Santiago Uribe será trasladado a una guarnición militar en Bello (Antioquia)

El ganadero antioqueño cumplirá la medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras se resuelve su situación jurídica en la investigación que se le adelanta por la conformación de "Los 12 Apóstoles".

El empresario antioqueño Santiago Uribe Vélez será trasladado en las próximas horas a una guarnición militar en el municipio de Bello (Antioquia) para que siga cumpliendo la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General en la investigación que se le adelanta por su presunta participación en la conformación y financiación al grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles". 

En la tarde de este miércoles el Inpec estudió la solicitud presentada por la Fiscalía General y determinó que por cuestiones de seguridad y de arraigo familiar Uribe Vélez debería ser trasladado al batallón Pedro Nel Ospina. El ganadero antioqueño fue capturado el pasado lunes en el barrio El Poblado de Medellín por agentes del CTI de la Fiscalía, que poco tiempo después la trasladaron a los calabozos del búnker de la Fiscalía en Bogotá. 

Uribe Vélez deberá continuar con la medida de aseguramiento hasta que la Fiscalía General no le resuelva su situación jurídica, es decir si lo llama a juicio por los deltios de concierto para delinquir por la conformación de grupos armados ilegales y homicidio agravado, o por si el contrario archiva esta investigación que ya cumple 19 años. 

En los próximos días la defensa del hermano menor del senador Álvaro Uribe Vélez presentará una solicitud para que se dicten medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que se le vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia, puesto que la medida de aseguramiento es injustificada. 

En contra de Uribe Vélez existen tres testimonios directos que lo señalan de participar en las reuniones en las cuales se presentó la idea para conformar un grupo armado en la región que fungiera como un ejército privado dirigido a proteger a ganaderos, hacendados y empresarios de las acciones ilegales de los grupos guerrilleros. 

En la finca La Carolina se habrían adelantado estas reuniones. Este clan habría participado en centenares de homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones en la región bajo la complicidad de la Policía Nacional.