Saqueo a Saludcoop: Contraloría archivó investigación contra Guillermo Grosso

Como interventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Grosso autorizó millonarios gastos en momentos en que la entidad atravesaba graves problemas financieros. Tres de ellos fueron: una fiesta de navidad y un torneo de bolos para los empleados; un taller de coaching con un reconocido conferencista internacional, y el alquiler de camionetas blindadas para la plana mayor de la compañía. Las posibles irregularidades en estos gastos venían siendo advertidas desde 2017 por la Contraloría, pero ese mismo ente de control decidió archivarle la investigación Grosso luego de llegar a un callejón sin salida en el proceso.

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“No cabe duda de que, en el asunto examinado no es posible establecer la existencia del daño causado al patrimonio del Estado, de manera que habrá lugar a proferir auto de archivo”, dice la decisión de 78 páginas en poder de El Espectador que firmó el director de investigaciones de la Contraloría, Juan Antonio Nieto. Por el funcionamiento interno del ente de control, sin embargo, el expediente pasó inmediatamente al despacho de su superior, el contralor delegado para la responsabilidad fiscal, que deberá estudiarlo de nuevo y decidir si confirma o no el archivo.

En el proceso, a Grosso se le cuestionaba que, como interventor de Saludcoop aprobó pagar la fiesta de navidad de empleados de diciembre de 2013 y un torneo de bolos que costaron casi $300 millones. Asimismo, el pago del Taller de sembradores de esperanza, dictado por el coach Alex Hadad, que costó otros $200 millones, pero la transacción “no cuenta con los estudios previos, convenio o contrato con sus adiciones o modificaciones, designación de supervisión, actas, informes de liquidación”, que es lo mínimo que debe tener un contrato del Estado.

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Y, por último, la Contraloría cuestionaba que Grosso hubiera autorizado el alquiler de camionetas Toyota blindadas para él mismo, para el presidente del grupo Saludcoop y el secretario general de la entidad. Los arriendos ascendieron a $500 millones de pesos. Lo que al ente de control le pareció aún más grave es que estos millonarios gastos a los que les puso la lupa fueron pagados con una cuenta bancaria en la que la EPS recibía dinero del sistema de salud para reinvertir en la atención que le brindaba a sus afiliados, un monto que recibe el nombre de Unidad de Pago por Capacitación (UPC).

La UPC, según el Ministerio de Salud, es el valor anual que se le reconoce a una EPS “por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado”. De todo el dinero que le entraba a Saludcoop por este monto parafiscal, el 90% debía ir a la atención de esos afiliados y el 10% restante lo podía utilizar la entidad para gastos administrativos. Las preguntas de la Contraloría fueron ¿Excedió Grosso ese 10% con sus gastos en fiestas, conferencias y camionetas?

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El ente de control no pudo dar una respuesta. Después de ordenar tres informes diferentes, uno de los cuales elaborado por una contadora experta independiente, no pudieron establecer si los gastos de Saludcoop habían excedido el 10% que podían utilizar de ese dinero. Esto pues, dice el auto de archivo, “en la contabilidad y en el plan único de cuentas establecido por la Superintendencia de Salud para la EPS no fueron previstas ni existen cuentas contables que muestren separadamente los recursos del 10% y del 90%”.

Tampoco fue posible para la Contraloría establecer el monto del dinero que se le transfirió a Saludcoop por UPC en 2013, 2014 y 2015, que fueron los años en los que se dieron los gastos cuestionados. Como no se pudo determinar la cantidad desde su origen, “no se pudo determinar cuáles contratos suscritos durante las vigencias 2013, 2014 y 2015 hacen parte del porcentaje de gastos de administración que al parecer excedían el tope de gastos”, con lo cual no se sabe con total certeza si Grosso se pasó del 10% que, en teoría, podía gastarse en funcionamiento de la entidad.

En palabras de la Contraloría: “se concluye que el daño patrimonial que se reputó causado por gastos administrativos que exceden el porcentaje del 10% no se encuentra probado, si se tiene que del caudal probatorio recaudado resultó imposible demostrar que dichos pagos hacen parte de las cuantías del exceso del 10% de la UPC”. Con lo cual ahora Grosso, que enfrenta procesos penales y disciplinarios por presunta corrupción y gastos suntuosos durante su gestión en Saludcoop y Cafesalud, tiene una de las primeras decisiones judiciales a su favor.