Se entregó a las autoridades presidente de Miss Mundo Colombia

Edgar Botero es investigado por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal.

En la mañana de este lunes, Edgar Botero, presidente de Miss Mundo Colombia se presentó ante la secretaria de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, después de conocer que existía una orden de captura en su contra por una irregularidad administrativa.

La decisión fue tomada por un fiscal anticorrupción dentro de una investigación que empezó en 2005, en la cual la Fiscalía asegura haber encontrado múltiples irregularidades en el consorcio Botero Aguilar y Cia. Ltda. por una multimillonaria licitación, avaluada en unos $73 mil millones.

La Fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por domiciliaria, hecho por el cual en las próximas horas agentes del Inpec realizaron los procesos de registro y luego lo trasladaran a su residencia en la cual tendrá que esperar que se resuelva su situación jurídica.

Botero está siendo investigado por los delitos de peculado por apropiación y fraude procesal.

La investigación tiene que ver con una polémica conciliación con la que Invías resultó obligada a pagarle a la firma de Botero la cuantiosa firma de $59.000 millones, es decir, el doble del dinero que se tuvo que pagar en el escándalo de Dragacol.

El lío con el Invías data de hace unos 27 años, cuando el empresario Botero era contratista del Estado para obras de infraestructura. El pleito comenzó por demoras en la obras, desacuerdos en las entregas y demás por una vía de 22 kilómetros, cuya construcción en su momento costaba apenas 690 millones de pesos.

La Resolución del pago de la cuantiosa suma se firmó en 2010, cuando era ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, quien no estaba muy convencido de la rectitud del proceso judicial.

Los $59.000 millones que se pagaron entonces eran la segunda parte del pleito, pues las firmas involucradas ya había recibido un primer pago por $24.000 millones. De hecho el propio Gallego había recurrido a interponer una acción popular para frenar el pago, pero el entonces Contralor General de la República, Julio Cesar Turbay Quintero, le advirtió que lo investigaría fiscalmente si se negaba a pagar dichos recursos.

Inclusive por esos días lo abogados de Botero señalaban que no consideraban la cifra de la conciliación adecuada y amenazaban con una nueva demanda si llegaban a encontrar inconsistencias. 

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