¿Se avecina otro Gramalote?

El Tribunal Administrativo de Santander acaba de proferir un fallo vinculando hasta al Ministerio de Vivienda para evitar una tragedia como consecuencia del hundimiento.

Vélez, uno de los municipios más reconocidos de Santander, se está hundiendo de a pocos. Así se lo dejó saber un grupo de ciudadanos a las autoridades judiciales de esa localidad, enumerándoles una a una las fallas que están afectando a una buena parte de esta población.

En por lo menos cuatro barrios de Vélez, un pueblo que no pasa de los 20.000 habitantes, “aparecieron grietas en las paredes, hundimientos o levantamiento de pisos, y empezó a regresarse el agua por los sifones, produciéndose inundaciones en varias viviendas”.

Denunciaron que además de la falta de canaletas que encausaran las aguas en ciertas áreas, y de la inestabilidad de los terrenos, la cárcel municipal se conectó “en forma artesanal” al tubo que conduce el agua que viene de la quebrada El Batán hacia la planta de tratamiento, “causando erosión y afectación en los lugares aledaños”.

La problemática no es de ayer. En diciembre de 2004, a petición de este mismo grupo de ciudadanos, la Universidad Industrial de Santander envió un ingeniero civil para revisar el sector. Así se hizo, se entregaron recomendaciones, pero nada pasó.

En 2008, a petición de la Alcaldía Municipal, se delegó a un funcionario de Ingeominas para visitar los barrios en riesgo, quien a su vez entregó un reporte con recomendaciones y conclusiones.

La respuesta de la Alcaldía, sin embargo, dejó a los veleños sin palabras: según la administración municipal no había recursos humanos, técnicos ni económicos para realizar estudios geológicos, geotécnicos ni de hidrogeología.

Los habitantes de los barrios afectados de este histórico pueblo santandereano insistieron. Recurrieron entonces, a través de una acción popular, ante el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de San Gil, que en septiembre de 2011 les dio la razón a los demandantes.

A Vélez le ordenaron realizar estudios de geología y de hidrogeología para poder conocer las características de los suelos y la distribución de las aguas; realizar un censo completo de las viviendas de todo el municipio y reubicar o hacer las obras necesarias en las casas con amenaza de ruinas. Todo esto, en menos de seis meses.

El Juzgado dictaminó también que, en menos de dos años, se actualizara el Plan Maestro de Alcantarillado y se construyera alcantarillas donde no las hubiera. Una medida coherente con el riesgo al que se exponen cientos de municipios colombianos cada año con las olas invernales. Se ordenó, incluso, reforestar las laderas de la cárcel municipal.

El proceso nunca especificó el número de personas afectadas por los hundimientos y las filtraciones de agua, sin embargo, desde el fallo de primera instancia se advierte que se trataba de un “gran número”.
Para el Juzgado de San Gil, de acuerdo con las pruebas a las que tuvo acceso, era evidente que Vélez estaba en grave peligro. El juez del caso señaló que la negligencia de la administración del municipio acentuaba el riesgo contra los veleños, quienes “tal vez no alcanzan a imaginar la gravedad del problema”.

Vinieron las apelaciones y el expediente quedó en manos del Tribunal Administrativo de Santander que, de igual manera, les dio la razón a los gestores de esta acción popular. Y, de paso, señaló que no era una sino varias las autoridades encargadas de prevenir una tragedia monumental.
A la Gobernación de Santander le recordó que sí tenía competencia para intervenir en esta dramática situación, como integrante del sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

A la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), el Tribunal le advirtió que su competencia no se acababa en las funciones de prevención y que era su deber igualmente hacer actividades análisis, seguimiento y control de desastres.

Ingeominas, según el Tribunal, sí cumplió sus funciones al rendir varios conceptos técnicos que daban cuenta en detalle de las condiciones del terreno sobre el que se encuentra el pueblo.
La Alcaldía de Vélez fue la que quedó más mal parada. Según la decisión judicial, el municipio ni siquiera había solicitado ante la Gobernación de Santander algún proyecto destinado a obtener los recursos necesarios para elaborar estudios o hacer obras.

Cada una a su modo, todas las entidades del Estado que podrían intervenir para que Vélez no se hunda han intentado escurrirse. Sin embargo, el Tribunal con su fallo comprometió a la Gobernación, la CAS y hasta el Ministerio de Vivienda: todos deben colaborar.

El fallo fue proferido en septiembre del año pasado, pero sólo este miércoles 5 de junio de 2013 se acabó el proceso de notificar a las partes afectadas o beneficiadas por la determinación judicial.

Mientras tanto, los habitantes de Vélez, al unísono hacen una sola petición: que las autoridades les cumplan para que ellos no vayan a ser el próximo Gramalote, el pueblo de Norte de Santander que desapareció por obra y gracias de las lluvias.

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