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Esta semana se cumplen 25 años de la Ley 70, radicada el 27 de agosto de 1993. Esta norma está basada en un principio fundamental para la cultura negra y es el de la propiedad colectiva de la tierra, un aspecto clave para la conformación de la identidad, el desarrollo y la educación de una comunidad.
El Ministerio de Cultura describió la ley como un acto de relevancia cultural. “Esta norma cimienta sus bases sobre el reconocimiento de una realidad cultural de las poblaciones afrodescendientes que, a su vez, sirve como base para el fomento de la organización social de esta población. De esta forma, los hacen partícipes de las decisiones importantes sobre sus tierras y sus comunidades, dándoles autonomía sobre sus tradiciones y empoderando su historia común y su cultura”, señaló la cartera ministerial.
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En diálogo con El Espectador, José Santos Caicedo, integrante del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras de Colombia, habló de la importancia de la Ley 70 para la comunidad afrocolombiana, explicó los avances que esta norma les ha permitido desarrollar y señaló que los pueblos afrocolombianos todavía sufren de discriminación y racismo.
¿Cuál es la situación de la población afrocolombiana con respecto al reconocimiento de su territorio?
Para el caso del Pacífico se ha logrado avanzar en un reconocimiento de los derechos territoriales en un 99% aproximadamente. Sin embargo, hay solicitudes de titulación colectiva que no se han resulto en los valles interandinos en el norte del Cauca, Buenaventura, Chocó y en el Urabá antioqueño. Y, de igual forma, en zonas del Caribe, Putumayo, Arauca es muy poco el avance que hay. No existe el reconocimiento requerido. Tenemos conocimiento de que se han presentado 270 solicitudes de titulación ante la Agencia Nacional de Tierra y no se ha avanzado en ese sentido.
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¿En qué medida el conflicto armado ha intervenido en la problemática del reconocimiento territorial de las comunidades afro?
Creemos que los grupos armados han impedido del goce y el disfrute de la Ley 70 para la comunidad. Hace dos meses, por ejemplo, los miembros del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato sacó un comunicado en el que hablaron de la situación que viven con las pretensiones de los exintegrantes de las Farc y su zona veredal en adquirir derechos territoriales. Entonces sí, de alguna forma los grupos armados han afectado ese proceso. Por otro lado, también se ha visto el asesinato a líderes a los que se les ha negado el ejercicio de la autoridad de las comunidades.
En términos de reconocimiento de derechos, ¿cree que la comunidad afrocolombiana aún es vulnerada?
Supremamente vulnerada. Aunque hay unos derechos garantizados en la ley, estos no se materializan. Además, aunque existe el capítulo étnico en los Acuerdo de la Habana, ha sido muy poco lo que se ha realizado. En ese texto dice que se debe reconocer a La Guardia Cimarrona como un instrumento legítimo de las comunidades para ir avanzado en la protección de los derechos étnicos territoriales y no ha habido poder humano en la institucionalidad que posibilite ese fortalecimiento. Hoy se reconoce mucho más la jurisdicción de los pueblos indígenas, pero no se quiere reconocer la jurisdicción de los pueblos negros. En este país sigue existiendo racismo y discriminación contra los pueblos afro en el territorio.
¿Considera que la Ley 70 es fundamental para la construcción identitaria de la comunidad afrocolombiana?
Sí. Esta ley fue una de las primeras herramienta legales que garantizaron el derecho a los pueblos negros. Tenemos que seguir trabajando para que haya otras normatividades que reconozcan y avancen en esos derechos. Creemos que el Gobierno debe reforzar la reglamentación de la ley. Sin embargo, debemos reconocer que ha sido fundamental. Sin ésta herramienta, las comunidades negras seríamos hoy mucho más vulnerables.
¿De qué manera van a seguir exigiendo sus derechos o qué soluciones podrían influir para que esta situación cambie?
No descansaremos en reiterar a través de comunicados, acciones judiciales y lucha que se debe avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos negros. Un ejemplo de ello fue todo lo que pasó con el paro cívico de Buenaventura. Las comunidades no tienen otra opción más que salir a movilizarse y creo que es la única herramienta que podemos tener para ser escuchados y visibles ante un país que en ocasiones es indolente con el pueblo negro. Somos mucho más que el Petronio, que San Pacho y que Yerry Mina. Por nuestros hombros y nuestras espaldas ha pasado la consolidación de la nacionalidad colombiana.
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