivo.
“(…) En la cláusula novena del acuerdo se pactó que los impuestos, tasas y contribuciones vigentes al momento del contrato estarían a cargo del contratista, al igual que los tributos o contribuciones que afectaran la renta líquida o gravaran su patrimonio neto”, precisa uno de los apartes de la decisión.