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En un plazo máximo de 90 días el presidente Juan Manuel Santos recibirá un informe sobre las denuncias conocidas esta semana sobre seguimientos e interceptaciones ilegales a varios periodistas del país por parte de la Policía. Así lo reveló el propio Jefe de Estado al anunciar la creación de una comisión que se dedicará a indagar sobre dichas acusaciones.
“En el caso particular de la Policía Nacional, he nombrado hoy una Comisión Especial para que investigue a fondo lo que está sucediendo en la institución y, en un plazo máximo de 90 días, presente un informe detallado con sus hallazgos y recomendaciones”, reveló.
El mandatario explicó que la comisión estará conformada por los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez, el consultor Jorge Hernán Cárdenas y la ministra de la presidencia, María Lorena Gutiérrez, quien ejercerá como secretaría de la comisión. A la par seguirán avanzando las investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría.
“No nos temblará la mano para actuar contra cualquier caso comprobado de corrupción o abuso que encontremos en la Policía Nacional o en cualquier otra entidad pública. Aquí no perseguimos a nuestros críticos ni a nuestros opositores. No chuzamos ni perseguimos periodistas. Y, si alguien lo está haciendo, es sin conocimiento ni autorización del gobierno y tendrá que enfrentar todo el peso de la ley”, añadió Santos insistiendo en que su gobierno siempre ha respetado la libertad de prensa y que no se va a permitir que las actuaciones de unos pocos “manchen el buen nombre de la Policía”.
El Jefe de Estado aseguró, sin embargo, que primero se deberán reunir las pruebas suficientes y necesarias para poder señalar a los responsables de los seguimientos sin tomar decisiones a la ligera. “Estamos adelantando las investigaciones y tomaremos las acciones que sean necesarias para que sobre nuestra Policía y sobre todas nuestras instituciones públicas no quede la más mínima sombra de sospecha”.
El pronunciamiento de Santos se presenta en momentos en que la Fiscalía investiga una serie de correo anónimos recibidos por las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales en los que se les advertía sobre interceptaciones ilegales en su contra. Al abrir la investigación, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, señaló que la primera hipótesis de los investigadores es que dichas chuzadas podrían estar relacionadas con las denuncias hechas por Dávila sobre corrupción al interior de la Policía.
“De llegarse a comprobar que existe relación entre los hechos denunciados por los periodista en los medios de comunicación y los seguimientos e interceptaciones de los cuales han sido víctimas ella, su familia y su equipo periodístico, considero que estaríamos frente a un hecho que constituye un gravísimo atentado contra la democracia colombiana y la libertad de prensa“, señaló entonces Montealegre.