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Que el dueño del centro comercial Gran Estación II, el edificio donde funcionó la Contraloría en los tiempos de Sandra Morelli, aceptara los cargos por enriquecimiento ilícito, es una puntillada más a la excontralora, hoy investigada en la Corte Suprema de Justicia precisamente por el contrato de $22.000 millones que firmó para ubicar la sede de la Contraloría en el edificio.
Aroch Mugravi fue capturado el pasado lunes e imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. El empresario colombo-israelí, a través de su compañía Modas Sofisticada S. A. S., mantuvo vínculos comerciales con la firma Induitex, del grupo perteneciente a la familia Gubereck, incluidos en la Lista Clinton en julio del 2013. Estos negocios alarmaron a la Fiscalía, que además, también puso su lupa sobre Aroch por la compra del edificio donde la contraloría tuvo su sede. Resulta que en 2007, Aroch compró el lote donde se ubica el centro comercial Gran Estación II por $66.000 millones, de los cuales pagó en efectivo $2.500 millones.
Precisamente fue el traslado de la Contraloría a este edificio es el que hoy tiene a la excontralora Sandra Morelli enfrentándose al delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Para la Fiscalía, al hacer este traslado Morelli “infringió de manera consciente y voluntaria la ley”, pues firmó el contrato de arrendamiento con la firma Proyectos y Desarrollos 1, a pesar de que el Ministerio de Hacienda ya había calificado el gasto como ‘irracional’. Además, el ente investigador la acusó por la falta de claridad en el proceso previo a la firma del contrato.
La captura de Arech es sin embargo, solo una de las que la Fiscalía ha realizado en el último mes y que, de una manera u otra, están relacionadas con la exfuncionaria. Las demás capturas estarían relacionadas con la hipótesis del fiscal Eduardo Montealegre de que desde la Contraloría, en cabeza de Sandra Morelli, se estaba obteniendo información ilegal de unas 70 personas, incluidos funcionarios públicos y periodistas.
Las primeras detenidas fueron dos asesoras del despacho de Morelli, que según la Fiscalía habrían ordenado las interceptaciones ilegales. Después vinieron tres capturas por supuestas irregularidades en tres contratos de $8.300 millones por un sistema de seguridad informática para la Contraloría, el mismo que según Montealegre se utilizaba para ‘chuzar’. Los últimos detenidos por este caso son el coronel de la Policía Jairo Gordillo Rojas y coronel (r) Carlos Alberto Barragán. Así, con siete capturas de personas relacionadas con ella, la situación de la excontralora Sandra Morelli se complica cada vez más.
Morelli, por su parte, siempre ha señalado que las investigaciones en su contra son una persecución por parte del fiscal general, a quien ella señaló de promover la impunidad en el caso Saludcoop, teniendo en cuenta que Montealegre fue abogado de Saludcoop y es amigo personal de Carlos Palacino, expresidente del grupo Saludcoop. Hasta la fecha, Saludcoop fue intervenida y liquidada por el Gobierno y la Contraloría le impuso una sanción fiscal de $1,2 billones, mientras que en la Fiscalía ni siquiera se ha abierto una investigación formal contra Palacino o cualquier otro exdirectivo de ese grupo empresarial, señalado por el Estado de haber desviado recursos de la salud para su propio enriquecimiento.