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El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció este jueves que ya firmó la autorización para la extradición a Estados Unidos de los taxistas vinculados a la muerte del agente de la DEA, James Terry Watson, registrado el 21 de junio del año pasado, en medio de un ‘paseo millonario’ en el norte de Bogotá.
Los requeridos por una Corte de Virgina son:
Gerardo Figueroa Sepúlveda, alias ‘Garcho’
Omar Fabián Valdés Gualtero, alias ‘Gordo’
Édgar Javier Bello Murillo, alias 'Payaso'
Héctor Leonardo López, alias 'Bavario’
Andrés Álvaro Oviedo García, alias ‘El Flaco'
Wilson Daniel Peralta Bocachica
Julio Steven Gracia Ramírez
El pasado 2 de abril, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a la solicitud de extradición presentada por una Corte de Estados Unidos en contra de los taxistas.
Para la decisión, hoy avalada por el jefe de Estado, el alto tribunal tuvo en cuenta que la víctima tenía la calidad de "persona internacionalmente protegida" puesto que hacia parte del cuerpo diplomático de los Estados Unidos.
“Debe entenderse que han ocurrido por disposición de la convención tanto en el estado de origen de la víctima como en el lugar en el que efectivamente fueron cometidos esto permitió concluir a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que se cumplía con la condición prevista acerca de que tales conductas fueron cometidas en el exterior”, precisó el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro.
La Corte Suprema impuso una serie de condicionamientos a Estados Unidos entre los que se encuentran el hecho de que no sean juzgados por hechos distintos a los presentados en la solicitud formal, “no se les pueden imponer penas de muerte o cadenas perpetuas por estas prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Debe descontarse de la eventual condena que se les impondrá el tiempo que han permanecido privados de la libertad por este trámite de extradición”.
En uno de los puntos clave se indica que se les debe garantizar a los procesados tengan contacto con sus familiares más cercanos teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución Política de Colombia.
Igualmente, se debe tener en cuenta el hecho de que la extradición no implica que se pierda la nacionalidad ni los derechos como colombianos, por lo que el deber de las autoridades colombianas se extiende a tal punto que tienen que vigilar que en el país reclamante se les respeten los derechos y garantías.