"Que se declare el estado de conmoción"

Según María Claudia Rojas, la crisis carcelaria amerita que se tome esta medida. Además se refirió al futuro de las tutelas por caso Petro.

La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas. / David Campuzano

Desde hace 16 años una mujer no llegaba a la presidencia del Consejo de Estado, y ahora la magistrada María Claudia Rojas ha puesto fin a esa mala racha, en un momento muy particular para el alto tribunal: con una reforma a la justicia en ciernes, con el futuro del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en sus manos y con una cantidad cada vez mayor de demandas contra el Estado por fallas administrativas. En entrevista con El Espectador, la magistrada Rojas se refirió a los retos que tendrá que afrontar este año.

¿Cómo recuperar la legitimidad que ha perdido la Rama Judicial?

Creo que quienes administramos justicia no podemos dar margen a ninguna duda sobre nuestras actuaciones. Tenemos que ser absolutamente imparciales, transparentes, probos, y por eso es fundamental que cuando tengamos intereses en conflicto utilicemos los mecanismos que la ley nos brinda, como, por ejemplo, el de declararnos impedidos.

El Consejo de Estado es juez disciplinario del procurador. ¿Hay alguna investigación en su contra?

No. Realmente, a ese punto no quisiera referirme, porque en el Consejo de Estado tenemos una decisión que involucra al procurador y yo, la verdad, me declaro impedida en las decisiones que tengan que ver con la Procuraduría. Prefiero no tocar ese tema porque tengo un hijo trabajando en esa entidad.

Pero, ¿habría que modificarle algo a la Procuraduría?

Pienso que alguna razón tuvieron los constituyentes para asignarle a la Procuraduría las funciones que tiene. Si no existiera tendríamos que asignar sus funciones a otro organismo, porque todos los empleados o funcionarios, sean de elección popular o no, deben tener un control disciplinario.

¿Qué hacer en cuanto a la situación en las cárceles?

Creo que el problema carcelario tocó fondo y el Estado va a tener que tomar medidas de emergencia, incluso, declarar el estado de conmoción. Es decir, medidas extraordinarias que permitan darles a los internos las condiciones humanas que merecen.

Cada vez hay más demandas contra el Estado por temas como este...

Claro, la demanda de justicia ante lo contencioso-administrativo es creciente. Yo creo que la raíz del asunto tiene que ver con que la administración no les responde a los ciudadanos y en muchos casos es lenta y no da respuestas. Eso hace que el ciudadano tenga que venir a nosotros buscando respuestas.

¿Qué se viene con las tutelas que se han presentado por el caso Petro?

La Sala Plena ya tomó la decisión de asumir el conocimiento de la primera de las tutelas que llegó, que fue interpuesta por el alcalde Gustavo Petro. Esa tutela ya fue repartida y será estudiada dentro del término legal. Paralelamente, hay magistrados, entre ellos yo, que consideramos que podemos tener algún impedimento y así lo hemos declarado. No tengo idea de cuántos impedimentos se vayan a presentar, pero la idea es que esto lo decida la Sala Plena con sus miembros permanentes. Sólo si el quórum resultara afectado, habría que acudir a conjueces.

¿En qué va la discusión por la edad de retiro forzoso?

La verdad es que el Consejo de Estado acata la disposición legal según la cual nuestra edad de retiro forzoso es de 65 años. Por sentencia de la Corte Constitucional, la Corte consideró que tanto ella como el Consejo Superior de la Judicatura, por ser corporaciones creadas después de 1991, no estaban cobijadas por la edad de retiro forzoso. En el Consejo de Estado creemos que todas las cortes tienen el mismo rango y pensamos que todos estamos cobijados por la misma edad de retiro forzoso. Pero igual respetamos esa disposición.

¿Cuáles son los retos para este año?

Uno fundamental es tratar de que se vuelva a creer en la justicia. También tenemos el reto de la reforma a la justicia. El Consejo de Estado no va a ser un espectador sino un actor dentro de la reforma. Vamos a reunirnos con los magistrados de los tribunales administrativos para hacer un diagnóstico de la justicia contencioso-administrativa. Queremos llegar al escenario de la reforma con unas cifras actuales, porque no podemos actuar empíricamente o por suposiciones. También esperamos conformar una comisión para estudiar puntos neurálgicos que deban reformarse.

Por ejemplo...

La forma de elección de los magistrados de las altas cortes. Es necesario alejar a la justicia de la política y garantizar que los magistrados que lleguen sean personas probas, transparentes, que lleguen por una convocatoria en la que todo el mundo pueda participar y que se haga un estudio de sus hojas de vida, de sus calidades personales, de sus valores.

¿Eso no tocaría la cooptación, que es la forma que tiene el Consejo de Estado de elegir sus magistrados?

Tocaría la forma de elección de algunos magistrados, por ejemplo los de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que son elegidos por el Congreso. Y, de pronto, tocaría la elaboración de las listas que actualmente hace la Sala Administrativa de la Judicatura para la elección de magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Pienso que esa elaboración de listas no debería estar más en manos del Consejo Superior.

¿Y qué hacer con la congestión judicial?

Para descongestionar la justicia vamos a recurrir a un mecanismo que yo creo va a ser muy efectivo: el de la extensión de jurisprudencia, que se usa para que a aquellas personas que consideran que se les violaron sus derechos en circunstancias similares, se les falle en virtud de una sentencia de unificación que ya se haya expedido. Es decir, que no haya necesidad de que se produzcan 100 sentencias sobre el mismo caso sino que baste con que haya una de unificación.

¿Qué le recomendaría al Estado para que no haya tantas demandas?

Es fundamental que la administración cumpla con las peticiones de los ciudadanos, con los términos. Creo que si la administración cumpliera a cabalidad con sus funciones, eso evitaría que la gente tuviera que acudir a la justicia contencioso-administrativa.