Se cayó la tutela de un ciudadano que demandó al presidente y al fiscal en favor de Aníbal Gaviria

Gaviria fue gobernador de Antioquia durante el período 2004-2007, alcalde de Medellín entre 2012-2015 y fue elegido nuevamente como gobernador en 2019.

El Triubunal Superior de Medellín negó la tutela de un ciudadano en contra del presidente, Iván Duque, y el fiscal general, Francisco Barbosa, por considerarla improcedente pues los altos funcionarios no estarían violando los derechos fundamentales del debido proceso. En la acción de tutela, el ciudadano solicitaba que el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fuera reintegrado al cargo y terminara su mandato.

Este jueves 25 de junio el alto tribunal resolvió la acción de tutela interpuesta por Diego Restrepo Montoya, un ciudadano que alegaba una presunta vulneración a sus derechos fundamentales, al debido proceso y otros. En su argumento explicaba que aun conociendo las investigaciones que cursaban en contra de Aníbal Gaviria, los antioqueños lo eligieron como gobernador en los comicios del año pasado.

“Sabiamos que iba a demostrar su inocencia en la justicia, más debido a que lo que se estaba investigando era un asunto muy cotidiano en la administración pública, los errores en la contratación y allí no se denunciaba corrupción, porque las obras evidentemente existen, siendo elegido el señor Aníbal Gaviria para que adelantara el plan de desarrollo y su programa de gobierno”, manifestó.

Sin embargo, el 5 de junio Gaviria fue suspendido del cargo luego de que la Fiscalía dictara una medida de aseguramiento preventivas por las investigaciones que se adelantan en su contra. Para Restrepo, esta decisión por parte del ente acusador fue un acto en contravía del mandato popular pues “son miles de ciudadanos que lo eligieron, al ser una institución política y dada su configuración de carácter estrictamente democrático, para revocarlo se necesitaba iniciar un proceso de revocatoria de mandato, para destituirlo o suspenderlo se requería una sentencia en firme de un juez de la República”, señaló.

En ese sentido, el ciudadano alegó al retirar al funcionario arbitrariamente de su cargo resultó afectado gravemente, toda vez que “le quitan su derecho de participar en la dirección de asuntos públicos”. Por lo que exigió, a través de la tutela, que le garantizaran sus derechos políticas a elegir y ser elegido, a permitir que la persona que eligió gobierne las actuaciones públicas de su territorio y lo haga con la absoluta tranquilidad de que no va a ser perseguido, ni interrumpido en su plan de gobierno.

Con tal argumento, Restrepo solicitó que devolver a su cargo al gobernador, anulando la resolución de la Fiscalía que ordenó la suspensión de Aníbal Gaviria, declarándola como violatoria de sus derechos fundamentales y el de todos los antioqueños.

Pues bien, el Tribunal Superior de Medellín evaluó el asunto y concluyó que lo que pretende el ciudadano es abogar por los derechos que la Fiscalía le habría violado a Gaviria cuando le dictó la medida de aseguramiento. Asimismo, aclaró que se trata de un cargo de elección popular y ello no significa que el funcionario o puede ser vinculado y tomar medidas preventivas, en contra de este.

Por otro lado, explicó que en ningún momento se violó el derecho del accionante a elegir y ser elegido pues, como él mismo dice, votó por quien quiso y hasta allí llega ese derecho. Así las cosas, el despacho declaró la improcedencia de la acción constitucional. No obstante, aclaró que esta decisión admite el recurso de impugnación.